Esta historia comienza hace muchas décadas.
Por entonces, se decide regular la actividad farmacéutica.
Entre otros aspectos -algunos razonables y necesarios-, se analizó la conveniencia de que las farmacias se distribuyeran geográficamente de una manera homogénea.
Se prohibió, entonces, que una nueva farmacia pudiera abrirse a menos de 400 metros de otra preexistente.
Suena lógico, puestos los ojos en que, hacia 1950, pocas eran quienes disponían de teléfono o medios de traslado y que las farmacias no ofrecían servicio domiciliario.
Pasaron los años y, en 1992, con el advenimiento de Don Menem –discípulo esmerado de Milton Friedman y sus Chicago Boys- se decide “desregular” al país.
Dentro del vendaval capitalista, las farmacias no podían quedar afuera.
Así, entonces, resulta tragicómico ver los argumentos -diario de sesiones del 19/08/92- con que todas las bancadas legislativas –todas- defendieron la aprobación de la Ley 5908 que, entre otros aspectos, liberaba la actividad farmacéutica.
Desde entonces se instalaron muchas farmacias, principalmente en los sectores urbanos comercialmente más aptos. Se formaron varias cadenas provinciales y las farmacias individuales fueron relegadas a las zonas comerciales menos atractivas.
Todo iba de maravillas hasta que allá por el 2003 corrió el rumor que cadenas foráneas tenían puesto sus ojos en nuestra plaza.
La reacción fue inmediata: “Volvamos a alambrar el terreno”. Nada de dejar resquicios por donde se filtre una competencia que nos desate “la vaca atada”.
Se presentó un proyecto de Ley de 128 artículos que, gracias a la clarividencia de algunos legisladores, pudo “podarse” hasta dejarlo en sólo 10 y dar lugar a la Ley 7303, razonablemente restrictiva y defensora de los intereses corporativos locales.
Ahora sí, ya los mendocinos podíamos dormir tranquilos. La zona estaba “defendida” de los “otros”… de los que vinieran después… ¡la vaca estaba asegurada y el terreno bien alambrado!
En alguna nota futura analizaremos si la Ley 7303 es o no contradictoria con lo expresado en el art. 1º, Inc. A) y C) de la Ley 5908 o, peor aún, si no es francamente lesiva al art. 33 de la Constitución Provincial.
Pero volvamos al aspecto comercial actual: una filtración apareció. Habíamos impedido que nuevas cadenas foráneas se instalaran, pero no habíamos contemplado la posibilidad de que, sin instalar nuevos locales, esas cadenas compraran locales ya instalados y la competencia ingresara por otro camino.
¡Volvamos a la carga! Logremos rápidamente otra Ley más restrictiva.
Más aún, intertanto logremos el adecuado bloqueo legal, convenzamos a Saraco y hasta el mismo Jaque, que vayan sacando un decretito que nos de el tiempo necesario para instalar un alambre electrificado que asegure la inexpugnabilidad de nuestro terrenito.
El argumento histórico, ya sea para regular o desregular, para liberar o restringir, para permitir o prohibir, fue, es y será que los medicamentos son un bien social y que se defienden los intereses del consumidor.
Los señores de Farmacity debieran empezar a entender donde pretenden meterse. Aquí está la corporación farmacéutica mendocina dispuesta a defender sus intereses y cuenta para ello con la desinteresada mano amiga de los funcionarios de turno, siempre prestos y con el ojo avizor.
Sepan los foráneos que 23 farmacias -sobre 650 que hay en Mendoza- llamadas cadena Mitre o cadena Del Águila no constituyen oligopolio, pero si les cambiamos el nombre… ¡eso ya es otra cosa!
¿Y el interés del Supremo, del Pueblo, del que junta los pesitos para comprar sus medicinas al mejor precio posible?... ¡Bien, gracias!
Para terminar, veamos lo que ocurre en el mercado de los medicamentos en Chile –donde no existen estas restricciones- en una tabla comparativa de 10 de las drogas más vendidas:
Referencias: