No se habló durante la campaña electoral sobre educación. Y cuando decimos que “no se habló” estamos señalando con claridad: no hubo propuestas, no existió el debate.
Esta ausencia no se produjo porque, precisamente, las cosas estén bien en la materia: sospechamos que hay temor en avanzar en las medidas de fondo que hay que tomar para darle a la formación de nuestros hijos la calidad que el mundo reclama.
Sin embargo, un grupo de candidatos a gobernador firmó un compromiso de cumplimiento de cinco ejes que explicaremos al final. Entre los firmantes estuvo el electo Francisco Pérez y la propuesta surgió desde el Consejo Empresario Mendocino (el CEM).
No faltan equipos en Mendoza capaces de analizar qué hace con la Educación: lo que está ausente es la vocación de poner el tema sobre la mesa con el rigor necesario.
Para tomar nota, en nuestra provincia no tenemos una ley provincial de Educación que adhiera a lo establecido por la legislación nacional porque la Legislatura, simplemente, no lo discutió. Justo, cuando los hijos de la crisis del 2001 empiezan una secundaria que, aquí, todavía no existe.
Todo esto sucede en una Mendoza en la que ya no solo está bajo observación cómo preparan a nuestros chicos, sino también la de los maestros que los educan. Y Mendoza está inserta en un país en el que la educación ha sido el sustento del concepto de Nación y cuya presencia intensiva o ausencia inciden notablemente en la calidad de vida.
Un extenso informe preparado por el CEM así lo sostiene y defiende. Expresa que “la calidad y equidad del sistema educativo mendocino puede y debe aumentar. Debemos, como sociedad, consensuar y establecer los objetivos y metas del sistema y cumplirlos en el tiempo. Es fundamental que la escuela pública vuelva a cumplir su función de movilidad social que históricamente desempeñó”.
Se basa, entre otros insumos estadísticos, en que “aproximadamente el 90% de los niños provenientes de los hogares más pobres (1° y 2° quintil) asiste a escuelas públicas, podemos inferir la gran responsabilidad que le cabe al sector educativo público, en pos de garantizar la igualdad de oportunidades educativas que les permita acceder a nuestros estudiantes a un futuro mejor”.
Algunos números que alientan la necesidad de un país y una provincia que se definan a favor de una mejor calidad educativa también son aportados por el CEM:
1. Más del 50% de los jefes de hogar empleados que no alcanzaron a completar la educación primaria son considerados pobres.
2. Alrededor del 36% de los jefes de hogar empleados que no alcanzaron a completar la escuela secundaria, son considerados pobres.
3. Sólo el 16% de los jefes de hogar empleados que completaron la escuela secundaria (ya sea que después hayan completado o no la educación superior) son considerados pobres.
4. La proporción de jefes de hogar considerados pobres, desciende cuanto más alto es el nivel educativo alcanzado.
Porcentaje de Jefes de hogar pobres
por máximo nivel educativo alcanzado (Mendoza, 2007)
Como una de las conclusiones, este informe indica: “Al hacer un análisis del perfil educativo de los jefes de hogar considerados pobres, se observa que el 68% de los jefes de hogar pobres no completó la escuela secundaria. La conclusión es clara, en el sentido de que un mayor alcance educativo aleja de situaciones de pobreza a la población considerada, al permitirles lograr un mayor nivel de ingresos y una vida más digna”.
¿Se pueden mejorar los indicadores educativos sin que se haga una mayor inversión de parte del Estado? Y cuando se invierten recursos públicos, ¿se utilizan en donde hay que usarlos? ¿Se consiguen los resultados esperados?
Según el CEM, entre 2004 y 2010, la provincia cuadruplicó su inversión educativa en pesos. Mientras que el presupuesto devengado de la Dirección General de Escuelas en 2010 alcanzó los $2.645 millones, en 2004 fue de $654,5 millones. En términos de producto, el presupuesto para educación de Mendoza creció en cuanto a su participación pasando del 3,46% del PBI en 2004 a 5,48% en 2010. Buena parte de ese presupuesto es asignado a salarios, alcanzando el 90% del total de los recursos destinados al sector en el año 2010. Sin embargo, a pesar del incremento en la inversión, no se observa que el mismo se haya trasladado a mejoras de calidad, equidad, y a aumentos en la retención de los alumnos.
Mientras en la Economía nadie discute que estas herramientas sean utilizadas, los gobiernos no planifican en base a estadísticas en las otras áreas de la gestión. A todas luces, a juzgar por el resultado obtenido de la comparación inversión/resultados, tampoco lo están haciendo en Educación.
Por ello la entidad empresaria propone que “desarrollar una visión común de la educación mendocina en el largo plazo, y a partir de allí definir la misión del sistema educativo, en función de la cual se pueda elaborar y establecer un conjunto de objetivos específicos, medibles, realizables, a lograr en un horizonte temporal acordado entre todos. Estos objetivos y metas deberán ser medidos y evaluados periódicamente para conocer el estado de avance en torno de los objetivos propuestos, para identificar lecciones aprendidas del proceso y para analizar e implementar las acciones correctivas que se estimen necesarias”.
