En julio de 2010, cuando el oro cotizaba a 1.200 dólares la onza, el investigador del Cedes, Leonardo Stanley, cerraba un artículo pronosticando: Con los precios actuales, la tentación de romper los contratos irá in crescendo; la escalada recién comienza. Si los 1.200 dólares tentaban, el precio actual de 1.650 dólares provoca un impulso muy difícil de resistir.
Desde hace ya tiempo en el Gobierno se evalúan distintas alternativas para aumentar la captura de la super-renta minera que surge de la combinación de un marco legal muy concesivo adoptado por el menemismo, de precios internacionales que se dispararon, y de los muy bajos costos de la producción local. Hubo incluso un par de indicios públicos que reflejan lo que se debate puertas adentro del oficialismo. En su visita a Cerro Vanguardia en Santa Cruz hace un par de semanas, Cristina Kirchner dijo que “es necesario que las corporaciones entiendan que no es que haya cambios en las reglas de juego, sino que hay un mundo diferente que exige mayor responsabilidad por parte de las empresas frente a las sociedades, al desarrollo y al crecimiento armónico”. Días antes, al presentar la flamante Organización Federal de Estados Mineros, los gobernadores se pronunciaron por “avanzar en la mayor distribución de la riqueza minera”, aunque el conservador salteño Juan Manuel Urtubey se encargó de aclarar que “no tienen por objetivo modificar el régimen de regalías mineras”.
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