Las estadísticas son una herramienta fundamental para el diseño de una política criminal, pero las autoridades suelen utilizarlas para influir en la opinión pública y obtener réditos políticos o al menos minimizar su impacto en la sociedad. El desafío de hacer un uso correcto para lograr mejores análisis.
Generalmente las crónicas periodísticas son popularmente aceptadas como manifestaciones de la realidad. La “noticia” que se encuentra pegada a los datos policiales reproduce sin filtro la retórica policial. El relato contiene prejuicios sobre victima y victimario e implícitos conceptos de venganza, culpabilidad y castigo. En cierto sentido, transforma el desorden en orden. La secuencia se inicia con el “ajuste de cuentas”, continúa exhibiendo territorios y personas fuera de la ley del Estado. Así, en clave cinematográfica, la realidad exhibe dos caras. La primera, la legitimación de la idea de la venganza cuando se trata de venganza entre delincuentes. La segunda, mucho más sutil que la primera: se instala la idea de que la intervención de las agencias del Estado en la represión del delito se encuentran eximidas de intervenir y castigar.
De esta manera queda siempre fuera de análisis inmediato y futuro las relaciones directas de la violencia con el Estado, la economía y la estructura social. La simplificación informativa termina atentando contra el corazón del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Todo se reduce a colocar el eje en una eventual “guerra de bandas”. No hace falta aclararlo demasiado pero es bastante conocido que, en el lunfardo, el ajuste de cuentas no es otra cosa que la “la justicia o venganza practicada entre delincuentes”. Esta forma de hablar que se introduce desde la comunicación oficial/policial del Estado termina acostumbrando, naturalizando la violencia, legitimando represalias, armando a los individuos. Pero instala en el sentido común la simulación/aceptación de que todo se trata de una “pelea entre iguales fuera de la ley” y oculta que la venganza es un dispositivo que históricamente ha socializado a través de la violencia.
Decía Jean Paul Sartre que las palabras no son objetos sino designaciones de objetos. Poco importa si agradan o desagradan, importa sólo si denominan a las cosas con precisión. Claramente hablar públicamente en una sociedad democrática con tanta naturalidad discursiva corroe el modelo de monopolio de la violencia legítima. Si bien es cierto que la cultura de masas dificulta el acceso a la profundidad del lenguaje, no menos cierto es que transmite prejuicios sin delatarlos. Por eso, como decía Walter Benjamin, cada día que pasa se hace más necesario “…forjar a martillazos el lenguaje a contrapelo de la costra que ciega a la palabra desgastada por el uso, la máscara que ahoga a la palabra convencional, la rigidez que asfixia a la palabra burocrática…”. Por eso, no podemos ni debemos permitir que desde el mismo Estado se instale como idea cualquier simplificación y/o clasificación para rotular lo que no es ni más ni menos que un homicidio, como cualquier otra cosa, ya sea como “ajuste de cuentas” o “conflictos interpersonales”. Lamentablemente, las comunicaciones oficiales justifican a través de los medios la idea de la venganza privada y/o del ajuste de cuentas sea naturalizada en el sentido común. Poco importa si detrás de esos crímenes que probablemente jamás sean castigados lleguen otros y/o se escondan “negocios ilegales” ajustados y tolerados por el Estado.