Hemos asistido una vez más, a la improvisación de las autoridades que tienen la responsabilidad de administrar el agua, el más vital de los recursos en Mendoza.
El Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, sin la firma de dos de sus integrantes y forzando un quórum, a través de una interpretación que golpea directamente el mandato de la Ley 863, dio a luz una resolución que “reglamenta” el régimen especial de las aguas subterráneas de la Provincia, enturbiando y contaminando todo el sistema de concesión de los pozos para extracción de este líquido fundamental para la vida.
Se establece en el inc “b” del art. 3 de esta reglamentación, como condición indispensable para acceder al permiso de perforación y concesión de uso especial de agua subterránea, el “ofrecimiento de un aporte pecuniario” destinado a la creación de un fondo para obras hídricas.
No hace falta aclarar los resultados de esta impopular medida, que traerá como inmediato resultado el injusto escenario que todavía puede apreciarse en la zona de restricción de Agrelo, donde desde hace mas de cuatro décadas existía una restricción por la insuficiencia del acuífero subterráneo y ahora se pueden ver una decena de privilegiados “concesionarios” con multimillonarios proyectos, en desmedro del agricultor de a pie, que no pudo conseguir un pozo; ahora eso sí, luego de esta resolución, todo esto con un presunto viso de legalidad.
Para traducción a lenguaje común, luego de esta nueva idea de las autoridades de Irrigación, el que mas dinero tenga y aporte, será el que goce de los beneficios del vital recurso hídrico subterráneo. Todo esto con la falta de un balance hídrico, lo que nos impide saber qué agua hay bajo nuestras cuencas.
¿Cuantas acciones de estas vamos a presenciar azorados los mendocinos, de quienes esperamos, no otra cosa, que cuidar y proteger el agua? No se aclaró nada de la oscuridad de la gestión anterior, se trató de expropiar tierras con su agua, se dilapidaron los derechos de regar 75651 hectáreas con el Río Atuel al rubricar un convenio con La Pampa, se omitió reclamar a la Nación obras hídricas que se le deben a Mendoza…
El sistema de concesión de aguas subterráneas debe continuar a través de lo que la ley 4035 ordena y dársele una reglamentación con la necesaria intervención de las inspecciones de cauce, con dictamen vinculante previo al otorgamiento.
Sólo resta saber, hasta dónde serán capaces de producir una deformación en el sistema legal hídrico de Mendoza, y hasta dónde los mendocinos seremos capaces de seguir soportándolo.