Conmoción, incredulidad, dolor, bronca, intriga y desazón son algunos sentimientos que genera la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el horror que significó el atentado a la AMIA que, después de 20 años, sigue sin culpables sentenciados y que hoy se cobró una nueva vida. Las dudas generan impotencia y las reacciones violentas comienzan a asomar en la voz de algunos agoreros en las redes sociales.
Sin embargo, para mejorar la institucionalidad del país, poco estaríamos haciendo si nos sumamos a esta tendencia. Debemos estar consternados porque es lo natural, pero es nuestro deber preservar la tranquilidad como ciudadanos. Esto es fundamental para que la muerte del fiscal sea un quiebre, un momento bisagra y único para reafirmar la institucionalidad democrática de nuestro país, y no lo contrario.
Estamos dolidos, pero todos los ciudadanos -pueblo, dirigentes políticos, legisladores e integrantes de la Justicia-, cada uno desde su lugar y su responsabilidad, debemos estar atentos para resolver a la brevedad esta muerte y continuar en el camino de reforzar la institucionalidad y la democracia. Ésta es la única forma de dar una respuesta lógica a muertes ilógicas.
Ciudadanos somos todos. Somos los que tenemos que retomar el pedido de Justicia, siempre dentro de parámetros fuertes y concretos pero racionales y equilibrados, porque esto es una prueba casi definitiva de la reafirmación de la institucionalidad democrática en un país que apenas lleva tres décadas ininterrumpidas de gobiernos elegidos por el voto popular.
La muerte de Nisman tiene que significar un antes y un después. Por encima del dolor y la incertidumbre que genera, esta desgracia que hoy nos afecta a todos debe traducirse en instituciones más fuertes y consolidadas, aún con el impacto que la noticia generó en todos los ámbitos de la república, cuyos cimientos volvieron a temblar a 21 años del impune atentado a la AMIA.