La denuncia del Gobierno contra las petroleras por abuso de posición dominante y sobreprecios en la provisión de gasoil a los transportistas de pasajeros y cargas presenta una doble lectura.
Por un lado, representa un nuevo embate que afecta principalmente a YPF , la empresa manejada por el grupo Eskenazi que hasta hace pocas semanas gozaba de una relación privilegiada con la administración kirchnerista.
Y por otro lado, constituye una reacción tardía del Ministerio de Planificación – las denuncias de los compañías de transporte por el precio del gasoil se remontan a mediados de 2011- que ahora busca neutralizar parte del impacto en los boletos que tendrá la eliminación total de los subsidios al gasoil para los ómnibus de larga distancia que rige desde ayer.
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