La historia de México es una llena de tradiciones y realidades vinculadas a la muerte y la violencia. Sin embargo, este último capítulo se convierte en uno de los más significativos no solo para el país sino para el mundo entero. El gobierno del presidente Peña Nieto estimo en más de 23 mil las personas desaparecidas a inicio de su gobierno. Las fosas clandestinas aparecen cotidianamente y con la misma parsimonia los funcionarios de gobierno declaran que no se pueden reconocer los cuerpos y caso cerrado.
La violencia institucional y los altos niveles de impunidad tampoco son algo novedoso en México, pero lo que presenciamos en los últimos años tiene componentes de horror. Miles de instituciones policiales locales sin control ni capacidad real de accionar efectivo. Muchas de ellas se han convertido en guardaespaldas del narcotráfico, en sicarios con pago gubernamental en una estrategia de sobrevivencia de caciques locales que están secuestrados literalmente por el poder del narcotráfico o directamente son parte del mismo. Policías que no están pensando en prevenir o controlar el delito común, sino más bien están abocados a resolver (a cualquier costo) los pedidos políticos del día. Esto parece haber pasado en Iguala (vaya lo paradójico del nombre) donde hace 43 días la policía detuvo en plena luz del día y delante de muchos testigos a 43 jóvenes estudiantes. En su búsqueda, el gobierno se ha encontrado literalmente con otras fosas, con otros cuerpos, con otros desaparecidos, ya huellas del horror que se vive en algunas zonas de un país rico y maravilloso.
Una vez más los atropellos del Estado, la violencia institucional y la falta de legitimidad no se enfrentan por políticas públicas bien planificadas sino por padres que en su desesperación levantan la voz y esa voz encuentra eco en miles, millones que se encuentran enmudecidos por el dolor. Padres y madres en Iguala que decidieron no aceptar la retórica de la invisibilidad o de la posible culpabilidad e insistieron en dejar atrás su pueblo y convertirse en fenómeno mundial.
El presidente Peña Nieto no los ha encontrado. Han sido unos sicarios los que declararon dónde los llevaron, cómo los mataron, los quemaron y esperaron para que se desintegren. Ahora los expertos declaran que identificarlos será extremadamente difícil. Es posible que muchos tengamos dudas sobre la oportunidad de las declaraciones, de lo conveniente del proceso o del cierre efectivo de este macabro caso. Pero todo parece indicar que los 43 jóvenes están muertos, calcinados en un basurero local dominado por un grupo de sicarios vinculados al narcotráfico y en este caso contratados o solicitados por el alcalde.
Ahora el presidente viaja a China para la reunión de APEC, es de esperar que las preguntas sobre el caso sean controladas y se concentre en el desarrollo económico y los beneficios del mercado global. Pero ¿qué beneficio trae para los mexicanos de a pie? ¿Para los miles que tienen hijos desaparecidos, para los millones que enfrentan instituciones policiales y judiciales corruptas e ineficientes? Seguramente alguna declaración estarán construyendo para explicar por qué el presidente Peña Nieto no está en Iguala acompañando el dolor de su pueblo.
Vivos se los llevaron y de verdad que vivos los queremos. La experiencia mexicana demuestra lo que pasa cuando el Estado no responde con profesionalismo al narcotráfico, cuando la política no establece barreras infranqueables con el dinero sucio y cuando partes importantes del país son olvidadas y entregadas a su suerte. Lamentablemente un panorama conocido para muchos en diversos países de América Latina.
(*) Lucía Dammert. Socióloga, Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, y Chile. Los últimos cinco años se desempeñó como Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. En la actualidad es Académico del Centro de Estudios Sociales Enzo Faletto de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. En el plano de la gestión pública ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la Región, trabajando como asesora en el Ministerio del Interior de Argentina y Chile así como en la Secretaria de Seguridad Pública de México. Se desempeñó además como asesor experto en el Departamento de Seguridad Públlica de la Organización de los Estados Americanos y como Consultor Banco Interamericano del Desarrollo. Columna publicada por La República.