La extraordinaria aceleración de sucesos que vienen teniendo lugar en los últimos 15 días nos obligan a manifestarnos en forma temprana contra el camino iniciado por el recientemente asumido Gobierno Nacional, debiendo romper con el respetuoso silencio hasta ahora mantenido.
En tan sólo un par de semanas el nuevo Gobierno ha dado muestras de un proceder absolutamente arbitrario y apartado de nuestra Constitución Nacional.
La intentona de colocar por un año a dos Jueces de la Corte Nacional por medio de un Decreto n° 83/2015 sorteando los procedimientos constitucionales esenciales, además de inédita, resulta ser una alarma gigante que no debe ser menospreciada por la sociedad. La medida implica un proceder completamente antirrepublicano que anula la necesaria intervención del Senado, símbolo de la representación de las minorías, el acuerdo democrático y de nuestro sistema federal, tantas veces enaltecidos por quienes hoy los agreden o aplauden alegremente esta agresión. Estas designaciones además resultan en la consolidación de una Corte adicta al nuevo Gobierno, pulverizando la independencia judicial y el control entre poderes. Los postulados son tratados como meros empleados del Poder Ejecutivo de turno echando mano a una cláusula constitucional en desuso y propia de épocas donde convocar a los senadores para sesionar implicaba difíciles y lentos sistemas de comunicación y transporte, condicionantes hoy inexistentes. Tampoco se verificó en este caso una situación de verdadera urgencia que motivara designaciones como las aquí cuestionadas.
En la misma línea se encuentra la modificación por simples Decretos de Necesidad y Urgencia de Leyes estructurales de nuestro sistema democrático. En primer lugar el 13/2015 implica un claro retroceso en materia educativa, desconociendo la legislación actual que, entre otras cosas aumenta significativamente el financiamiento. Su redacción “equivocada” (según reconoce el propio Ministro de Educación) vuelve hacia el sistema de normas que fueron marco para el desguace del sistema educativo en los años ´90. Pese a ser un “error”, su texto no ha sido corregido hasta la fecha, dando lugar a suspicacias y futuras medidas solapadas sobre las que la sociedad argentina debería estar atenta.
Con especial saña el nuevo Gobierno se ha dedicado a deconstruir el andamiaje democrático y antimonopólico dispuesto por la denominada popularmente “Ley de Medios” (n° 26.522). En primer lugar, nuevamente el Decreto 13, subordina el órgano de aplicación y control (Afsca) establecidos por la Ley al novedoso “Ministerio de Comunicaciones”, modificando profundamente la Ley. Luego, por Decreto 236/2015 ordena la Intervención del organismo, el desplazamiento de sus autoridades y la designación como interventor de un militante del nuevo Gobierno, sin seguir (ni explicar los impedimentos que puedan justificar no seguir) el procedimiento de remoción legalmente dispuesto. A eso se le suma que se ordena el allanamiento y clausura del local del Afsca en noche buena mientras el Ministro Aguad dice sin eufemismos que “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro Gobierno”, que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños” y que “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente. Es tan absurdo”, exponiendo los verdaderos motivos e inspiración de estas acciones, mientras, los programas y periodistas opositores al nuevo gobierno son silenciados y presionados, generando una cadena oficial y uniforme en modo permanente. Todo ello con la ayuda de jueces y fiscales amigos.
En simultáneo miembros del poder judicial dictaron medidas que van desactivando la Ley de Medios cuya eficacia real durante 6 años ha sido minada desde estrados judiciales afines con la comunicación oficial (https://www.mdzol.com/nota/647105-ley-de-medios-nuevo-fallo-frena-la-adecuacion-de-oficio-de-clarin/)
En igual sentido preocupan las amenazas de avanzar en descabezar a otro organismo extra poder como la Procuración de la Nación.
Todo lo descripto pareciera ser, como tantas otras veces en la historia argentina, nada más que movimientos que van preparando el camino hacia un espiral de ajuste profundo y de un significativo traslado de la riqueza que tiene como principal afectados a los sectores asalariados, o sea los/as trabajadores/as. Las primeras medidas económicas dan cuenta de una devaluación del 40% cuyo anuncio anticipado ya estaba haciendo estragos en los salarios, de una pronta y masiva quita de subsidios a los servicios públicos y de una rápida quita de las retenciones a los productos agrícolas (engordando unos pocos bolsillos y generando mayor presión en los precios generales). Desde AAMJuS creemos que esta reducción masiva del poder adquisitivo, pero sobre todo del valor de lo que se paga por el trabajo, es el objetivo central de todas las arbitrariedades señaladas. Para volvernos “competitivos” quienes manejan este nuevo Gobierno necesitan condicionar el futuro educativo de las clases populares, consolidar un discurso hegemónico en manos de un oligopolio mediático, anular cualquier posibilidad de generar una mayor democracia en la estructura judicial, asegurando un poder judicial conservador, favorable a la concentración económica y disciplinador de los movimientos sociales.
En este marco la acción represiva desplegada por fuerzas federales ante el reclamo de trabajadores de “Cresta Roja” parece ser un anticipo a lo que se viene. La propia Vice-presidenta así lo sugiere.
Entonces, desde AAMJuS llamamos a reflexionar a nuestro Presidente, a sus funcionarios y a los miembros del Poder Judicial a adecuarse a la Constitución Nacional y especialmente a resguardar, respetar y hacer respetar los derechos de nuestros trabajadores. Con el objeto de poner fin a esta tendencia autoritaria solicitamos la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para el oportuno tratamiento de las Leyes que las nuevas autoridades entiendan necesarias, el pleno funcionamiento de la Comisión bicameral peramente para ejercer un control adecuado de las normas legislativas que está dictando el Poder Ejecutivo y el resguardo de los mecanismos de nombramiento de los Jueces de la Corte Suprema Nacional para asegurar un control Judicial independiente y de calidad.
Lucas Gómez Portillo
Presidente de AAMJuS, Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social.