El propósito de la presente nota es revelar el estado de las cuentas públicas de la provincia y situarlo en el marco de la actual situación social, económica y política en el después de varios años de crecimiento sostenido de la economía, aquello que a fines de 2008 se había esbozado como un fenómeno caracterizado por la desaceleración y disminución de distintas ramas de la actividad económica, ha devenido por estos días en un real estancamiento de la misma que, de consolidarse, traerá aparejados serios problemas en el corto plazo y mediano plazo.
Resulta particularmente importante realizar este análisis dentro del contexto actual, en el que se manifiestan asociadamente: la crisis financiera internacional; los errores y la soberbia política y económica del orden nacional; las marcadas ineficiencias de gestión demostradas por el Gobierno Provincial; la pandemia de gripe A; y -como corolario- el resultado de las elecciones del 28 de Junio pasado.
Aunque a principios de 2009 incertidumbre y cautela ya eran las conductas dominantes en cabeza de empresarios, inversores y consumidores, también se advertían las sobreactuaciones de la Sra. Presidenta de la Nación expresando que la crisis “…no nos afectará como a otros países…”.
Mendoza también tenía su correlato con un gobierno que “se anticipaba” a los efectos nocivos de la crisis con herramientas para promoción de actividades y promoción y protección del empleo, que nunca puso en práctica de manera contundente.
No sólo que los vaticinios de nuestros gobernantes nunca se cumplieron sino que, además, la ciudadanía vinculada al agro, la industria, la construcción, el turismo y el comercio hoy se ha sumergido en una espiral descendente donde predomina la desconfianza, donde no hay acceso al crédito y donde han disminuido las operaciones, a tal punto que ya se generan efectos negativos en el mercado laboral y tremendas secuelas en las finanzas públicas de la Provincia de Mendoza.
Apuntes para el debate
Ante este cóctel explosivo de factores, resulta necesario que se tomen algunas medidas que impidan que la coyuntura se convierta en una cuestión estructural.
El responsable de poner en marcha las medidas aludidas es el gobierno provincial, aunque no el único. Oficialistas y opositores, factores de la producción, factores de opinión y la ciudadanía toda, deben comprometerse a cumplir cada uno con su tarea.
El momento actual exige definir el alcance de ese compromiso.
El oficialismo debería cumplir con algunas premisas básicas: ejecutar eficientemente el gasto público, en tanto la obra pública, la salud, la seguridad, la educación y la asistencia social tienen una incidencia especial porque explican la mayor parte del gasto público total; informar con transparencia sobre números e intenciones y blanquear cuánto de verdad hubo en todos los anuncios preelectorales de asistencia nación-provincia y también qué parte de los actuales desajustes se atribuye a la crisis y qué parte se atribuye a la mala gestión.
La oposición deberá: proponer alternativas y acompañar medidas razonables bajo la premisa de no caer en la demagogia o en la negociación descarnada; ayudar a que este gobierno encuentre una salida y llegue al final de su mandato de la mejor forma posible.
Los factores de la producción y los factores de opinión deberán tener la determinación de asistir a una discusión adulta y en la que nadie debe sacarse ventajas.
Sólo en una discusión amplia y abierta -donde todos seamos invitados- se podrán plantear medidas correctivas apropiadas y dirigidas a hacer eficiente el gasto, determinar las verdaderas prioridades en torno a las políticas públicas, cambiar algunos paradigmas y –finalmente- hacer de la crisis un aprendizaje positivo para bienestar de nuestra comunidad.