Según la información facilitada por las autoridades estadounidenses, Megaupload ha sido cerrado por el FBI, en virtud de un presunto delito contra la propiedad intelectual. Se trata del mayor servicio mundial de alojamiento de archivos en Internet, que prestaba servicio a más de 150 millones de usuarios, lo que genera dudas sobre el destino de la información incautada por los agentes policiales, y su incidencia sobre el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos.
De conformidad con la legislación española, solo mediante resolución judicial motivada se puede proceder al registro e incautación de documentación y correspondencia privada, así como a la interceptación de comunicaciones. El Código Penal castiga como autor de un delito de revelación de secretos a quien sin estar autorizado, se apodere de datos reservados de carácter personal registrados en sistemas informáticos.