El proyecto nacional y el poder popular en Latinoamérica

El sociólogo Diego Tagarrelli reflexiona acerca de la propuesta argentina en el marco de los movimientos de liberación nacional y también de liberación social.

Los procesos de cambio en Latinoamérica en el siglo XXI (revolucionarios, nacionales, populares o como se les quiera denominar) nos han enseñado algo: sus triunfos, sus conquistas históricas, sus permanencias, dependen de su propia trascendencia, de su capacidad por trascender y trascenderse así mismo. Que existan gobiernos de mayorías populares y nuevos modelos de participación en América Latina traduce algo más que un cambio de modelo político, económico. Significa además la presencia de condiciones propias o internas de rectificación, reimpulso y profundización de los escenarios políticos. Significa la permanente gimnasia política para brindar las herramientas internas de cambio. Esa es la esencia de los movimientos nacionales en América Latina. Las luchas y contradicciones frente a los grupos de poder (nacional e internacional), pero también el desarrollo de luchas y contradicciones internas dentro de los proyectos nacionales. El éxito de la construcción de un nuevo modelo nacional independiente, regionalista, además del éxito sobre los sectores sociales, políticos y económicos históricos de poder, requiere de un proceso interno de autocorrección: el éxito por canalizar las unidades nacionales hacia mayores cauces de participación y profundización.

En toda la región ha despertado, dentro de los movimientos nacionales, un nuevo espacio de construcción político alternativo. Están los partidos, la institucionalidad política dentro de los aparatos del Estado, pero también están los movimientos sociales y organizaciones populares que vienen conformando un nuevo tejido para el ejercicio de poder. Me refiero, obviamente, a organizaciones y movimientos sociales que plantean nuevas alternativas dentro de los proyectos nacionales, y no, como pretenden algunos sectores o grupos políticos, la creación de esferas solitarias desvinculadas y radicalmente opositoras a los gobiernos latinoamericanos progresistas (esta rara mezcla de zapatismo y oligarquía en una misma dimensión). Más bien sugiero a lo que en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua se denomina Poder Popular -y que en la Argentina, a mi criterio, viene emergiendo durante los últimos años-. Los líderes políticos han comprendido este fenómeno y existe un esfuerzo por otorgarle relevancia política y económica, poder.

Pero a su vez este poder popular significa, por sobre todas las cosas, una práctica política desde espacios territoriales concretos que desarticulen las estructuras de poder adheridas en las formas jerárquicas, verticalistas y burocráticas del Estado. Aquí es donde las contradicciones internas adquieren dinamismo. Sólo en la medida que existan nuevas formas de generación de poder popular, que permita suprimir las formas de concentración de poder a través de la transferencia del mismo, sólo así estas prácticas conquistarán alcances efectivos. Transferir lo que les pertenece, aquello que les ha sido expropiado, el poder. El Partido Político (y con él, el aparato) no puede ser el centro exclusivo alrededor del cual se articulen todos los procesos sociopolíticos. No es el instrumento a través del cual pueda contribuirse a la creación de una sociedad participacionsita, puesto que el mismo tiende necesariamente a concentrar poder, no ha transferirlo. Su función es extender su papel como intérprete de determinados sectores, sin transferirles poder. Esto no quiere decir que el Partido deba dejar de existir como tal. La conformación de un Partido Político nacional es una tarea indispensable de los proyectos nacionales. Es una herramienta del movimiento. Pero no el único.

