El reciente cambio de autoridades en la Dirección General de Escuelas ha vuelto a transparentar una vez más y esta vez con mayor y peor crudeza que en otras ocasiones, la visión imperante en el Gobierno sobre la educación y sus necesidades coyunturales y estratégicas.
Las consideraciones que siguen, no importan en modo alguno un juicio de valor o lo que sería peor, un prejuicio, sobre las calidades personales y profesionales del designado y su futuro desempeño.
Son los fundamentos de la designación, dados por los voceros del gobierno y consignados por la información periodística, los que en verdad preocupan porque revelan una confusión de extrema gravedad sobre el rol que debe desempeñar el Director General de Escuelas, en una provincia como Mendoza en las actuales situaciones sociales y económicas que condicionan, casi hasta la asfixia, el quehacer educativo local.
Los antecedentes contables y administrativos, que pueden ser de gran valor para otros cargos afines no tienen para este caso idoneidad suficiente.
La administración (y en lo posible correcta y eficiente) es sólo una parte muy menor, infraestructural, del quehacer de la Dirección General.
Tan es así que incumbe a una dependencia interna subordinada a ésta.
Si el objetivo central de la próxima Dirección General, según manifestaciones del Gobierno, se concentra en manejar las cuentas y reorganizar recursos humanos para priorizar la descentralización de trámites administrativos, estamos en problemas y graves.
Y si se identifica la problemática educativa principal con la negociación paritaria, entonces estaremos peor.
Sin dudas, el Gobierno tiene conciencia plena del grueso déficit que conlleva esa fundamentación y, para disimularlo, ha acudido a otra afirmación más peregrina aún, asegurando que “en el gobierno sobra política educativa”.
De ser cierta esta afirmación, estaría ampliamente satisfecho el objetivo central de la repartición escolar y solo restaría normalizar cuentas y organizar la planta de personal.
Ojalá fuera así.
En ese hipotético caso, no tendríamos decenas de miles de jóvenes sin estudios ni trabajo, ni miles de desertores del sistema, ni la violencia institucionalizada en las escuelas ante la impotencia creciente de maestros y profesores que pugnan por cumplir con su misión educadora.
Y dejo esta escueta enumeración sólo para no incursionar en un diagnóstico más prospectivo y en un pronóstico mucho más sombrío para nuestra sociedad que inevitablemente sufrirá tales consecuencias.
Nuestro Gobierno Provincial carece de fundamentos serios para afirmar que “sobra política educativa”.
No puede considerarse POLÍTICA EDUCATIVA (en singular y con mayúsculas) a un pobre conjunto de decisiones y directivas (políticas en singular y con minúsculas) con las que malamente se ha pretendido superar los embates cada vez más violentos de una realidad adversa y por momentos invencible.
Cierto es que no se ha llegado a esta situación sólo por la acción u omisión del gobierno actual y que la crisis reconoce un origen más remoto y emparentado con decisiones nacionales que hoy dicen lamentar quienes en los 90´ no dudaban en implementarlas con particular docilidad y prontitud.
Pero cierto es también, que estamos desaprovechando la ocasión para detener la caída libre en que viene la educación y comenzar con pasión, humildad y espíritu de sacrificio, una reconstrucción educativa sin la cual, no habrá futuro favorable para la provincia.
No creo que ªsobre” política educativa. Creo que “no hay “política educativa.
Y creo también que para comenzar a diseñarla - si existe voluntad sincera en el Gobierno - sería necesario descartar la idea de que esto es una cuestión meramente administrativa, para afrontarla como un derecho y un deber humano, cuyas definiciones y alcances corresponde precisar entre todos.
En términos más corrientes, se le dice política de estado.
En nuestro caso específico, el instrumento institucional para iniciar esta tarea, es el Consejo General de Educación, ámbito de representación plural cuya misión, aunque perfectible aún, se está desaprovechando por una inactividad incomprensible que es responsabilidad no solo del gobierno, sino de las propias instituciones y partidos que lo integran, que no designan sus representantes ni instan su funcionamiento.
La nueva gestión que se ha puesto en marcha, merece un crédito inicial que no podrá extenderse por mucho tiempo y si no se reformulan con realismo los objetivos hasta hoy enunciados, las dificultades crecerán preanunciando un fracaso que nos alcanzará a todos.
El autor: Arturo Marcos Garcetti fue secretario general del SUTE y subsecretario de Relaciones Institucionales durante el gobierno de Julio Cobos.