Se creía que el mundo había aprendido unas cuantas cosas (pocas, pero sustanciales) de la otra gran crisis mayor del capitalismo, la Gran Depresión de los años treinta. Entre ellas, la bondad de incorporar a cada vez más gente a los sistemas de protección social que se denominan Estado de bienestar, y la necesidad de evitar las políticas proteccionistas de sálvese quien pueda como método por el que un país sale de sus dificultades y se las coloca al de al lado.
Pues bien, ambos avances están en cuestión. En vez de tratar de universalizar los pilares del welfare —que en el mejor de los casos disfruta alrededor de una sexta parte de la humanidad— ahora se trata de restringirlos, hacerlos selectivos entre los que disponen de ellos. No solo la educación, pensiones, sanidad, sino el mismo derecho del trabajo y la negociación colectiva. Con motivo de las últimas medidas de austeridad exigidas a Grecia se han eliminado multitud de convenios colectivos y se han sustituido por acuerdos individuales entre el trabajador individual y el empresario, como si no existiese desproporción entre el poder de negociación de los dos interlocutores.
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