Y propone cinco ejes para darle una “fuerza que transforme” a la Educación (usando el eslogan de quienes triunfaron hace una semana y que gobernarán durante los próximos cuatro años):
1. Aprobar una Ley General de Educación de la Provincia de Mendoza.
La Dirección General de Escuelas ha trabajado, con los partidos políticos con representación legislativa, en una nueva ley de educación para la Provincia. En la Honorable Legislatura existen otros proyectos producidos por los propios legisladores. Más allá de lo relevante y de la riqueza de los diferentes textos, el principal activo que debe buscarse es contar con una norma consensuada por las principales fuerzas políticas de la Provincia y, en tal sentido, darle el carácter de un mandato social. Es por ello, que resulta importante acordar un texto único, aprobarlo, cumplirlo y establecer mecanismos para controlar su implementación.
2. Revitalizar el Consejo Provincial de Planeamiento Educativo.
El sistema educativo mendocino necesita un mandato claro de la sociedad respecto de sus metas y un monitoreo permanente de su cumplimiento. El Consejo Provincial de Educación requiere ser revitalizado y pensado como una instancia institucional, con amplia representación de la sociedad, cuyos objetivos serán el establecimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas propuestas en materia de mejora en la calidad y equidad educativa, y la mayor y mejor articulación con los objetivos estratégicos de desarrollo de la Provincia. No se trata de un organismo con estructura y burocracia propia, solamente se reunirá 4 veces por año para definir metas e ir controlando el cumplimiento de las mismas a través de estudios que demandará a instituciones académicas y/o técnicas.
Estará integrado por diferentes actores de la sociedad civil (padres, docentes, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, y al menos 2 referentes nacionales e internacionales en la materia, entre otros más) y presidido por el Director General de Escuelas. Dos veces al año, el Consejo emitirá un informe de avance de las metas propuestas y de las observaciones encontradas.
3. Crear una Agencia de Evaluación e Información Educativa
La evaluación de la calidad educativa y los sistemas de información y estadística, permiten dar cuenta de los avances y la situación del sistema educativo. Dicha información es la que le otorga a la sociedad y al propio sistema, la posibilidad de revisar lo hecho, ajustar las prácticas, replantear las direccionalidades o los modos de alcanzarlas. Para lograrlo, la información debe ser pertinente, oportuna, transparente y confiable, de modo que el conjunto de los actores la tome como una referencia, a partir de la cual pensar, decidir y hacer, identificar aquellas áreas que deben ser mejoradas o revisadas, y reconocer los aciertos que podrían ser reproducibles o escalables. Al mismo tiempo, debe proveer insumos que permitan a cada escuela pensar su propia situación y tomar decisiones de mejora.
A tal fin, se propone la creación de una Agencia de Evaluación e Información Educativa, que sea un ente desconcentrado del Poder Ejecutivo, presidida por el Director General de Escuelas, y que cuente con un Consejo que represente a los distintos sectores de la sociedad, con la participación de al menos 2 especialistas internacionales en la materia.
4. Promover Contratos de Responsabilidad Educativa
La mejora educativa provincial requiere de políticas eficaces, las cuales dependen tanto de sus aspectos técnicos como de los compromisos que los propios actores establecen para la mejora. Las políticas educativas han ganado en participación de algunos de los principales actores del sistema en las últimas décadas, pero también, y muy especialmente, deben contar con el compromiso de toda la comunidad educativa con las metas propuestas. Se trata de equilibrar derechos con obligaciones.
Para ello, se propone la generación de un contrato de responsabilidad por el mejoramiento educativo entre el Consejo Provincial de Planeamiento Educativo y la Dirección General de Escuelas, y de ésta con cada una de las instituciones educativas. Los convenios deben transparentar y explicitar las metas, los indicadores a partir de los cuales las mismas serán controladas, y las asistencias que se generarán para acompañar el proceso de mejora. En el caso de las escuelas, podrán complementarse con la firma de un contrato de responsabilidad con los padres, que fijen las responsabilidades de los mismos y los modos de monitorear su cumplimiento.
5. Generar un programa de reconocimientos
Una sociedad que busca la mejora en la calidad y equidad educativa debe reconocer a los actores que ayudan a alcanzarla. Se deben propiciar reconocimientos a los alumnos, docentes e instituciones que más aporten a superar las metas individuales y colectivas. Por ello, se propiciará el reconocimiento al esfuerzo cotidiano, al trabajo solidario, a la demostración de saberes, a las capacidades tecnológicas, al trabajo en equipo, a la mejora de los procesos de convivencia escolar, entre otros, que den testimonio de los valores que la sociedad mendocina quiere estimular, que sustentan dichos actos y que motivan a ser mejores personas, trabajadores y ciudadanos. La idea sería que estos reconocimientos, a los que pueden incorporarse otros en el futuro, sean capaces de traducir aquellos valores que el sistema pretende transmitir, y que se construyan mecanismos y rituales para hacerlo.
Un sistema educativo debe transmitir los valores que quiere promover, y debe encontrar modos de hacerlo. Se propone un sistema de medallas de honor que se entreguen en las escuelas, a partir de un mecanismo de selección estandarizado. Se debería premiar el mérito, la excelencia y los valores para la convivencia. Al mismo tiempo, se plantea que dichos reconocimientos adquieran valor para el ingreso a la administración pública y que se establezca un compromiso con el ámbito empresario para considerarlos en el ingreso al mercado de trabajo.