Ahora bien, que las alternativas de poder popular adquieren trascendencia es sólo una parte del asunto. Por un lado, si separamos el poder popular del poder del Estado o del poder político partidista, no sólo dejamos de lado las luchas al interior de los aparatos del Estado, sino que además estamos negando el poder como una relación social de fuerzas. Suponer que el poder popular es ajeno al poder del Estado y a sus aparatos ideológicos o políticos, conduce a una posición separatista y solitaria que no tiene sustento material. Pero además, esas contradicciones y obstáculos de construcción dentro de los procesos nacionales no sólo se dan exclusivamente en el Partido o el Estado, o entre el Estado, las instituciones y el poder popular emergente, sino también dentro de las mismas organizaciones del poder popular. Quizás, uno de sus errores o desviaciones más frecuentes sea la capitulación por parte de intereses individuales, reproduciendo prácticas de poder opuestas a las necesidades colectivas (esta especie de mezcla entre organización popular y cargo político particular). Por eso, una de las herramientas más adecuadas para que estos actores y espacios no sean desnaturalizados por el juego político arbitrario, es la transferencia. No sólo de recursos, programas o asistencia, sino de herramientas jurídicas para su legitimidad como espacio de poder. (Esta experiencia se dio en Venezuela y Bolivia, donde el poder popular tiene jerarquía jurídica y política en las Constituciones y en la incidencia directa sobre las políticas públicas. Tienen jerarquía institucional, constitucional, pero sin dejar de ser espacios alternativos de poder).

Por otro lado, vemos que se viene desarrollando un modelo muy interesante de participación de militantes, organizaciones, movimientos sociales, etc., en diversas instancias y contextos territoriales. Esta nueva reaparición y protagonismo ha profundizado las contradicciones internas dentro de los proyectos nacionales. La unidad, en este sentido, es fundamental. Sin embargo, sería un error paralizar dichas contradicciones. Que esas contradicciones retarden o aligeren los cambios y determinen sus estructuras de alianzas, no significa omitir la necesidad de profundización, supeditándose a una política de “eterno acuerdo”. Por el contrario, son las contradicciones internas las que otorgan al movimiento trascendencia.

En toda América Latina estamos atravesando este escenario: por un lado, una estructura de alianzas estratégicas. Alianzas políticas nacionales frente a sectores de poder externo y a fracciones dominantes de poder local. Unidad que traduce estrategias de alianzas económicas, políticas y sociales indispensables para sostener la lucha contra el bloque de poder hegemónico mundial y local. Son alianzas nacionales que, sin embargo, incluyen a actores políticos-económicos ajenos a un proyecto de transformación estructural, profundo y, por lo mismo, mantienen una tendencia a traicionar los movimientos de liberación popular y disolver las unidades de los frentes nacionales. Por otro lado, la existencia de alianzas estructurales: alianzas entre las fuerzas populares que se trazan objetivos de transformación de mayor alcance, pero donde conviven elementos conservadores, propio del aparato político institucional. Elementos ocultos, disfrazados pero visibles y expuestos en situaciones concretas. Sectores oportunistas, agazapados dentro de los proyectos nacionales. Puesto que no pueden actuar de manera abierta (como lo hacen otros actores decididamente reaccionarios), sus estrategias políticas, su accionar político es ecuánime. Esperan las crisis, ficticias o reales, para desde allí desplegar sus estrategias desestabilizadoras. Construyen puentes entre diversos sectores políticos y económicos, cediendo así lugar a la convivencia eterna.

Entonces, ¿cómo canalizar políticamente estas alianzas estructurales? A través de un mayor fortalecimiento del poder popular. Otorgándole legitimidad jurídica, transfiriendo recursos y medios de producción político para su desarrollo. La construcción del poder popular debe ser la base de la nueva política. De esta manera es posible asegurar una victoria, por así decirlo, hegemónica. Sólo sobre la base de una sociedad empoderada económica y políticamente, los sectores hostiles a un proyecto nacional (externos e internos) son derrotados para ocupar lugares como actores subordinados al proyecto dirigente. Es imprescindible en el nuevo contexto latinoamericano, el paso o transición de las alianzas estratégicas a las alianzas estructurales. En estas alianzas, los sectores sociales incluidos no sólo están representados por su situación objetiva desigual frente a las condiciones de dependencia semicolonial, sino además por su posición objetiva y subjetiva frente al modelo de explotación capitalista. Es allí donde los proyectos nacionales se transforman en movimientos de liberación nacional y, al mismo tiempo, de liberación social.


Diego Tagarelli.