Frente al cada vez más difícil acceso a una vivienda propia, cabe preguntarse el porqué de esta situación, ya que éste es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Nacional. Hay posibles soluciones y una mirada retrospectiva nos puede dar un indicio.
La primera ley de congelamiento de alquileres se dio en 1921. Pero fue con los gobiernos de Perón, cuando el Estado desarrolla una política de construcción de viviendas y de creación de nuevos barrios al tiempo en que interviene en el mercado. Se restringe la libre contratación (lo cual duraría 30 años) en un tiempo donde el 63 % de la población era inquilina (Censo de 1947), que conjuntamente con la Ley de Expropiaciones, constituirían una clara limitación a la propiedad privada. Ello al tiempo que una nueva carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional (Ley 12.962 del ´47) permitirá una amplia política crediticia para sectores medios y medios bajos (390 mil créditos entre 1947 y 1957). Como si fuera poco en la Reforma Constitucional de 1949, incorpora el Derecho a la Vivienda y en su Capítulo IV la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, todo esto en el contexto del desarrollo de la industrialización sustitutiva.
Esta intervención en el mercado de alquileres, finaliza con la dictadura de 1976 “para devolver rentabilidad a la inversión inmobiliaria y un aliento para la industria de la construcción” (ley desalojista), para arribar finalmente a la desregulación por completo de los mismos atravesando incluso el período de los 90` con contratos dolarizados, y actualmente con una indexación especulativa superior a la inflación, dejando al inquilino en una situación de completa indefensión.
Así se entiende el boom inmobiliario de los últimos años, donde el libre juego de la oferta y demanda pone en una situación de completa desventaja al inquilino que debe resignarse a las condiciones impuestas por el arrendatario. Esto, no solo viola un derecho fundamental del hombre reconocido en la Constitución, si no que además juega con esa necesidad y se constituye en el gran negociado de la Argentina. No sólo es una situación alarmante para quienes no detentan un techo propio, sino también para el país en general, ya que este es capital improductivo, que no es destinado para actividades que generen puestos de trabajo.
A esto se suma la privatización de la cartera del Banco Hipotecario, lo que vuelve al crédito prácticamente inaccesible (se necesita ganar $ 8983. Apenas el 10% más rico de la población de Mendoza recibe ingresos suficientes como para poder pagar la cuota de este préstamo, pagando tasas del 20%; La Nación 9/02/10).
Para paliar esta situación, en Agosto de 2009 Teresita Quintela, Senadora por la Rioja del FPV, presentó un Proyecto de Ley de Alquileres en el Senado Nacional. Sin embargo, esta iniciativa, no contó con el aval ni siquiera de los propios senadores del FPV, mostrando una clara falta de voluntad política para dar solución al tema. Desde 2003, el gobierno nacional desarrolla planes en la construcción de viviendas, pero esto resulta insuficiente. Los valores de los alquileres se disparan tornándose inalcanzables para el ingreso de los sectores medios, sumado al crédito inaccesible por los requisitos y las altas tasas de interés e indexaciones, lo cual torna el sueño de acceder a un hogar propio, una utopía.
Se reclama un Estado con la capacidad de intervenir, con un fin social, en los mercados, como se había hecho en el pasado, para que el bienestar social y los derechos humanos primen sobre la propiedad privada y el afán de lucro.