Este año 2012 ha sido particularmente violento en hechos de sangre y la violencia se ha llevado muchas vidas jóvenes.
Las páginas de los diarios y los informativos nos han dado a conocer muchos casos policiales.
En la mayoría de ellos, tanto las autoridades como la prensa han considerado que son “ajustes de cuentas”, es decir como si fueran problemas entre distintas personas que deciden matarse unos a otros y donde esta sociedad y la autoridad no tienen nada que ver.
En otros casos, las muertes trágicas de Matías, Ezequiel y Micaela, nunca fueron vinculados a un tema de inseguridad sino que el asunto se puso sobre la justicia como madre de todos los males, Nuevamente el Ministerio de Seguridad quedó al margen de discusión, salvo por la reacción de los familiares y vecinos en Maipú cuando ARANDA no pudo hablar con ellos.
Ahora con el asesinato de Franco Díaz, ya la acción apunta directamente de la Policía de Mendoza y su integrantes.
La respuesta del Gobierno no difiere de las que ya se han dado en anteriores ocasiones; “no se puede juzgar a la institución por un solo caso”, es “un caso aislado”, “todo el peso de la ley”, la excusa es la misma sólo lamentablemente cambian de nombre las víctimas.
A mi criterio no me importa si las personas asesinadas en Mendoza lo fueron por la policía o producto de la violencia urbana. Lo palmario es que la autoridad política, es decir el Gobierno no asume ninguna responsabilidad. No tiene según esta particular manera de ver las cosas, ninguna culpa por su falta de previsión en materia de asaltos, de procedimientos y capacitación policial, ni nada que decir respecto de la lamentable trayectoria de la Policia de Mendoza, que sin ese historial no sería posible entender todos los hechos que se han mencionado.
Tanto Pérez, como Ciurca y Aranda, son herencias de uno de los peores y mediocres gobiernos que conoció la democracia con Celso Jaque, una persona que le mintió a la sociedad de Mendoza en materia de seguridad esencialmente.
Ahora bien no se trata aquí de hacer extensiva esa mediocridad a quienes hoy nos gobiernan quienes tienen toda la legitimidad popular. Lo que sí deben saber es que el crédito popular es corto y que Mendoza debe ser capaz de articular y consensuar un Plan de Acción en materia de seguridad, cuya construcción e implementación es compleja y necesita de recursos.
Como es sabido ni la prisión perpetua para los asesinos de estos jóvenes tanto porque sus autores son civiles o policías solucionan el problema de fondo. Es posible que el juicio contra todos y cada uno de ellos lleve algo de paz a sus familiares que han perdido lo más preciado pero que nada remplazará sus ausencias.
Pérez y Aranda podrán pensar o creer que estas noticias trágicas se pasan luego, que detenido el autor se terminó el problema y quedarán a la espera de mejores vientos.
Enorme error de ellos si minimizan el problema y no elaboran democráticamente algo esencial que Mendoza requiere hace muchos años y que le ha costado a esta provincia muchos muertos.
La seguridad para todos y todas las mendocinos no permite excluidos ni tampoco es un problema privado, en política no hay hechos aislados sólo sordos en caída libre.
Carlos Varela Álvarez
Abogado