El lunes 15 de junio, en un acto más de campaña electoral, el intendente de San Martín, Jorge Giménez, culpó a la gestión anterior de no haber trabajado para la ejecución de la obra del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), Giménez al igual que Jaque, miente. La intención es clara: busca desmerecer todo lo que se hizo y luchó durante muchos años para la concreción del PASIP, un viejo anhelo de todo Palmira, que trasciende a los gobiernos de turno.
A continuación una de las acciones que la gestión anterior -motorizadas por Juan Carlos Jaliff- llevó adelante para la realización del PASIP.
El 31 de mayo de 2004, durante la gestión Cobos-Jaliff, se firmó el contrato de Fideicomiso PASIP entre la provincia de Mendoza (representada por el Ministerio de Economía), la Sociedad Parque Tecnológico Mendoza S.A. -ambos como fiduciantes-, y el Fondo de Transformación, como Fiduciario.
Seis meses después, el 7 de diciembre de 2004, se sancionó la ley 7.310, que modificaba la 6.658 y actualizaba los montos que debía aportar la provincia para expropiación de terrenos y realización de la parte de obra pública del proyecto. El acta modificatoria del contrato de fideicomiso fue firmada en el 2005.
En noviembre de 2006, la provincia -en su carácter de fiduciante-, transfirió los fondos previstos en el contrato, fundamentales para realizar el llamado a licitación pública a efectos de seleccionar al inversor contratista. Fue el Fondo de Transformación quien se encarga de llevar adelante el diligenciamiento del llamado a licitación pública, encargándose de las publicaciones en medios provinciales y nacionales, entre otros trámites necesarios hasta la apertura, dentro de los plazos previstos legalmente.
El 22 de mayo de 2007, el Fondo de Transformación -fiduciario-, realizó la apertura de sobres de la licitación, para la que se había presentado como único oferente a contratista la inversora PASIP S.A. (sociedad constituida al solo efecto de participar en el proyecto). En ese mismo momento se constituyó la comisión encargada de evaluar la documentación de la inversora y de emitir el informe.
Hasta octubre de 2007, la comisión se encontraba evaluando la propuesta, quedando a cargo de la siguiente gestión la continuación del trámite, que requería la adjudicación posterior y la expropiación de terrenos, entre otras cosas.
Esto significa que el gobierno de Jaque tardo injustificadamente 17 meses para adjudicar la obra que dejó licitada la gestión del ingeniero Cobos. Y, más allá de la desafortunada acusación de que ‘aquellos funcionarios de otras gestiones no tuvieron vergüenza y no se sintieron jarilleros’ y de que lo hecho anteriormente fue ‘puro verso’, a los hechos me remito. No caben dudas de que, como Jaque, Giménez miente.