El gobierno de Cristina Fernández revalidó anteayer su apuesta a la demanda agregada, al celebrar con iconografía peronista en la Casa Rosada el ajuste jubilatorio previsto por el mecanismo de movilidad, que -sumado a los aumento dispuestos para las asignaciones familiares y por hijo– volcarán al consumo cerca de 15.000 millones de pesos. Para completar el menú, la Presidenta anunció la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para el martes próximo, que acordaría una elevación del piso de 1.500 a unos 1.750 pesos para unos 300.000 trabajadores fuera de convenio.
Los incrementos beneficiarán a alrededor de 14 millones de personas de bajos recursos –cerca del 30 por ciento de la población argentina– que utilizarán básicamente este adicional a partir de octubre, en la adquisición de alimentos y otros productos esenciales, sobre los cuales el secretario Guillermo Moreno prepara su lupa, para que ese sector empresario no termine chupando el esfuerzo fiscal por la vía de mayores precios.
Conocedora de los bueyes con los que ara, la propia presidenta advirtió a los empresarios durante el anuncio realizado en la Casa Rosada, que no hay motivos para aumentar precios, ya que las mejoras son solventadas por al sistema de previsión social y no por incrementos de salarios que suelen ser mecánicamente trasladados con la excusa de los mayores costos.
Un poco de memoria. Es cierto que el anuncio presidencial se anticipó para desinflar a la oposición que empuja en el Congreso el proyecto del 82 por ciento para las jubilaciones mínimas, el cual es rechazado por el oficialismo con el argumento de que desquiciaría el sistema previsional. Pero el kirchnerismo ha dado muestras de ocuparse de los sectores más desprotegidos como son ancianos y chicos de hogares pobres, desde su asunción al poder.
Tras el establecimiento de la asignación universal, en el primer semestre del año en curso, las jubilaciones aumentaron un 26,49 por ciento por el sistema de movilidad oficial, que en dos años de vigencia redondeó casi un 52 por ciento de alza. La Presidenta dijo que desde que asumió Néstor Kirchner hasta hoy, el haber mínimo se multiplicó siete veces.
La oposición recibió el anticipo con una reflexión obvia: es bueno pero insuficiente. Y ahora cargará en el Parlamento para conseguir la sanción del 82 por ciento que, si atraviesa los gruesos muros del Congreso, seguramente será vetada por la presidenta Cristina Fernández. También cuestionaron al anuncio por “oportunista”, pero el pasado reciente en esta materia absuelve al gobierno y condena en cambio a quienes hoy son opositores.
El tembladeral. El proyecto jubilatorio de la oposición puede sortear sin sobresaltos la Cámara baja, pero el Senado es algo así como un tembladeral en el que cualquier cálculo aritmético resulta demasiado arriesgado.
Los vaivenes de las últimas sesiones en las que algunos legisladores votan alternativamente por las propuestas opositoras u oficialistas, reverdecieron la doble moral con la cual la oposición y los grandes medios juzgan el comportamiento de esos senadores. Nadie está seguro de la matemática del Senado y entonces todo se pone bajo sospecha preventivamente.
El diputado Felipe Solá y algunos de sus compañeros y correligionarios echaron nuevas sombras sobre la Cámara alta, sin ninguna piedad. Van preparando el camino para cuando la andanada de proyectos opositores llegue al Senado, tras ser aprobado en el costado que da a la avenida Rivadavia. El 82 por ciento para los jubilados puede tener impacto político, pero intereses más pesados se juegan con la planeada eliminación de algunas retenciones a exportaciones agrícolas y la rebaja de otras por parte del conglomerado opositor. La estrategia de cargar sobre los senadores con sospechas de soborno se parece a la de los directores técnicos, cuando le advierten a los árbitros de fútbol en las vísperas de los partidos para condicionar sus fallos.
Doble moral. En realidad, la Cámara alta nunca fue un convento de carmelitas descalzas sino una casa política en la que las voluntades suelen aceitarse con favores que, en el mejor de los casos, benefician a las provincias y a la popularidad de quienes consiguen una ley nacional que reclaman los intereses regionales.
