Ley Petri: hablan los docentes de las cárceles de Mendoza

Los y las abajo firmantes nos dirigimos a uds. a fin de exponer nuestra opinión respecto al proyecto de ley sobre un nuevo régimen de ejecución penal para la provincia de Mendoza.

Los argumentos expresados a continuación guardan fundamento en nuestras experiencias como docentes en contextos de encierro pero también en nuestra formación profesional y en las expectativas que como ciudadanos y ciudadanas de Mendoza y de nuestro país, tenemos.

Entendemos que la ley vigente N° 24.660 a la que nuestra provincia adhirió a través de la ley N° 6.513 es una buena ley en tanto comparte y adhiere a ciertos principios a los que nuestra Nación se ha comprometido a través de la firma de los tratados internacionales de derechos humanos, como la progresividad de pena y la resocialización como finalidad de la pena.

Ambos principios comparten el mismo espíritu, entender que las cárceles deben ser espacios que, además de efectivizar la condena, permitan que las personas respeten la ley, reelaboren un proyecto de vida, adquieran capacidades y fortalezcan aspectos subjetivos que contribuyan a su progresivo regreso a la vida en libertad y su integración social.

La progresividad de la pena es un principio fundamental de la ejecución penal pues guarda en sí el objetivo social de una vuelta a la vida en libertad de manera paulatina y, además, requiere de la persona privada de libertad, esfuerzos y compromisos que se expresan en la evaluación de conducta del mismo. Es decir, un sujeto para alcanzar las salidas anticipadas a su cumplimiento de condena, debe estudiar, trabajar, demostrar que está invirtiendo en un nuevo proyecto de vida.

Por otra parte, debemos decir también, que no todas las personas privadas de libertad que quieren elaborar un nuevo proyecto de vida y salir en libertad, pueden hacerlo, pues los recursos en el interior de los penales de la provincia son escasos e insuficientes. A pesar de que el trabajo, la educación, la atención sanitaria y psicológica son derechos que las personas poseen y el Estado es responsable de garantizarlos, los recursos humanos, materiales y de infraestructura no alcanzan para dar cumplimiento a dicha obligación. Por tanto, muchos que quieren hacer estas actividades, no pueden hacerlo.

Entendemos también que la desadhesión a la mencionada ley y la media sanción de un proyecto que endurece el régimen penal responde a la presión de un determinado sector social y al oportunismo político que, lejos de reflexionar profundamente sobre el tema y pensar por toda la ciudadanía (tal la responsabilidad de los representantes del pueblo) de la que también son parte las personas privadas de libertad, parcializan el tema e instituyen el dolor y la venganza a través de una ley.

Una ley no previene el delito ni la violencia, mucho menos una ley que recrudezca las condiciones de detención empeorando las situaciones de hacinamiento, vulneración y violencia en las cárceles.

Como docentes en contextos de encierro somos testigos de aquello que la mayoría no conoce. La realidad cruda de las cárceles las hace lugares de indignidad, exclusión y violencia. Un día en ellas deja marcas imborrables en cualquier sujeto. Mientras más tiempo se pasa en ellas menos posibilidades de integración social quedan y más se reproducen las condiciones de criminalización y marginalidad.

La cárcel viene siendo desde hace siglos la única y la peor respuesta que como sociedad damos al conflicto social. Hasta tanto no encontremos una mejor forma de hacer que los que lesionaron a otras personas sean sancionados por ello, debemos apuntar a que las cárceles sean lo menos lesivas posibles de la dignidad de quienes las habitan.

Las personas que están dentro de las cárceles no han perdido la condición de personas y por ello poseen derechos inherentes a su dignidad humana. Estos derechos inalienables y universales son responsabilidad indelegable del Estado del que también uds. son parte. Las personas que se encuentran presas no pueden, por sí mismas, garantizarse el goce de ciertos derechos que las personas en libertad sí podemos. En consecuencia se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que el Estado debe atender de manera insoslayable. Razón por la que, entendemos, no puede el mismo Estado pero desde otro Poder, contribuir a deteriorar las condiciones de detención propiciando la vulneración de los derechos que él mismo debe garantizar.

Queremos recordar que el caso de las penitenciarías de Mendoza en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya versó sobre las situaciones que aquí se plantean y el Estado argentino fue conminado a garantizar la integridad personal, la vida y la seguridad de las personas privadas de libertad, así como a agilizar el cumplimiento del otorgamiento de beneficios para descomprimir las cárceles. Unos años después nos encontramos nuevamente caminando en el sentido inverso a esto.

Creemos que argumentar que con este proyecto de ley estaremos, como provincia, dando respuesta al reclamo de mayor seguridad, no tiene asidero con las verdaderas causas de la misma. Las personas privadas de libertad, como las cárceles mismas y el sistema penal son apenas algunas de las aristas a tener en cuenta para abordar el tema. Hablar de violencia implica hablar de exclusión social, de vulnerabilidad y vulneración de derechos, de niños y jóvenes abandonados a su suerte, de un gran mercado de armas y droga que llena los barrios de ambas. Implica también hablar de la selectividad del sistema policial y penal que encarcela sólo a un grupo de sujetos que decide criminalizar más no a otros, de casos de abuso de poder, de corrupción. Hablar de violencia significa también hablar de violencia de género, de trata de personas, de la violencia institucional y mediática.

Lamentablemente, desde el oportunismo y la reacción social y política, cuando se habla de inseguridad se restringe a la criminalización de la exclusión social y al recrudecimiento de las condiciones de detención. El discurso que entiende que hay un “nosotros” y un “otros” devenido en enemigo social que amenaza un estilo de vida, que debe ser separado de la sociedad y castigado del modo más duro posible. Discurso que invisibiliza de manera hipócrita todas las causas sociales, políticas, económicas e institucionales de la violencia.

Sin ánimo alguno de victimizar, justificar o exculpar a las personas privadas de libertad, pero apuntando a que comprendan que son personas, que tienen dignidad, que deben ser tratados respetando la misma, que el Estado es responsable también por ellos y sus condiciones de existencia y, sobre todo, instando a que reflexionen sobre el tema más allá de la coyuntura, el oportunismo y el electoralismo, es que solicitamos voten en contra del proyecto y reafirmen la responsabilidad del Estado respecto a la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas.

Si realmente quieren, como representantes del pueblo, legislar por una provincia menos violenta y más integrada socialmente, trabajen por mejorar las condiciones socio-políticas que generan exclusión, entre ellas, las cárceles. El endurecimiento de la ejecución penal sólo multiplicará la violencia dentro y fuera de las cárceles y el Estado, a través de sus votos, será responsable de ello.

Pedimos reflexionen, actúen desde la responsabilidad que como Estado les cabe, no se dejen llevar por el oportunismo político y voten en contra de la nueva ley de ejecución penal.

Quedando a disposición para debatir el tema y hacer aportes, nos despedimos atte.



Firman: docentes en contexto de encierro.