El Organismo Contra la Violencia Institucional (OCoVI) considera urgente que la ciudadanía conozca la verdad de los acontecimientos que empiezan a ser noticias cotidianas en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose). Particularmente los trascendidos acerca de supuestas fugas y motines protagonizados por los jóvenes allí alojados.
Durante décadas, salvo raras excepciones, la cárcel para jóvenes estuvo dirigida -en una suerte de gobierno en las sombras- por el mismo personal encargado del tratamiento y custodia de los jóvenes. Dicho de otro modo, el sistema funcionaba gracias a la buena voluntad de los trabajadores. Pero, ya se sabe, lo que anda a la buena de dios termina produciendo camarillas, liderazgos indeseados, corrupción, abuso de poder, acomodos, mafias, etc.
Desde hace un tiempo a esta parte, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los Organismos de Derechos Humanos comenzaron un camino teniendo como paradigma la responsabilidad del Estado hacia los jóvenes en conflicto con la ley y la obligación de respetar las leyes que rigen en la materia, que consideran a todo niño, niña o adolescente sujeto de derecho. Para ello se está invirtiendo dinero y tiempo en la formación del personal y en las instalaciones que se requieren.
Pero, fundamentalmente, se ha reiterado diariamente que LA TORTURA ES UN DELITO, y si es perpetrada por agentes del Estado, se trata de violación a los Derechos Humanos.
Esto implica, quizás, la pérdida de impunidades a la que muchos, no todos, se habían acostumbrado. Y es esto lo que genera hoy estos verdaderos MOTINES DE LOS OPERADORES. Fugas favorecidas desde adentro, provocaciones permanentes para generar violencia, victimización de los operadores ante la prensa, falsas noticias acerca de motines que no son tales son los métodos usados para presionar ante las autoridades para obtener manos libres e impunidad.
Los ciudadanos no podemos permitir que un grupo de malos empleados, violentos y torturadores, impongan la política -que no es otra que la que llaman de mano dura- para con los jóvenes que tienen conflictos con la ley. Apoyamos los cambios que se están implementando desde la Dirección del ex Cose y exigimos que sean separados, y eventualmente llevados ante la justicia, aquellos operadores que están acusados de torturas, tratos crueles o degradantes.
No podemos esperar a que muera un pibe para actuar.