Necesidad de discutir bases conceptuales

Se inicia un período electoral que implica una irrenunciable responsabilidad  de participación política para los ciudadanos y de  exposición del pensamiento y las propuestas de los que aspiran a representarlos.

Por eso, la formulación de un proyecto convocante de vida en común, de un modelo político social y económico que  asegure nuestra libertad y promueva nuestra igualdad y nuestro bienestar, es una  obligación ineludible de los que nos sometemos a la decisión de la voluntad popular y constituye la base cierta del recíproco compromiso entre el elector y el elegido.

En este sentido, me permito formular aquí los que pienso deben ser los componentes esenciales y los principios rectores de un modelo político, económico  y social que constituya una alternativa válida para el país a mediano y largo plazo.

Sin lugar a dudas, la vigencia de las instituciones y el estado de derecho, el desarrollo económico sustentable y una justicia social que asegure a todos los argentinos iguales oportunidades de inserción social y realización personal,  constituyen un legado importante de nuestra historia porque son los grandes aportes que en el siglo pasado hicieron al país el radicalismo, el desarrollismo y el justicialismo y que ahora nosotros debemos integrar en  una síntesis superadora que  esté por encima de viejos enfrentamientos, amplíe nuestro horizonte y abra  nuevas oportunidades.

Bases para la formulación del proyecto

En  lo político institucional:

Consolidar la democracia constitucional  para que el Estado pueda asumir la obligación de cumplir y hacer cumplir, sin excusas ni concesiones, la Constitución y las leyes, de modo tal de garantizar el estado de derecho, las instituciones republicanas, el origen democrático del poder, la paz, la justicia y la libertad para todos .

En este sentido debemos comprometernos a respetar estrictamente la división de los  poderes del Estado, su independencia y recíproco control y complementación. Para ello es imprescindible:

Fortalecer el Consejo de la Magistratura para garantizar ecuanimidad en la elección y juzgamiento de los jueces y proveer a la justicia de los recursos y condiciones para su administración de manera independiente y  eficaz.

Revitalizar la labor legislativa reforzando el compromiso de no delegación de sus potestades y recogiendo la expresión de la compleja sociedad política de nuestros días a través de la búsqueda de acuerdos programáticos en contraposición a la imposición de las reglas partidarias de mayorías obsecuentes.

Limitar los avances del Ejecutivo  evitando el ejercicio de superpoderes y los decretos de necesidad y urgencia.

Respetar los principios de ética pública y de periodicidad en el ejercicio de la función promoviendo participación, alternancia y calidad en el ejercicio del poder.

 Respetar la  plena autonomía de los organismos de control y  los entes reguladores.

Dar publicidad a los actos de gobierno, y generar y brindar información pública genuina y veraz como herramienta de democratización y de eficiencia en la toma de decisiones.

Garantizar un auténtico federalismo mediante el respeto estricto de las  autonomías provinciales asegurándoles por  ley  los recursos necesarios para proveer a la cobertura de sus necesidades, de modo que no estén sujetas a presiones y tengan  independencia económica y posibilidad de autodeterminación.

Estimular la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el análisis y atención de los problemas comunitarios como un instrumento valioso de la democracia.

En política  social:

En el orden social, el objetivo central debe ser consolidar un moderno Estado de Bienestar que garantice igualdad de oportunidades en el punto de partida y las mismas posibilidades de inserción social y realización personal.

A ese efecto el Estado debe garantizar, mediante mecanismos solidarios de financiación y recursos presupuestarios, el goce de derechos sociales de cobertura universal –es decir para toda la población cualquiera sea su condición económica o su lugar de residencia- y acceso igualitario a las prestaciones pertinentes.

Salud, educación gratuita y obligatoria, vivienda y habitat, jubilaciones y pensiones, seguro de desempleo y leyes de protección a la infancia, la juventud y otros grupos de riesgo, no deben ser objeto de asistencialísmos circunstanciales o acciones de beneficencia, sino derechos inalienables que hagan posible la real democratización de nuestra sociedad.

