Uno de los elementos claves de la “República” como forma de organización política es el principio de publicidad de los actos de gobierno. En este sentido, el derecho de acceder a la información pública asegura y hace posible que cualquier ciudadano pueda ejercer un verdadero control sobre los actos de gobierno, asegurando la vigencia y la consolidación del sistema democrático.
Es nuestro deber como ciudadanos alentar el buen gobierno del Estado, la transparencia en el manejo de la cosa pública y vigorizar la democracia.
Transparencia significa acceso fácil y oportuno a información fidedigna, completa, comprensible y comparable. Por lo general, transparencia y responsabilidad están estrechamente vinculadas. De este modo, la transparencia conlleva la obligación de los gobernantes de rendir cuentas al electorado, y es un paso indispensable hacia la responsabilidad del gobierno para con la ciudadanía.
Para ello debemos instar a nuestros gobernantes a fin de que lleven adelante los cambios institucionales necesarios para garantizar nuestro derecho a la información pública.
Este derecho se encuentra consagrado en nuestra Constitución a través del artículo 1, 33, 41, 42 y concordantes —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorporó en 1994 con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.
En efecto, las Convenciones Internacionales constituyen mecanismos centrales para luchar contra la corrupción. Establecen obligaciones concretas para los Estados en esta temática, ofrecen mecanismos para hacer presión por reformas, representan acuerdos que sirven como fuente para una nueva legislación en la materia, así como también, representan compromisos internacionales que establecen los parámetros para elevar los estándares en materia de transparencia.
Es fácil reconocer cómo la información que permite construir la confianza en el sistema político tiene su correlato en la actividad económica, donde produce el mismo efecto.
Asimismo importante jurisprudencia de nuestro país, recientemente, ha señalado que “La libertad de expresión consiste en asegurar a los habitantes la posibilidad de estar suficientemente informados para opinar y ejercer sus derechos respecto de todas las cuestiones que suceden en la República en un momento dado”.
En efecto, Alexis de Tocqueville en la en año 1835 en La Democracia en América manifestaba: “El primer periódico que cayó en mis manos al llegar a Norteamérica contenía el siguiente artículo, que traduzco con fidelidad: en todo este asunto, el lenguaje de Jackson (el Presidente) ha sido el de un déspota sin corazón, preocupado únicamente por conservar su poder. La ambición es su crimen, y en ella encontrará su castigo. Tiene por vocación la intriga, y la intriga confundirá sus designios y le arrancará su poder. Gobierna por la corrupción, y sus maniobras culpables tenderán a su confusión y a su vergüenza. Se ha mostrado en la arena política como un jugador sin pudor y sin freno. Ha triunfado; pero la hora de la justicia se acerca. Bien pronto le será preciso devolver, lo que ha ganado, arrojar lejos de sí su dado engañador, y acabar en algún retiro donde pueda blasfemar en libertad contra su locura, porque el arrepentimiento no es una virtud que haya sido dado su corazón conocer jamás”(Vicenne`s Gazette). En la Argentina la falta de una ley que regule el libre acceso a la información pública constituye una deuda de incalculable valor para fortalecer nuestro sistema de gobierno, además corresponde aclarar que el derecho de acceso a la información pública no sólo tiene su fundamento material en el principio de publicidad de los actos de gobierno, sino también en su reconocimiento expreso por la comunidad internacional como derecho humano esencial, de fundamental relevancia para el desarrollo de una vida democrática.
Es por eso que no se puede seguir postergando la sanción de una ley que regule el libre acceso a la información pública. Argentina necesita progresar en paz, democracia y libertad. Pesa sobre todos los argentinos la responsabilidad de respetar la Constitución, y preservar su espíritu integrador y conciliador. Es inconcebible que un país como el nuestro, aún, no haya sancionado una ley de acceso a la información pública, lo cual, sin lugar a dudas contribuirá a llevar a cabo profundas transformaciones en nuestro Estado, y a mejorar nuestra imagen en el exterior, convirtiéndonos así, en un país más confiable y capaz de brindar la seguridad jurídica que se necesita para crecer en todos los aspectos. En este orden de ideas podemos decir que cuando no hay nada que ocultar, cuando las cosas se hacen correctamente, no deberían existir trabas de ningún tipo para que la documentación pública pueda estar a disposición de todos aquellos que la soliciten. No es posible hablar de un país serio, cuando las personas no tienen voz, cuando la información no fluye, cuando la sociedad civil y su sistema jurídico son débiles.