Como casi siempre ocurre en la Argentina, los escándalos que comienzan con grandes estruendos terminan diluyéndose en olvidos cada vez más rápidos. Y así ha sido con cada capítulo de la historia reciente. ¿Cuántos presos hay por los numerosos casos de corrupción que se registraron en los últimos 20 años: siete de los Kirchner, tres de la Alianza y Duhalde y diez de Menem? ¿Cuántas condenas efectivas hubo en ese mismo período?
El tratamiento del Presupuesto Nacional 2011 en el Congreso de la Nación empezó en una noche escandalosa, en la que dos diputadas denunciaron que hubo “ofertas”, “aprietes”, “sugerencias”, “coimas”, “llamados” o como se les quiera denominar, para que torcieran su voto o abandonasen el recinto favoreciendo así la aprobación de la ley. Pero a casi una semana de aquella noche de terror, los mismos denunciantes han aportado poco y difuso en cuanto a datos concretos sobre la supuesta cooptación de voluntades con la Banelco modelo K.
Lo peor de todo es que a la denuncia de la oposición, tan seria en su carácter como ausente de datos abundantes hasta el momento, se agregaron frases poco felices de miembros del oficialismo que al final terminaron abonando las teorías conspirativas. Aunque en el país nos hemos ido acostumbrando a lo que la mayoría de la prensa y la oposición llama “anibaladas”, la afirmación del jefe de Gabinete sobre que no pone “las manos en el fuego por nadie” sólo extienden el manto de sospecha. Por las dudas, Aníbal Fernández después trató de “chapas” a Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Desde la fuerza política que integran las diputadas partió el primer grito de advertencia sobre la presunta salidita de “shopping” oficial por el Congreso.
Preocupan también aseveraciones de Carlos Kunkel, otro ícono del kirchnerismo duro, que ha rescatado del olvido al “sobre”, aquel viejo símbolo de la corrupción desplazado por la Banelco, que ahora se incorpora a este debate. Kunkel llegó a decir que el oficialismo no ofreció “sobres”, pero que había legisladores de la oposición “que sí los estaban buscando”. Entonces, los sobres existen. O existieron, o es una práctica más o menos habitual de la que la mayoría de los argentinos no conoce detalles.
La Argentina está harta de denuncias inconsistentes. Ya bastante desprestigio tiene la política como para agregarle más. Y son varios los diputados que tienen algunos hechos para contar con respecto a la última sesión, empezando por las denunciantes Cynthia Hotton y Elsa Alvarez, siguiendo con el diputado correntino que le dijo a Oscar Aguad, presidente del bloque radical, que no podrían pagar los sueldos en Corrientes si no se levantaba de la sesión. También Carrió y Bullrich deben contar todo lo que escucharon, vieron, y se enteraron. Los legisladores mendocinos, en tanto, tienen contendientes de ambos bandos: denunciadores y denunciados. Y hasta un dirigente agrario famoso como Eduardo Buzzi ha quedado en el ojo de la tormenta por haber inducido a un legislador cordobés, según se dice, a participar de la sesión. Hay que recordar que en medio de la denuncia de la existencia de “sobres” (éstos son variados: cargos, contratos, obras, dinero, ayuda para la provincia ‘tentada’, mejorar situaciones judiciales… depende de las necesidades del cliente), fueron varios los diputados opositores que intentaron facilitar la aprobación del presupuesto oficial desairando a sus jefes partidarios y presidentes de bloque: 21 de ellos eran de diversos partidos de la oposición, incluyendo el PRO, la UCR, y la Colación Cívica entre otros. Todos quedaron bajo sospecha.
El ámbito en donde la oposición intentará investigar este pantano institucional es la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que es presidida por la peronista disidente Graciela Camaño. La cita será mañana, y ya están convocadas Hotton, Alvarez y Carrió. La comisión se transformará en investigadora, y si se presume que hubo algún delito, las actuaciones se derivarán a la Justicia. Casualmente, o no tanto, para mañana también está convocada la nueva sesión para tratar el Presupuesto, algo a lo que la oposición se niega porque entiende que el proyecto debe debatirse antes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tal como se votó la semana pasada. Así es que no hay garantías de que se trate de nuevo, porque el Frente Para la Victoria y sus aliados no reúnen quórum.
Finalmente, Camaño ha prometido que si algo pasó, la comisión podrá dilucidarlo. Debe ser así, en un sentido u otro. Debe averiguarse la verdad completa, aventar las sospechas y hacer las denuncias penales correspondientes si hubo delito. Lo que debe evitarse es que las denuncias terminen diluyéndose como un escándalo político más, si realmente volaron los “sobres”, o que se tolere una monumental operación política basada en denuncias inconsistentes sólo para sabotear el Presupuesto. Si fue así, tal como sostiene el gobierno, también hay responsables.
Como sea, mañana hay una oportunidad de ser, en las formas y en el fondo, un país un poco más serio, institucional, dispuesto a castigar los comportamientos que no se condicen con los principios republicanos. Si esto no ocurre, los márgenes de confianza de la población en su clase política quedarán reducidos prácticamente a la nada, si es que ello fuese posible aún.
Basta de chanterío: den los nombres
Las denuncias de la oposición en cuanto a la compra-venta de votos para aprobar el Presupuesto son tan graves, que merecen ser investigadas de manera exhaustiva. No hay lugar a medias tintas. Las exageraciones también deben ser condenadas. Corrupción u operación política, debe averiguarse qué pasó.