Desde el gobierno de Raúl Alfonsín para acá, los senadores fueron permeables a los proyectos oficiales a cambio de beneficios impositivos, regímenes previsionales, adelantos del Tesoro y otros beneficios para sus provincias. A veces, los votos fueron favorecidos con ayudas personales y no faltaron los casos escandalosos como el de la famosa ley Banelco, que desató el derrumbe del gobierno de la Alianza, cuando se denunció que los legisladores habían recibido directamente sumas dinerarias para votar una flexibilización laboral que beneficiaba a las empresas.
Corrupción al margen, todos los gobierno otorgaron favores políticos cuando los votos escasearon. Ninguna gestión se privó de hacer política y de mimar a quienes necesitó a la hora de votar una ley tironeada. Por estos días acusan al gobierno de haber seducido a dos senadoras con el viaje a China acompañando a la Presidenta. Pero desde el célebre voto de Julio Cleto Cobos a la fecha, se emiten curiosos juicios de doble estándar sobre la moral de los legisladores: cuando un senador opositor vota a favor de un proyecto oficialista es porque fue “comprado”. Porque “se vendió”. Y cuando un oficialista vota junto a la oposición, se trata de un campeón de la democracia que consiguió superar el miedo, las presiones gubernamentales y vota por convicción. De ese modo llegó Cobos a convertirse en uno de los mayores opositores al gobierno.
Algo es algo. Sea como fuere, la oposición no se ha dado el gusto todavía de conseguir la sanción de una ley y, en consecuencia, tampoco de arrancarle un veto a la Presidenta. Si el proyecto del 82 por ciento consiguiera este objetivo, el plumazo de Cristina Fernández se produciría cuando los jubilados estén cobrando los primeros pesitos del incremento establecido por el mecanismo de movilidad y anticipado por la Presidenta anteayer, lo cual puede amortiguar el impacto político negativo que podría tener el veto. Algunos cálculos indicaron que el incremento de ley dejaría el haber mínimo de 1.046 pesos, un 15 por ciento por debajo de lo que se percibiría con la propuesta opositora.
Nadie puede suponer que el nuevo piso resuelva el problema de la clase pasiva ni mucho menos que recomponga el achatamiento de la pirámide previsional, producida precisamente por el aumento de los mínimos con mayor intensidad que los haberes más altos y señalado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro. Pero las actuales jubilaciones están muy lejos de aquella situación de abandono en la cual Norma Plá hizo llorar al ministro Domingo Cavallo y de los días en que el gobierno de Fernando de la Rúa la rebajó impiadosamente un 13 por ciento para enfrentar obligaciones externas.
Otra historia. Aunque no se nada en la abundancia, hoy la situación es distinta: las jubilaciones se mueven hacia arriba, el nivel de las reservas es récord y el gobierno evalúa cautelosamente el momento de cancelar la última deuda en default con el Club de París. Claro que para completar el “desendeudamiento”, el kirchnerismo deberá estudiar cuidadosamente la forma institucional. Un proyecto de ley podría encontrar mucha oposición en el Parlamento. Y pese a que el juez Bonadio acaba de archivar la causa sustanciada a partir de una denuncia de la UCR por el pago de deuda con reservas por “inexistencia de delito”, un decreto de necesidad y urgencia podría reavivar el avispero. También aquí se juzga con doble moral. Cuando el fallo beneficia a la oposición, es porque el magistrado superó las presiones oficiales. Y cuando es adverso, es porque el kirchnerismo maneja a la Justicia.
Si el gobierno avanzara a través de un decreto de necesidad y urgencia para cancelar la deuda en default, la oposición ni siquiera detendría otra ofensiva por el hecho de que el tiempo le haya dado la razón al gobierno a través del récord histórico de reservas. La oposición tiene en claro que debe obturar toda forma de oxígeno financiero al gobierno antes de las elecciones. Como contrapartida, el gobierno riega la plantita del consumo popular en busca de mayor sustento.