Policías fuera de control

El caso ocurrido en Guaymallén en el que toda una familia de policías se cruzó a tiros, deja en claro que no fallaron los controles, sino que no se hacen. Un policía mató a un niño de 8 años y a su abuela. Una tragedia que conmueve y preocupa.

Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ

Un policía llegó a la casa de su ex suegra y se cobró problemas personales con su vida y la de un sobrino de 8 años que andaba en bicicleta en la vereda. Para el Gobierno, “es un caso aislado”.

“No comparto que haya muchos casos así”, dijo el ex ministro de Seguridad y actual director del instituto que forma a los policías, Carlos Aranda, en diálogo con MDZ Radio.

“Esto no es un quilombo”, trató de defenderse Aranda, quien –tras ser separado del Ministerio- ocupa gran parte de su tiempo en actividades de campaña, según puede verse en su cuenta de Twitter.

“Hay que ir mejorando la capacitación”, evaluó y despegó el accionar criminal del policía que mató a dos personas de su “trabajo y formación profesional”. “Algo personal lo sacó”, dijo, como si los policías no debieran cumplir con las restricciones judiciales o ser evaluados psicológicamente.

La provincia de Mendoza está mostrando que sus policías son parte de bandas delictivas, conducen ebrios, coimean, otorgan licencias “truchas” de conducir y ahora, matan, ejercen la violencia con el arma que el Estado les asignó para ser protegida.

Algo falla. Los controles de la Inspección de Seguridad llegan después de que se producen los hechos, salvo las inspecciones rutinarias o espontáneas, como las que se han realizado y demostrado las pésimas condiciones en que se trabaja en algunas dependencias policiales.

Las autoridades del Gobierno han ido relajando las exigencias para ser policías e, inclusive, este año no han fondos para pagar la formación básica y elemental que debe tener un civil al que el Estado lo provee de un uniforme policial y de un arma de fuego con capacidad de herir y matar.

El espíritu de cuerpo lo mancha todo, enturbia el análisis pero lo más grave es que permite que el diagnóstico que hacen los funcionarios resulte sesgado. La conducción civil de la fuerza policial fue pensada para que los responsables gobernaran la seguridad, no para que se subordinaran a sus excusas y prácticas mañosas; para construir una seguridad democrática bajo índices de eficiencia.

Pero se apeló, en los últimos años, al “mal menor del gobernante”: dejarlos autoconducirse, mimetizarse desde el poder político y hacer de la conducción y planificación en materia de seguridad un una práctica de un “club de amigos” incapaz de autocriticarse y superar las situaciones críticas con acciones concretas y permanentes.

El responsable de la formación policial, Carlos Aranda, negó todas las críticas y consideró, en cierta medida, que “son cosas que pasan”, como si no tuviera remedio. “No se reciben después de disparar cuatro tiros”, “no sé si el policía usó el arma oficial”, “no creo que sea una actitud que involucre a toda la policía”. Pero los hechos están a la vista: un niño y su abuela, muertos y un tiroteo en plena tarde entre miembros de la Policía.