En ese orden, es necesario como requisito ineludible, lograr una justa y equitativa distribución del ingreso nacional mediante una adecuada política fiscal que deberá recaudar bajo la premisa de eliminar impuestos distorsivos  que gravan en forma excesiva las transacciones de bienes y servicios y de manera deficitaria los ingresos, y proveer de bienes públicos a toda la comunidad a los efectos de mejorar su calidad de vida.

Finalmente, y como un componente fundamental del Estado de Bienestar, el salario debe asegurar el acceso a los bienes culturales y materiales y los trabajadores tener condiciones  laborales que preserven su salud y respeten su dignidad. Para ello es necesario que  la legislación corrija la asimetría de poder en la relación laboral y las convenciones colectivas sean llevadas a cabo por organizaciones gremiales con real capacidad de negociación y  en las cuales la representación este regida por auténticos procesos democráticos.


En política económica:


El objetivo final es alcanzar una economía competitiva en un mundo cada vez más exigente, dinámico  y globalizado, que optimice la utilización de los recursos productivos de todo el territorio nacional, genere puestos de trabajo de elevada productividad y calidad, y  provea recursos para que el estado pueda aplicar políticas distributivas que provoquen movilidad social, e igualdad de oportunidades.

A ese efecto, debemos superar los enfrentamientos dogmáticos y falsos  entre el Estado y el mercado mediante una estrecha colaboración que sume, a la competencia del Estado para establecer y conducir la política económica, la capacidad, experiencia en terreno y dinámica del sector privado.

Debe superarse también por absurda y dañina la antinomia entre país industrial y país agrícola ganadero. Por el contrario, el objetivo debe ser promover todas las posibilidades productivas en todo el territorio nacional y potenciar el capital humano como factor dinamizador del proceso económico y protagonista de un desarrollo integrado y sustentable.

En el contexto de un mundo que ha realizado cambios estructurales importantes en la demanda y oferta de bienes, es necesario aprovechar en todo su potencial las ventajas comparativas que poseemos promoviendo mediante políticas activas la agricultura, la ganadería, las producciones regionales, las agroindustrias y el complejo de industrias que producen los bienes de capital y la tecnología que necesitan.

Conjuntamente,  y en provechosa complementación, se debe promover y apoyar como  objetivos prioritarios la diversificación económica y la industrialización que hagan posible la producción de bienes más elaborados y complejos, con mayor valor agregado, que incorporen el conocimiento como insumo fundamental y generen más empleos, de mayor calidad y mejor remunerados. Para lograrlo deben asignarse los recursos necesarios para producir un salto cuali-cuantitativo en la investigación científica y el desarrollo tecnológico como base del incremento de productividad y competitividad necesarios para una mejor inserción en los mercados interno e internacionales.

A parte de esta integración vertical de la economía, debe desarrollarse la infraestructura energética, de trasportes, comunicaciones e información que posibiliten la integración territorial y corrijan aislamientos y postergaciones regionales con el fin que el desarrollo a que se aspira sea, también, un proceso horizontal.

En este contexto, el Mercosur debe ser un objetivo permanente por lo que implica estructuralmente como formidable ampliación del mercado interno y la capacidad negociadora en un mundo globalizado. En consecuencia es necesario deponer posiciones que conspiren contra su consolidación y superar mediante la solidaridad y la cooperación, los enfrentamientos  por problemas coyunturales que obstaculizan desarrollar proyectos conjuntos de articulación de  los respectivos tejidos productivos en post de un mayor y más veloz crecimiento. Nuestro país, en particular, debe trasformarse en el corredor bioceánico  que vincule  el eje económico centrado en el Atlántico con  el surgido en el Pacífico en virtud de la aparición de nuevos y muy importantes actores económicos.

Por último, debe existir una clara y permanente estrategia de internacionalización que permita llegar a más y variados mercados con más y variados productos

Estas son algunas ideas con las que pretendo contribuir con humildad, pero también con convicción, al necesario proyecto nacional que sirva de marco referencial para la ulterior formulación de estrategias, políticas, programas que  den direccionalidad y hagan eficiente  nuestra actividad política,  el proceso de participación y búsqueda de consensos que propiciamos.