El sistema de transporte público de pasajeros de la provincia de Mendoza es materia de constante análisis y polémica, en gran parte debido a los muchos cambios realizados en estos últimos años para tratar de mejorarlo, algunos positivos y otros con resultado bastante inciertos. Pero lo cierto es que poco se puede hacer cuando las autoridades sólo atinan a resolver el problema con aumento de tarifas y críticas a gestiones anteriores.
En el comienzo del año 2009 el gobierno sorprendió a los mendocinos con un aumento en el pasaje de transporte, tanto urbano como de media y larga distancia, y con un rápido proceso para su autorización. La decisión oficial llevó a que el pasaje urbano mínimo pase desde ayer a costar $1,40 sufriendo un aumento de $0,30, equivalente al 27%.
Para tomar una verdadera noción de lo que significa este incremento es útil realizar algunos análisis básicos. El sistema urbano de transporte (Grupos 1 al 12) transporta aproximadamente 15 millones de pasajeros por mes, número que al multiplicarse por los $0,30 de aumento mínimo, produce $4,5 millones más de recaudación mensual, y aproximadamente $50 millones por año. Se debe también recordar que en el presupuesto 2008, la partida de “Fondo Compensador de Contingencias del Transporte” fue de $ 62.631.350 y la correspondiente al ejercicio 2009 asciende a $ 68.400.000, de los cuales el Gobierno a declarado y reconocido públicamente que aproximadamente $36.000.000 se destina como subsidios a transporte urbano, para compensar lo que efectivamente recauda, y con lo que paga a las empresas en concepto de km. recorrido. Con el resto se compensa al transporte de media y larga distancia, como también boletos especiales.
Con este primer dato se cae a pedazos el pretendido argumento que sostiene que el aumento es para compensar la diferencia por los posibles aumentos en el precio del kolómetro recorrido, que el Estado deberá abonar a las empresas en 2009, ya que sólo con el aumento recaudará más de $50.000.000 por año, frente a los $36.000.000 de subsidio del 2008 o los $ 42 / 45.000.000 del 2009 (sin contemplar la pretendida, y afortunadamente fallida, maniobra de redondear el costo del boleto mínimo en $1.50 por falta de monedas).
Si bien el gobierno ha sido poco claro al explicar a los ciudadanos el motivo del aumento del boleto, una rápida mirada permite advertir que esta es una medida netamente recaudatoria, y que se sustenta a costa de los sectores de menos recursos, como son los usuarios del sistema de transporte, muchos de ellos empleados públicos a los cuales el gobierno por un lado le niega aumentos salariales y por el otro los castiga con un aumento de tarifa.
Continuando con el análisis técnico, el trasporte público le cuesta a la provincia unos $3.000.000 por mes ($36.000.000 por año), lo que significa que el Estado subsidia con aproximadamente $0.20 a cada pasajero (léase cada boleto). En los últimos meses mucho habló el gobierno del sistema publico de transporte mendocino y reiteradamente lo comparó con el de la provincia de Salta, el que sin ninguna duda ha mejorado y mucho. Ésta comparación dio como resultado el dictado del decreto 1321/08 con el cual se derogó el decreto 992/05 (cambiándose los parámetros para evaluar el costo del km. recorrido y también variando la periodicidad en la revisión de estos costos) que ya le produjo la primer demanda de inconstitucionalidad al Estado, y pude derivar en reclamos de resarcimientos económicos. En esa comparación, clásica de falta de ideas propias, nunca se dijo que en Salta el Sistema Urbano de Transporte (SAETA) transporta aproximadamente 10.000.000 de pasajeros por año, o sea, 800.000 por mes y destina en concepto de subsidio 1.6 millones por mes, con lo cual da un costo por boleto en subsidio de $ 2 frente a los $ 0.20 del Estado mendocino.
Sin ninguna duda que nuestro transporte tiene mucho para mejorar, pero no todo se logra con un mero aumento del boleto, sino con políticas públicas planificadas y ordenadas, regidas por una filosofía que conduzca a la mejora de la prestación del servicio, con los controles pertinentes, y no con el único objetivo de incrementar una recaudación pasible de volcarse no en beneficio del propio sistema de transporte, sino que puede dirigirse a un uso discrecional pre - electoral.