Desde hace algunos años en Mendoza se están cometiendo irregularidades en la licitación, adjudicación y construcción de parte de su obra pública.
Esto se demuestra por:
- La falta de control (antes, durante y después de las obras) con las empresas contratistas.
- La constante actitud del Estado licitador (provincial, municipal, entes autárquicos, etc.) de evadir la aplicación de la Ley de Obras Públicas (4416).
- La creciente intencionalidad de favorecer empresas amigas o con respaldo nacional en la adjudicación de las obras.
Como consecuencia aparecen distintas situaciones, que además de ser ilegales, dañan al patrimonio del Estado, el servicio a sus contribuyentes y la competitividad de las empresas mendocinas, por ejemplo:
a) Obras realizadas sin control, como consecuencia de mala calidad, con vicios ocultos que determinan una vida útil menor a la que deberían tener y con perjuicio económico al Estado.
b) Empresas sin capacidad técnica, financiera y económica que son adjudicatarias de obras que no pueden realizar y que por lo tanto terminan por tener problemas que derivan en la paralización de y/o judicialización de las mismas además de la evasión impositiva, el daño económico al Estado, a los subcontratistas y proveedores.
c) Licitaciones dirigidas (a través de la manipulación de los requisitos solicitados en pliegos y de la no aplicación de la ley 4416) para determinadas empresas “amigas” o generosas aportantes de fondos preelectorales o apadrinadas nacionalmente que impiden la participación de empresas mendocinas con el consiguiente perjuicio económico para ellas y el impacto negativo sobre la mano de obra local.
d) Obras que cuestan más al erario público por la falta de competencia, en las licitaciones dirigidas.
Existen muchos ejemplos para confirmar estos conceptos; estos son algunos:
- La adjudicación a una empresa foránea de las 4 licitaciones de obras viales (por un total de 55 millones de pesos). Estas 4 licitaciones las habían ganado con mejor precio 4 Empresas mendocinas. El Decreto Provincial 3635 de Diciembre de 2008 las dejó sin nada. Estas obras están financiadas por el BID.
- La Licitación y adjudicación del último tramo Doble Vía a Tunuyán (Junio 2009) en la que se manipularon los pliegos de tal manera (requisitos técnicos y económicos) que dejaron afuera a la mayoría de las Empresas mendocinas, que ni en UTE (Unión Transitoria de Empresas) se pudieron presentar. Ni las que habían construido tramos similares anteriores.
- Algunas obras de Pavimento Municipales del 2009 que solicitaban requisitos tan dirigidos a una sola empresa que eran hasta burdos. Por supuesto que dicha Empresa amiga se quedó con la mayoría de estas licitaciones.
- Los canales de Irrigación (de los últimos 5 años), dirigidos a la misma Empresa que el punto anterior. Inclusive licitaciones de distintos canales que se agrupan por montos millonarios por las que sólo pueden competir grandes empresas de afuera (con respaldo nacional) dejando sin posibilidad a las empresas locales porque solicitan antecedentes y capacidades de ejecución tan grandes y determinadas que sólo una determinada empresa puede cumplir.
- La licitación y adjudicación de la Rotonda de Acceso Sur y Paso dirigida a la misma empresa con nota aclaratoria emitida 2(dos) días antes de la licitación en que se modificaban los requisitos técnicos para que pudiera participar.
- El Nudo de Costanera y Vicente Zapata, en el 2004, que fue dirigida a un grupo político con fuerte respaldo nacional que garantizaba el préstamo del BICE, a cambio de la obra y el proyecto por consultoría; Fue licitada con Proyecto y construcción con sólo 45 días de Plazo. Una aberración técnica tal que era imposible tener una evaluación y proyecto serios salvo que se los tuviera de antemano. Hasta este año esta empresa cobró mayores costos en Vialidad Provincial. La obra costó un 50% mas del Presupuesto oficial.
Otro dato que demuestra estas afirmaciones en la no aplicación de la Ley 7173/2003, que implementaba el Registro de Antecedentes de Constructoras de Obras Públicas (RACOP) en Mendoza. Este registro le permitiría al Estado:
- Tener un control cruzado sobre la situación de toda la obra pública y sus contratistas en la provincia.
- Saber inmediatamente de anomalías y falencias de las empresas y las obras.
- Aplicar sanciones económicas y técnicas que impidan a los infractores presentarse en nuevas licitaciones.
- Regular las adjudicaciones de acuerdo a la capacidad de las empresas (técnica, económica y financiera) al momento de licitar.
- Evitar la discrecionalidad de los funcionarios de turno al momento de la adjudicación.
Cabe señalar que Mendoza es la “única” provincia del país que no tiene un Registro de Contratistas en funcionamiento. Es la única provincia que no controla su obra pública.
Una muestra más de la impunidad que quiere tener el Estado al momento de licitar y adjudicar la obra pública fue el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, en enero de 2009 por expediente 51316, a la Legislatura que solicitaba aprobación de adjudicación de obras de hasta 7 millones por Contratación directa y sin aplicación de la ley 4416. Una aberración de todo punto de vista que no prosperó por la negativa de la oposición a aprobarlo.
Todo lo señalado de la Obra Pública en Mendoza no es más que el reflejo de lo que sucede a nivel Nacional con los manejos del Ministerio de Planificación Federal y el Club de los 500.
Lamentablemente las Cámaras de la Construcción y las mismas empresas mendocinas tienen miedo de confirmar todo esto o realizar presentaciones legales por miedo a represalias que compliquen más su actual situación. Solicitan ayuda a la Comisión de Obras Públicas de Diputados pidiendo no dar sus nombres.