Cada individuo alojado en el interior de cualquier cárcel -como las de Mendoza- es como una especie de bomba de tiempo por su conflictividad. No estamos descubriendo el agujero del tacho, pero sumados, es de imaginarse el potencial de esa conflictividad, por lo que no es raro que cada tanto estallen situaciones de máxima confrontación, como son los motines. Algunos conflictos, incluso insólitos episodios como la fuga de presos peligrosos, y otros similares, ocurrido hace un par de semanas atrás, ponen al descubierto una trama cuasi mafiosa, lo que no es, tampoco, una novedad en estos ámbitos. Esto se nota aún en los sistemas carcelarios más avanzados, como se supone son los del primer mundo. Lo vemos en las películas y lo leemos en las novelas de mafiosos, espías y de las citys (bancos, bolsas, despachos institucionales).
Esa conflictividad y esa mafia, al parecer, son recurrentes a la misma esencia de la materia que trata, lo que surge de cualquier análisis a fondo que se haga de los conflictos, cualesquiera fueren su nivel, principalmente, de violencia. Es que alguna sociología académica afirma que el conflicto es permanente entre el ser y el mundo que lo rodea, por lo que esta visión se emparenta, si nos volvemos a la cárcel, a que los males de ese ser son incorregibles. Y el mundo también, y para muestra un botón: en Estados Unidos las cárceles son privatizadas. Y si son privatizadas es porque para algunos sectores -el mundo- es un excelente negocio, Por lo tanto -el negocio- es hacer de la delicuencia la materia prima de la industria carcelaria.
En la Argentina no es así el sistema. Es más rudimentario, pero igualmente es un buen negocio para la mafia -carceleros, justicia, política, funcionarios- con el tráfico de drogas, influencias, celulares, armas y otras yerbas. Y con un agregado que potencia aún más esa peligrosa materia: los presos de lesa humanidad, que en los últimos años, son encumbrados habitantes de las cárceles argentinas.
En una reunión que tuvieron los organismo de DDHH, el viernes 27 del mes pasado, en la mañana en Casa de Gobierno, inmediatamente después de asumir la abogada Romina Ronda como subsecetaria de Justicia, con el ministro de Gobierno, Félix González, se denunció concretamente lo que se percibió por una investigación de los organismos humanitarios como una cuestión peligrosa, incluso para la institucionalidad, Se referían a la presencia como interno del excoronel Guevara, que en el 2010, fue encontrado culpable en el marco del genocidio, llevado a cabo en San Rafael, por lo que fue penado a cadena perpetua y en cárcel común. Se comprobó la preponderancia de su identidad militar y rango en torno a sectores de los guardiacárceles, funcionarios civiles y presos, éstos los más jóvenes. Su manejo en lo administrativo, específicamente los legajos y otros elementos, como asimismo la pleitesía que le rendían aquellos guardiacárceles, como si fuera su superior en rango. No es difícil colegir, se añade, que esa primacía al interior de la cárcel se debe a que es usufructuario de un poder que permanece en el exterior e incide en el interior.
Algunos hechos críticos acaecidos últimamente en ciertos ámbitos en el que se desarrollan los juicios contra los genocidas, aseveran que no estamos ante la elaboración novelesca de un episodio que sólo sería tal, por lo que se pidió al ministro que ese tipo de recluso debería estar totalmente aislado, porque sigue siendo peligroso. Los integrantes del poder real -la economía y finanzas concentradas y sus brazos armados- en plena decadencia son más belicosos. Vale la pena mirar bajo el agua.