Cuando las instituciones no responden adecuadamente los ciudadanos tenemos el recurso de la prensa independiente para que el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades tenga algún resultado.
Por ese motivo es que hago público mi problema y el de cientos de docentes que confiaron en la palabra y en la probidad de funcionarios públicos y hasta el momento no han visto correspondida esa confianza.
Me refiero a la falta de cumplimiento, por parte de la Dirección General de Escuelas, del pago del ítem Antigüedad en las cuotas que oportunamente se acordara y fuera aceptado por ambas partes. Cabe recordar que para el menguado salario de los maestros ese ingreso significa una ayuda que contribuye parcialmente a paliar la difícil situación económica. Además se hace notar que en algunos casos se acreditó la primera cuota y después se interrumpió esa acreditación en los meses sucesivos, mientras que en otros ni siquiera se abonó la primera cuota.
Ante los reclamos presentados a la DGE se nos remite a la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependencia en la que NO se nos da ninguna respuesta satisfactoria aduciendo que es tema está a consideración de los asesores legales.
En definitiva, el Gobierno habría decidido unilateralmente dejar de cumplir con una norma legal defraudando la buena fe de los docentes, quienes fueron presionados a aceptar como única forma de lograr justicia. Con esta actitud se perjudica a la parte más vulnerable, acción que contradice los postulados de una administración que se jacta de defender los intereses de los trabajadores y de los sectores más postergados.