Si acaso existiera algún manual acerca de cuando legislar en materia penal, mucho más si se trata de menores de edad, seguramente diría en la primera pagina que nada debería hacerse en la materia, ni durante una coyuntura electoral, ni en momentos de grave alteración del orden público por hechos de violencia que tengan a menores de edad como víctimas o como victimarios. Exactamente bajo esas deplorables condiciones es que el Congreso comenzará a tratar la semana que viene la reforma al actual régimen penal de la minoridad.
La pregunta que se cae de maduro, se refiere obviamente al hecho de porqué no lo ha hecho antes. La respuesta es brutalmente simple: desde el 2003 para acá, ninguna ley significativa se ha tratado en el Congreso si no ha tenido el visto bueno y el empujón del Poder Ejecutivo.
Los graves sucesos ocurridos la semana pasada en Lanús, que sin ser los primeros en la materia, si son los primeros en una campaña electoral donde los astros no se muestran tan favorables para el gobierno, han sido suficientes para hacer que ese último cambie de idea después de casi seis años de gobierno.
Sobran en ambas cámaras del Congreso proyectos de ley de prácticamente todas las bancadas, incluida la oficialista, que satisfacen largamente todos los requisitos de una buena ley de responsabilidad penal juvenil. No obstante ello, el gobierno ha decidido presentar un nuevo proyecto esta vez de autoría del juez de la Corte Suprema Raul Zaffaroni.
El hecho me merece en lo personal la peor de las sospechas y la peor de las suspicacias. Hace escasos cuatro meses que el juez Zaffaroni redactaba una sentencia en la materia que no dudé en caracterizar como el mayor retroceso en materia de derechos humanos de la infancia luego del retorno de la democracia. El día 2 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de la mano del juez Zaffaroni rechazaba un habeas corpus (ya concedido por la Cámara Nacional de Casación Penal) a favor de los menores de 16 anos privados de libertad para ser “protegidos” en vulgares cárceles de menores. De este modo Zaffaroni convalidaba la constitucionalidad de un decreto de la dictadura militar (el 22.278 de 1980) que permitía que en la Argentina los únicos seres humanos privados de libertad por una mera imputación policial fueran menores de 16 años. Es este el mismo Zaffaroni que el gobierno ha elegido como autor del proyecto oficial que pretende superar la misma situación que ha contribuido decisivamente a crear?
Una de dos. O Zaffaroni se ha arrepentido de lo firmado el día 2 de diciembre y en ese caso nos debe a todos una sincera explicación o la decisión del 2 de diciembre fue producto de un ramplón cálculo político? Si así fuera, qué confianza nos puede merecer un juez que decide un habeas corpus (el más sagrado de los remedios judiciales ya que involucra el más preciado bien jurídico luego de la vida que es la libertad), en función de una “jugada” futura de la peor politiquería? Así y todo ahí estaremos estos días debatiendo en el Congreso para intentar aprobar la mejor ley posible en el peor de los momentos.
El extraordinario y desconocido en la Argentina periodista y dramaturgo Nelson Rodrigues acostumbraba a afirmar con el sentido del humor más serio del mundo que “hay que gente que en función de sus intereses personales hasta es capaz de una buena acción”.
Las "razones" del populismo jurídico
El experto en temas de Niñez y Adolescencia y legislador Nacional, analiza para MDZ la situación de los menores que delinquen y la diversidad de posturas tras el crimen de Daniel Capristo en Buenos Aires.