El paquete de seis leyes de "democratización" de la Justicia que esta semana tendrán sanción completa y promulgación reflejan buena parte de los vicios del kirchnerismo: se trata de leyes “a medida” pensando en las peleas particulares del poder, cuando no en las conveniencias o en la protección de funcionarios que deben ser investigados por corrupción. El kirchnerismo va a marcha forzada, de espaldas a la sociedad y en el mayor pico de su cuestionamiento, hacia la suma del poder público. La justicia será derrocada y sometida. Pero los embates inconstitucionales y “de prepo” del gobierno no nos deben tapar el bosque. No es bueno el servicio de Justicia del país.
Hay jueces comprados. Los hay corruptos, funcionales a poderes políticos y empresarios. Los hay incapaces, los hay por favoritismo. Pocas veces llega a juez el que queda primero en los exámenes. Esos casos son los menos. Hay jueces probos y honestos también. Pero han quedado en minoría.
Vivimos una justicia ineficiente que no es justa. Que lleva a juicio porcentajes ínfimos de causas penales y civiles y que tarda lustros, o decenas de años en ocasiones, en brindar justicia, es decir, garantizar a cada uno el derecho que le corresponde y a cada uno el castigo que justo por violar la ley. La marcha del jueves pasado fue para proteger a la Justicia como último refugio constitucional y legal de los argentinos. Aquellas consignas “Con la Justicia No” o por “Una justicia independiente” reemplazaron a las de la inseguridad y la inflación al tope del reclamo. Pero no hubo ni un solo cartel que dijese “dejen todo como está”.
Como medio, hemos sufrido en carne propia la acción de jueces que piensan más en las indicaciones del poder y las obedecen de forma irrestricta, que en dar justicia. En la Argentina de hoy cualquier juez puede perseguir a un ciudadano, a una empresa, o a una organización, si cualquiera de aquellos tiene los enemigos suficientes, o si posee algo que otro quiere.
La base del discurso político del gobierno respecto de la Justicia no es incorrecta. Hay que hacer cambios. Pero no para favorecerse a ellos mismos o concentrar el poder, o para garantizar impunidad; sino para fortalecerla, dar verdadera justicia a los ciudadanos y madurar las herramientas de la democracia. El gobierno dice que quiere una Justicia mejor pero sólo pretende jueces adictos, tal como está haciendo en el Ministerio Público, donde fiscales “ad hoc” nombrados por la doctora Alejandra Gils Carbó no pasan por ningún tipo de examen, sólo el político: muchos de ellos adscriben a La Cámpora. Prueba de todo esto es que la semana pasada dos jueces pelearon durante cuatro días para no investigar a Lázaro Báez en la causa de lavado, y que la Procuración consiguió borrar al empresario kirchnerista de la carátula de la causa a pesar de que inicialmente un fiscal lo había pedido. Tendremos muchos de esos casos.
El plan de “democratizar” la Justicia que el gobierno impulsa intenta blanquear lo que ya sucede. El fuero federal, el contencioso administrativo, muchos penales federales en todo el país, cámaras enteras, responden a los mandatos de la Casa Rosada, o de sus amigos e intereses. Lo mismo pasa con fiscales y muchos otros organismos de control. Los casos de lavado de dinero que sacuden la pantalla hoy van a mostrar en cualquier momento groseras omisiones de fiscales, jueces, AFIP, la UIF, por nombrar algunos.
Es cierto que la Justicia debe ser democratizada. Pero no así, como quiere el gobierno. No de forma inconstitucional. No en el “Vamos por todo”.
Los proyectos del gobierno esconden trampas. Los jueces y fiscales que deban juzgar casos de corrupción, o cualquier otro, deberán indagar en el futuro sobre el signo político de acusados y acusadores, y pensar en la composición política que tendrá el nuevo Consejo de la Magistratura, donde jueces y abogados que ocupen esos sillones deberán haberlo pactado con la política y participado de elecciones “populares”. Serán estos pasos imprescindibles para manteneer el trabajo. ¿Quién puede creer que una justicia partidaria sería de otra manera?
