Ya en las postrimerías del siglo XIX, el Gobierno de Mendoza había advertido la necesidad de compartir la responsabilidad en el diseño e implementación de las políticas educativas, prefigurando lo que dos siglos después sería una necesidad a gritos, aún desatendida: Asumir la educación pública como política de Estado.
El más claro testimonio de aquella voluntad primigenia, fue la inclusión del Consejo General de Educación en la ley Nº 37 de Educación Común, sancionada en enero de 1897, cuyo artículo 17 reza: “La dirección facultativa de la educación común de la provincia y la administración general de escuelas serán desempeñadas por un Consejo General de Educación y un Director General de Escuelas.”
Con posterioridad, la Constitución de Mendoza en 1916, incorpora esta inteligente previsión de la ley.
El Consejo General de Educación tiene pues, legitimidad original y rango constitucional, a pesar de lo cual no se constituyó en nuestra provincia sino hasta tres años después de la puesta en vigencia de la ley de educación Nº 6970, sancionada el 3 de enero de 2002. Y aunque resulte insólito, hasta la fecha no logra su total integración.
En lo esencial, la incorporación de la figura del Consejo General de Educación en la estructura actual del sistema educativo contribuye a ampliar el horizonte de decisión política en materia educativa, reducido hasta ahora al ámbito autocrático del Director General de Escuelas. Y ese es, a nuestro entender, el mérito de su inclusión en la ley provincial de educación.
Sin embargo, el actual gobierno escolar no ha recepcionado la incorporación del Consejo como un desafío para la democratización de la conducción de la educación en Mendoza, sino más bien como un obstáculo para sus propias decisiones.
A la postergación de las reuniones, por parte del gobierno escolar, se le suma la falta de interés por la debida integración de los representantes de los partidos políticos (UCR, CONFE, ARI, PD, etc.), lo que aún no se produce.
Aunque el gobierno escolar considere a estos aspectos como circunstanciales o meramente formales, la habitualidad con que se han producido durante todo este tiempo, refleja la escasa importancia que atribuye al sostenimiento institucional del Consejo.
Por otra parte, de poco sirve la consulta al Consejo cuando el gobierno decide implementar cambios contrariando la opinión de la mayoría de sus miembros y de gran parte de la comunidad educativa. Tal es el caso de la supresión de los globales a mitad del ciclo lectivo 2008 y la pretensión de reemplazarlos por los trimestrales a comienzos del presente ciclo lectivo.
El gobierno escolar parece no haber despegado de la incertidumbre inicial a casi un año y medio de gestión y repite las mismas propuestas y líneas de acción sobre los datos ya proporcionados al Consejo en 2008.
Un capítulo aparte merece la inexistencia de propuestas adecuadas y específicas para resolver la problemática de la educación secundaria en nuestra provincia: elevado número de alumnos sin inscripción en octavo año (a esta altura del año), repitencia, abandono, ausentismo (de profesores y alumnos), conflictividad escolar, etc.
Además, la estrategia de extender la obligatoriedad escolar a toda la enseñanza secundaria (lo que era socialmente reconocido sólo para primaria) exige el diseño e implementación de acciones educativas inéditas y específicas (de orden económico, político y social), sobre las que el gobierno actual no ha efectuado previsión alguna.
La complejidad creciente de nuestra realidad educativa exige generar espacios de participación efectiva en la toma de decisiones, lo que permitirá respuestas más adecuadas y oportunas a las demandas de desarrollo y calidad del sistema educativo. En ello reside el compromiso de participación de los sectores intervinientes en el Consejo.
Pero si el gobierno escolar no revierte su posicionamiento para con el Consejo, la construcción de este espacio institucional será cada vez más dificultosa e inútil.
En pos de esa transformación, el gobierno debería impulsar –junto con todos los partidos políticos- la incorporación del carácter vinculante a los dictámenes producidos por el Consejo, cada vez que es consultado sobre temas trascendentes para la educación de la provincia.
La complejidad y dimensiones de la obra a emprender para lograr los objetivos educativos -reiterada e infructuosamente enarbolados desde los más diversos ámbitos sociales, políticos y económicos- requiere, cada vez con mayor intensidad, la instrumentación práctica y sincera de una política de estado en el área.
El Consejo General de Educación representa el ámbito por excelencia para instrumentar concretamente esta política de Estado.
Democratizar la conducción educativa de Mendoza
