Se dice que los conservadores reordenaron la ciudad de Mendoza segregando a las clases peligrosas en nombre de la higiene social, que hicieron caminos para sus bodegas y que compraron baratas tierras desiertas, sus gobiernos les llevó agua y las vendieron caras. Se dice que con los primeros radicales llegaron al gobierno otras clases sociales que potenciaron servicios, los socialista impulsaron tanto salud como educación y los primeros peronistas construyeron infraestructura para garantizar derechos. Más o menos preciso, siempre la obra pública es parte de un proyecto político y social.
La ciudad, el Gran Mendoza, tiene las cicatrices de los distintos proyectos y distintos momentos históricos, de las alianzas sociales y económicas que moldearon el desarrollo urbano. Pero lo social siempre está presente. Sino, para qué hacer obras si no es para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, la pregunta de cada momento ha sido: ¿a quién le vamos a mejorar la vida con las obras urbanas? ¿Para quién hacemos la ciudad?
Y el desafío de nuestro momento es: ¿cómo hacer para que todos seamos parte y nos sintamos parte de la ciudad a través de su diseño urbano? Porque, está claro, los fondos públicos nunca son suficientes para todo lo que se necesitan. Generalmente los beneficiados han sido pocos. Pero necesitamos un Gran Mendoza de todos. Entonces, el involucramiento y la participación social es el fundamento de un urbanismo que integre y garantice el acceso a los espacios a todas las personas habitan la ciudad.
El intento de levantar la Ciclovía en Godoy Cruz que usamos diariamente miles de personas y colocar un tranvía por el medio (habiendo muchas otras opciones más aptas para un sistema de transporte integrador e igualador), es una decisión social (un espacio público es un espacio social) que denota viejas formas de gestionar la ciudad alejada de un urbanismo democrático.
La pistola o billetera
Sin embargo, Mendoza se ha insinuado bastante intolerante con las diferencias y desnudando poca capacidad para gestionar democráticamente esos conflictos (en realidad, todo tipo de conflictos). Hay una impronta autoritaria que ha marcado la forma en que la ciudad ha intentado crecer. Ejemplos de segregación en el espacio público fueron el parque General San Martín. Pero también el riesgo colectivo que implica vivir en tierras altas sin importar las crecidas y efectos que causen aguas abajo. El daño del abandonando culturas ancestrales como las construcciones de adobe. Y la transformación de zonas de cultivo en tierras ladrilleras, urbanizando tierras irrigadas y de cultivo por pura especulación inmobiliaria.
Se trata de conflictos previos agravados por imposiciones que han profundizado la violencia. Es conocido que tenemos más juicios por habitantes que la mayoría de las provincias, que la violencia entre conocidos demanda el mayor esfuerzo de los funcionarios policiales, que el hacinamiento en distintos barrios ha potenciado las peleas entre vecinos, que escasean los espacios públicos gratuitos para la diversión y para juntarse a charlar con otra gente. Muchos de estos conflictos violentos tienen origen en el tipo de ciudad que creamos.
El conservadurismo vigorizado por las dictaduras y las políticas neoliberales debilitaron la participación social. A fuerza de palos o de desprecio de la voluntad popular, impusieron obras concebidas principalmente para que hagan negocios los empresarios amigos. ¿Acaso no hubo un grupito de empresas favorecidas por cada uno de los últimos gobiernos? Y si la lógica es el lucro, mejor pisemos el freno de la participación social no vaya a ser que arruine los números. En el imperio de los técnicos la democracia es un obstáculo económico.
Nuevos tiempos, viejas ideas
Dato curioso: si durante muchos años era importante la experiencia política parlamentaria para merecer un cargo ejecutivo, de un tiempo a esta parte predominan los constructores. Sucedió en paralelo con las crisis económicas que mandaron a terapia a los partidos políticos y con ellos a las instituciones democráticas que deben albergar el debate sobre el tipo de sociedad que necesitamos y, por ejemplo, que obras son necesarias. Se impuso la prepotencia de los hechos: hace, no importa cómo, pero hace. Y en la tradición cultural mendocina y su relato sobre el oasis construido con esfuerzo, el poner ladrillos o rieles pega fuerte.
Víctor Fayad ganó fama en los ’90 remodelando plazas; el ex gobernador Arturo Lafalla se alejó del cargo convencido de que la historia lo recordará por el dique Potrerillos; Julio Cobos apostó a la doble vía y luego Jaque con Pérez al Metrotranvía y al Monumento del Bicentenario. Quedaron en veremos muchos proyectos. Pero está claro que hacer es visto como un pasaje a la trascendencia.
La cuestión es: ¿Quién lo hizo? ¿A quién le mejoró la vida?
Uno de los cambios más interesantes que ha vivido el país en los últimos años ha sido la resurrección del debate político gracias a un permanente recurso dialéctico y la interpelación a los ciudadanos para que tomen partido. La actividad política ha vuelto a vivirse como algo necesario para cambiar las cosas y el hacer ya no puede prescindir del cómo y del para qué. Y con actividad política se fortalece la democracia. Quienes participan en las discusiones se sienten parte del resultado, entonces ya no es tan fácil luego pasar por la clientela en época de elecciones a cobrar los favores concedidos.
Mendoza necesita empezar a enjuagarse de las consecuencias de tantas acciones inconsultas que sirvieron más a intereses parciales que a la voluntad colectiva. El efímero hecho de votar cada dos años ya es aceptado como una delegación de responsabilidades que legitima cualquier actividad. Cada vez es más necesario establecer políticas de participación y consulta permanentes, para que todos nos sintamos parte de las decisiones, para que las hagamos propias, para facilitar la cohesión y gestionar los conflictos.
Se habla de los mecanismos de participación ciudadana, pero la implementación es escasa o nula. Se cita con conocimiento rampante ejemplos de ciudades a imitar, pero lo que no se quiere imitar son los mecanismos delegativos de las decisiones a partir de la participación efectiva en el diseño y cogestión de obras. El presupuesto participativo es mencionado por todas las gestiones con cierta corrección política, pero el condimento de la participación efectiva y vinculante escasea. Las audiencias públicas son fáciles de silenciar por falta de difusión o aparatear (léase llenar de acólitos exaltados un espacio deliberativo para imponer fácticamente los intereses). Las evaluaciones de impacto son como los detectives privados: siempre hay uno dispuesto a decirle al marido celoso que es cornudo.
Pero lo que hay que aprender y entender de otras lecciones es que no se trata sólo de cumplir con la ley (lo que ya es un gran avance) sino que las obras que encara el Estado con fondos públicos deben contribuir a beneficiar el interés público. ¿Cómo saberlo? Respuesta: consultando e involucrando a la gente en las decisiones. Sólo así nos sentiremos parte de las decisiones, las obras como propias para que las cuidemos mejor y seguros de que no hay negociados detrás. El objetivo debe ser una sociedad más integrada e involucrada, para que Mendoza sea más igualitaria y con oportunidades para todos y todas.
Poner un ladrillo o una vía debe ser un proyecto social. Las declaraciones públicas de funcionarios que reportan al área gubernamental encargado de las obras públicas respecto a eliminar la Ciclovía de Godoy Cruz, un espacio que los vecinos nos apropiamos aún con más entusiasmo de lo que el municipio puede haber calculado, hace pensar que estas lecciones están aún lejos de ser aprendidas.
(*) Martín Appiolaza, Centro de Estudios de Seguridad Urbana y Prevención
Claudia Timoner, arquitecta, urbanista y ambientalista