La gestión pública no es sólo un compendio de obligaciones y ejecuciones presupuestarias. Así como todos sabemos que se puede gastar bien, también se puede gastar mal. Pero más allá de cómo se gasta y en qué se gasta, es importante hablar de aquello de lo que en política habitualmente no se habla: el por qué (o el para qué) se gasta.
Lamentablemente, la política (y con ella la gestión pública) se ha reducido a maquinarias electorales que una vez superado el obstáculo principal, es decir la elección, se secan como una planta abandonada. Ya en funciones, muchos políticos se olvidan de las razones que los llevaron a esos lugares y de las responsabilidades que exige.
Cualquier decisión política tiene que tener un sustento doctrinario, ideológico, que justifica esa decisión.
La toma de decisiones no se puede regir únicamente por lo que eso significa en términos de una imputación presupuestaria. Por el contrario, muchas veces se debe resignar el costo económico por el hecho de satisfacer una demanda social.
Mis razones se fundan en convicciones, las que han alimentado históricamente a mi partido, la Unión Cívica Radical; pero también otras que tienen que ver con la democracia con sentido social, el humanismo, la igualdad de los ciudadanos, la permanente lucha contra la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades.
Aquellos que tenemos el orgullo de representar a la gente de los municipios del interior de la provincia, sabemos que muchas veces si tuviéramos que regirnos por los simples números de los presupuestos y las partidas, estaríamos condenando a nuestros habitantes a más olvido y miseria.
Tenemos un Estado nacional que concentra la mayor parte de los recursos fiscales del país, alrededor de un 76 por ciento, llegando a las provincias y municipios solo el 24 por ciento, un 10 por ciento menos del mínimo garantizado por la ley de coparticipación federal.
Es por todos sabido que la limitación económica que esto implica se transforma en un mecanismo de coerción política.
El federalismo tan declamado por los sucesivos gobernantes es letra muerta al momento de distribuir los recursos: la autonomía municipal está solamente en los discursos de los dirigentes.
Por esto, trabajamos con algunos intendentes de otros departamentos y con el gobierno provincial, en la confección de una nueva Ley de Coparticipación que permitiera de una vez y para siempre que los municipios recibiéramos los fondos que necesitamos en función del cumplimiento de las obligaciones que nos competen y las que delega la provincia.
Es allí entonces cuando al esfuerzo le agregamos imaginación, sentido común y más convicciones para fortalecer la tarea silenciosa que debería acompañar a cada acción política: la de incluir cada vez más a nuestra gente.
La obra pública al servicio de la idea, asumiendo el municipio un rol protagónico en su ejecución.
Habitualmente a quienes pensamos en sociedades donde el motor sea el desarrollo y la solidaridad, se nos tilda de utópicos. Si así fuera, debemos seguir soñando con una sociedad distinta donde el respeto, la tolerancia, el trabajo, la dignidad, la honestidad sean los valores comunes y no la excepción.
A lo largo de mi actuación pública he hecho hincapié en tres ejes para una verdadera política de inclusión sustentada en los siguientes pilares: trabajo, educación y vivienda, con especial énfasis en las políticas de niñez y adolescencia y la lucha continua contra toda forma de discriminación.
Por supuesto, los más vulnerables son sin duda nuestros niños; debemos claramente tener presente que quienes nacen en la pobreza lo hacen en condiciones de extrema vulnerabilidad y es en nuestra concepción, el Estado el responsable primario de garantizar a todos los ciudadanos el disfrute de los derechos que naturalmente les corresponden por su simple condición de humanos.
Muchas de las fuerzas políticas populares que ha tenido nuestro país nacieron para enfrentar y combatir los privilegios; no sólo de los poderosos, sino también de aquellos que por imperio de la prebenda, la trampa o el engaño, también minan las posibilidades de los más postergados.
Bajo esta idea, he tratado de que mis acciones como intendente tengan un contenido profundo.
No alcanza con inaugurar una obra o entregar una ayuda social si no hay convicción de que detrás de ese acto administrativo hay un sentido de equidad y justicia.
El municipio, como la instancia del Estado más próxima a los ciudadanos, recibe también de ellos un pedido de resolución de las necesidades más básicas. ¿Y cómo hacerse el distraído ante el dolor? ¿Y cómo decirle al que sufre que su dolor no es de nuestra competencia? ¿O que sus demandas se las tiene que resolver otra instancia administrativa como la provincia o la Nación?
La política tiene sentido cuando está orientada a satisfacer las demandas humanas, la de los más necesitados, la del interés común. No las demandas de los dirigentes, o la de los partidos, o las de la corporación política.
Debemos aún terminar de reconstruir aquello que tras la década del ‘90 dejó en la República Argentina múltiples secuelas de las que aun no podemos recuperarnos.
Las políticas neoliberales –literalmente- destrozaron el mercado laboral y la estructura productiva, lo que dejó en la pobreza e indigencia a más de la mitad de la población de nuestro país.
Y la consecuencia esperable, la marginalidad y la discriminación social, donde se consideraba al pobre como un producto inevitable del desarrollo no integrado al crecimiento de su comunidad, simplemente un paria en su propia tierra que no puede acceder a participar en la vida económica, deportiva, educativa y social simplemente porque es rechazado por su origen, por su aspecto, por el sitio dónde vive y cómo vive y por su historia. Todo lo estigmatiza y todo lo condena.
Por otra parte, pobreza no es sinónimo de delincuencia, es simplemente un condicionante que puede promoverla pero no es inevitable que suceda; de hecho, la mayoría de los pobres nunca delinquieron, ni lo harán.
El peor error que podríamos cometer es agregar ese estigma al pobre, con lo cual los sistemas de control del delito terminarían reprimiendo y judicializando la pobreza.
La recuperación de nuestra sociedad actual y futura pasa necesariamente por la reconstrucción de ese gran valor que distinguió a la Republica Argentina durante siglos, la educación de su pueblo y las posibilidades de construir un futuro a través del trabajo genuino.
Porque el hombre tiene derechos absolutos, imprescriptibles, que derivan de su propia naturaleza y no dependen de la voluntad, el interés o la convención de sus semejantes, ni de circunstancias ni hechos transitorios, sino que forman parte inmodificable de la condición humana.
El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, al trabajo y a la sociabilidad, entre otros, son derechos primarios del hombre que no dependen de una ley positiva para su vigencia.
Estos derechos naturales no pueden ni deben ser violados por cualquier hombre, organización o gobierno y deben ser respetados en cualquier situación y en todo momento.
La Constitución y las leyes, hechas por el hombre, deben estar necesaria y obligatoriamente al servicio del cumplimiento de estos derechos y en consecuencia, todo gobierno y todo plan de gestión debe, en nuestra concepción, cumplir acabadamente con esta idea central, corrigiendo y controlando todo aquello que pudiera atentar con la satisfacción de este objetivo.
La política está perdiendo los sueños, la ética y la moral y solo se queda con la cotidianeidad rutinaria e intrascendente. Frente a esto, entonces nos preguntamos: ¿es posible construir una república federal en la Argentina? ¿Seguirá siendo solo una promesa incumplida el desarrollo equitativo de nuestro país?
Estamos convencidos que ambas preguntas tienen una única respuesta: la construcción de una sociedad distinta es posible.