Nosotros y la Dinaf

Con la eufemística frase mediática “en la Dinaf existía un conflicto que no se podía ignorar”, la Ministra de Desarrollo Humano del gobierno provincial despidió al, hasta hace días, Director de la DINAF. Ciertamente es una frase críptica que encierra muchas componentes y situaciones irregulares, por decir lo menos.
 
Para nadie es secreto que desde hace mucho tiempo, incluyendo a varios gobiernos anteriores, la gestión de las políticas públicas de minoridad y adolescencia mantienen una abultada deuda social con lo que constituye su razón de ser: los niños y los adolescentes. Y el hecho de traer a la memoria la herencia recibida por el actual gobierno en esta materia, no exime a éste de la responsabilidad de haber intentado, siquiera, comenzar a revertir tanto descalabro, desorden e ineficiencia en el ámbito que nos ocupa.
 
Intentaré, según mi saber y parecer, descifrar el contenido de aquella subterránea frase ministerial, seguramente exponiendo más preguntas que respuestas.
 
1- Se ha hablado mucho -demasiado- de que la “aparente ineficiencia” de la Dinaf se debe al proceso de instrumentación y aplicación de la nueva Ley Nacional 26.061 (de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes) que se está llevando a cabo en nuestra provincia. Es pertinente decir que, más allá de que en los tres poderes del Estado Provincial hay opiniones a favor y en contra de la substancia y de la aplicación de dicha ley, lo único que la ciudadanía observa es la implementación de los “equipos de tareas” u Órganos Administrativos en los distintos municipios de nuestro territorio. Descentralización -así la denominan- que, hasta el momento, no ha mostrado más que aumento de burocracia, de papeleo y de empleados; sin decir que muchos de esos empleados carecen de la vocación y capacitación necesarias para la tarea encomendada.
 
Es verdad que la intencionalidad primaria de la ley citada ha sido la no judicialización de los niños y adolescentes en situación de riesgo familiar y/o social. Pero, a ojos vista, muchos se preguntan si el anterior régimen no era mejor o más fiable que lo que ahora se ve. Entiendo que, como en los otros ámbitos de la sociedad, la administración de Justicia -en este caso de familia- cumple una función indelegable a la hora de observar, emitir juicio y corregir lo que sucede en este espacio de la niñez y de la adolescencia. Y a propósito de justicia y de no judicialización, ¿nos hemos preguntado cuál es la función que cumple o debiera cumplir el ex - Cose?
 
2- En esta hora de recambios en el elenco gobernante, ¿será la hora-buena de consensuar y llevar a cabo “políticas públicas o de estado” en esta tan delicada materia que involucra a más de setecientos mil niños y adolescentes de nuestra provincia? Porque, si bien es cierto que el punto más doliente pasa por los niños y adolescentes en riesgo, no caben dudas de que el Estado está bastante ausente de todo lo que significa hoy la “problemática de fondo” de nuestros niños y adolescentes. Aunque se estén gastando millonadas de pesos -nuestros- en planes paliativos y/o asistenciales destinados a ellos.

¿No será tiempo de dejar de lado aquello de “cada maestrito con su librito” al momento de mirar con verdad y seriedad el presente y el futuro de nuestros niños y adolescentes?
 
Conocemos de sobra que con el simple cambio de gobiernos, de funcionarios, de planes, de logotipos y de frases no se logra una mejor política y una mejor gestión. Son necesarios “consensos institucionales y gubernamentales” que perduren en el tiempo. Y es necesaria, también, la voluntad política para que aquello se concrete. Ojalá nunca más escuchemos de boca de funcionarios la horrible frase “esto no se puede”. ¿Y aquello otro? “Tampoco se puede”. ¿Y esta tercera opción? “Tampoco se puede”.
Y descarto, casi por innecesario, decir que al frente de esas políticas públicas de largo aliento deben estar personas (no funcionarios-empleados) munidas de una profunda convicción y vocación al servicio de nuestros prójimos más necesitados en los distintos aspectos de la existencia.
 
3- Estimo que de estas políticas públicas no debemos ni podemos quedar afuera los ciudadanos adultos, tomados en nuestra singularidad o agrupados en distintas Organizaciones de la Sociedad Civil. A la hora de definir, implementar y realizar el seguimiento de acciones concretas destinadas a nuestros niños y adolescentes, es de suma importancia la presencia y el aval de la ciudadanía a través de audiencias públicas, consultas a expertos, convalidación o no de experiencias llevadas a cabo, conferencias de prensa, etc.

Ya ha pasado la época en la que algunos pensaban que los ciudadanos nos constituíamos en tales por el solo hecho de poseer nuestro documento de identidad o por ser llamados a votar cada dos años. Ser y sentirse ciudadano/a es participar activamente en la construcción de nuestra sociedad, ya sea proponiendo como actuando, denunciando o aplaudiendo. Cierto, desde conductas personales y colectivas cargadas de coherencia, de honestidad y de buenos propósitos.
 
4- Dentro de este análisis y de estas propuestas, me sea permitido realizar una humilde y sincera sugerencia a la Justicia de Familia: ¿no será posible acortar los plazos vigentes para que una familia o pareja puedan adoptar a un niño o niña? Conozco, y conocemos, casos en que un matrimonio lleva cumplidos siete (7) años de trámites y de espera para lograr una adopción. Mientras en la Dinaf pasa lo que pasa. Siempre un ámbito familiar “normal” será mejor solución que la internación de menores en hogares -utilizando con generosidad el término- del Estado.
 
5- Dada la situación actual de la Dinaf y el cúmulo de denuncias que pesan sobre esa institución y sobre algunos de sus funcionarios y ex funcionarios, es de desear, y es de estricta justicia, que las denuncias realizadas y las irregularidades cometidas no       queden impunes. Estamos escaldados al comprobar que muchos funcionarios renuncian o son renunciados con el único objetivo de acallar el clamor popular o de “atajar” un juicio o por el temor de perder los beneficios de una jugosa jubilación. Debe quedar claro, además, que la ciudadanía debe ser debidamente informada del resultado de esos juicios y que, en caso de que esos funcionarios o ex funcionarios resultaran culpables, deben someterse a las penas impuestas y deben pagar con su propio dinero (no con el del Estado) el resarcimiento económico, si fuera del caso.
 
6- Una última consideración, pero la más importante. ¿Cuándo se van a decidir, el Estado Provincial y el Estado Nacional, a considerar en serio y a tomar medidas de fondo a fin de encarar el remanido tema de la pobreza instalada en nuestra sociedad?

¿O todavía alguno cree en las cifras que da el INDEC?

Se debe ir a las causas de la pobreza y no, simplemente, concentrarse en intentar disminuir sus efectos con parches de planes sociales.

Y todos conocemos por qué existe y aumenta la pobreza en nuestra Patria. ¿O no?

Pero eso es tema de otra Nota.