La palabra clave es cartelización. Es decir, la acción de un grupo de empresas pertenecientes a un sector determinado que “acuerdan” los precios que ofrecerán en un mercado que dominan. Un ejemplo, como antecedente de la denuncia formulada ayer por el Gobierno, involucra a siete empresas cementeras. En 2005, el Estado acusó a Loma Negra, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cemento San Martín, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland, por haber “pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas”, según sostenía la denuncia original, formulada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.
El Estado multó a esas compañías por 300 millones de pesos, decisión que fue recurrida a la Justicia. En ese mismo año, el Gobierno denunció por cartelización a otros sectores. El ex presidente Néstor Kirchner acusó de estas prácticas –aunque no llegó a aplicar ninguna multa– a la empresa Coto.
El Estado había multado a las siete cementeras por la presunta cartelización efectuada entre 1981 y 1999. Además del ex ministro de Economía, también intervino la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en aquellos años presidida por José Sbatella, hoy a cargo de la Unidad de Información Fiscal. Las sanciones fueron para Loma Negra (138,7 millones de pesos), Juan Minetti (100,1 millones), Cementos Avellaneda (34,6 millones), Cemento San Martín (28,5 millones), Petroquímica Comodoro Rivadavia (seis millones) y 529.289 pesos a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.
Los juegos del cartel
Sebastián Premici analiza la grave denuncia de cartelización formulada por el Gobierno contra las petroleras, en Página/12.
