Cuando nos referimos a las crisis podemos hacerlo desde una arista positiva, haciendo hincapié en las oportunidades que esta genera o, analizarla desde una perspectiva negativa, señalando responsables y desligándonos de su origen y sus consecuencias.
Quienes hemos observado el progreso del actual conflicto que afronta la economía mundial, podemos afirmar con total seguridad que su inicio está alejado de nuestro hemisferio sur. A su vez, conscientes de lo que significa la economía del siglo XXI, estábamos seguros ya a mediados del año pasado, que la globalización y la creciente interdependencia económica mundial harían que la crisis nos afectase más rápido que tarde a todos los países del mundo.
De visita en los Estados Unidos en octubre, la presidenta Cristina Fernández declaraba para las tapas de los diarios que esta crisis debería ser denominada “Efecto Jazz” por su surgimiento en los Estados Unidos, que la Argentina no necesitaba un “Plan B”, puesto que la economía nacional funcionaba bien, y que más bien serían los países centrales quienes deberían impulsar un plan B para sus economías convalecientes. Lo que a algunos les resulto simpático, por tratarse de afirmaciones poco convencionales para una primera mandataria, y a otros les pareció inconveniente en boca de quien debe transmitir tranquilidad y mesura, implicó el inicio de una extendida serie de obscenos errores de política económica y social.
Seis meses después, desde la nueva sala de prensa montada en Olivos anuncia un plan para comprar electrodomésticos, a la vez que llegan a los hogares facturas con aumentos de hasta el 400% en la luz; se informa desde Madrid la voluntad de crear un Consejo Económico y Social con la inclusión del sector agropecuario, cuando en un marco de emergencia para las economías regionales, en Mendoza se pudre la fruta sin ser cosechada y en gran parte del país la sequía arruina cosechas completas, y el gobierno no da el brazo a torcer con la rebaja de las retenciones.
Esta conducta de enfrentar la coyuntura sin la más mínima intención de atacar los problemas estructurales, es una marca registrada de un gobierno que durante cinco años se valió de un contexto económico internacional extraordinario para concentrar poder económico y político sin modificar una estructura social desigual que hoy, tiene más de un tercio de los argentinos por debajo de la línea de pobreza.
En este sentido resulta elocuente consultar los datos plasmados por el economista Ernesto Kritz en su informe de enero de 2009 respecto los ingresos de los menores. La estructura de transferencia de ingreso a los menores en nuestro país consta de tres aristas: a) las asignaciones familiares por hijo que reciben los trabajadores en relación de dependencia, b) las deducciones por hijo del impuesto a las ganancias, c) los planes sociales para personas desempladas. De esta manera, de acuerdo a los datos elaborados por Kritz, actualmente del 30% más pobre de la población, solo el 13% recibe algún tipo de aporte económico, obteniendo en promedio $ 60 mensuales por hijo. Por el contrario, el 20% más rico de la sociedad (en base a los deducciones al impuesto a las ganancias) retiene $ 270 mensuales por hijo.
Esta situación se debe a que a el “Plan Familias” (Programa social con mayor alcance nacional) otorga $ 30 por hijo; la asignación familiar para asalariados registrados concede entre $ 135 y $ 38 de acuerdo al nivel salarial y finalmente por impuesto a las ganancias puede deducirse $ 416 mensuales.
Hace 50 años, cuando nuestro país funcionaba casi con pleno empleo, este esquema resultaba eficiente. Hoy, sostener este diseño acentúa las desigualdades en los ingresos de las familias.
Es necesario, de acuerdo al mercado laboral actual, diseñar políticas de ingreso a la infancia que no estén atadas a la condición laboral de los padres. La creación de un ingreso universal por hijo redundaría en un aumento del 90 % para el sector más pobre de la sociedad. Una modificación en las políticas sociales de este tipo redundaría no solo en el aumento adquisitivo de los sectores más vulnerables sino que generaría inclusión e integración social.
Nuestra propuesta de una ley nacional, presentada en 2007 ya no puede seguir “cajoneada”. Exhortamos al oficialismo su urgente tratamiento.
Si la excusa es el impacto presupuestario, nuestra propuesta no implica un centavo de más. Sólo es un reordenamiento inteligente y equitativo.