Los tribunales de casación que se incorporan agregando una instancia más no tendrán jueces elegidos por concurso. La primera tanda irá "a dedo" con jueces subrogantes. ¿Tendrá que ver este apuro con el Caso Clarín? La letra de la ley con media sanción no lo aclara, por supuesto. Pero legisladores de manos enyesadas la van a votar igual esta semana.
Los límites a los amparos generan desigualdad ante la ley. Las modificaciones fueron mínimas y sólo para los aliados que reclamaron. Horacio Vertbisky y Carta Abierta son los privilegiados que pueden discutir con el gobierno estas leyes. Pero ni al periodista del oficialista Página 12 ni a los filósofos los eligieron en comicios libres. Sí a diputados y senadores de la Nación que predican en el desierto.
Aun así, hay que cambiar a esta justicia.
¿Qué tiene de malo que los jueces den fe, cada tanto, de su situación patrimonial?
¿Qué tiene de oscuro que jueces y fiscales rindan aptitudes psicofísicas como cualquier ciudadano que trabaja?
¿Qué tiene de malo que se exija máxima capacidad profesional a todos los que trabajan en la Justicia, y que todo se elija por concurso?
¿Qué tiene de malo que los jueces paguen los mismos impuestos que nosotros?
Nada. Pero hablamos de un poder del Estado. Cualquier modificación que se haga debe hacerse en el marco del más amplio consenso nacional, con todas las fuerzas políticas. Modificar la Justicia es tan importante como reformar la Constitución. No puede ni debe ser arbitrio de una mayoría circunstancial que además está cuestionada por muchos ciudadanos, si nos atenemos a las multitudinarias marchas del jueves y a las encuestas de opinión.
Son buenos los cambios si se logra una justicia más “justa”. Jueces capaces, juzgados rápidos y eficientes, fiscales certeros. Es decir, brindar justicia de verdad, y no una farsa donde los corruptos y los asesinos andan en libertad, o entran por una puerta y salen por la otra, amarga queja de casi todas las asociaciones de víctimas del delito.
Hoy sólo la Corte Suprema goza aun de cierto prestigio. Por lo demás, la mitad de los fallos causan vergüenza o indignación. Tiene razón la presidenta cuando habla del Caso Trimarco y la impunidad. Pero también son impunes los funcionarios de su gobierno que anidan la corrupción. La presidenta no confiesa las verdaderas motivaciones de esta reforma, porque son inconfesables.
No debe hacerse una defensa corporativa del actual estado de cosas en la Justicia. Hay que reformar el Poder Judicial y la forma de administrar justicia, porque hay muchos jueces realmente ignorantes. Pero hay que hacerlo en el marco de lo que establece nuestra Constitución.
La labor de los magistrados es dificultada además por una carrera judicial plagada de amiguismo, sin concursos, donde no son los más capaces los que llegan a los puestos clave entre los auxiliares de la Justicia. Defectos añejos en la educación y formación de quienes administran la ley no han colaborado en tener mejores jueces, fiscales, defensores, secretarios, y aun empleados de la Justicia. Las habituales tensiones salariales suelen colaborar en su entorpecimiento. En Mendoza hemos tenido los tribunales parados meses enteros. En ese tiempo no hubo justicia para casi nadie.
Los jueces deciden sobre la libertad, los bienes y los derechos de las personas. Y ya en el año 1800, 300 años atrás, Francisco Carrara decía que cuando la política ingresa por la puerta a los tribunales, la justicia huye despavorida por la ventana. Es lo que sucede hoy en la Argentina, sólo que no se trata de “la política” como algo genérico, sino del poder y de los muchos aliados que ha ido consiguiendo básicamente con dinero del Estado: medios, licitaciones, y negocios de todo tipo. Aquí, por caso, hay jueces que les reportan a poderes oscuros.
Nadie puede estar razonablemente en contra de tener una justicia mejor. Pero aquella justicia a la que aspiramos debe ser legítima, legal, constitucional, y producto del consenso. Hoy, vamos hacia el conflicto de poderes.
No hay verdadera justicia hoy, pero tampoco la habrá si crece el conflicto, y mucho menos si se impone esta reforma que impulsa el gobierno. La justicia será virtualmente reemplazada por mandatos partidarios y de negocios, comisariatos remedo de tribunal. No es el camino de una democracia madura, ni es la forma de construir el consenso.