El grupo Vila-Manzano ha sido puesto en la picota. El gobierno provincial denuncia una política de extorsión por parte de esta corporación económica.
Aceptar que la denuncia del Gobierno de la Provincia contra el grupo monopólico Vila-Manzano es una guerra de primus inter pares, o una pelea matrimonial, es desconocer la causa principal de la precariedad de nuestras democracias.
Acá no hay dos partes iguales. A una, para bien o para mal, la elige el pueblo cada dos años y es responsable del funcionamiento de las instituciones; la otra es el resultado del crecimiento concentrado de la economía de “libre” mercado en áreas estratégicas y es el poder económico-financiero que opera sobre el poder real y lo ejerce en conjunto o sometiendo al poder político.
Los últimos días hemos asistido a una suerte de sinceramiento que muestra a las claras una de las verdaderas facetas de la mecánica de funcionamiento de los poderes económicos en nuestro país.
Nos atrevemos a afirmar que en la provincia se ha dado un gran paso en la afirmación de las formas democráticas y la necesaria vigencia del Estado como regulador y, de alguna forma, “limitador” de los poderes monopólicos.
Durante los ’90, una de las características más sobresalientes fue la subordinación del conjunto de la sociedad a los intereses de los sectores concentrados de la economía.
Las grandes corporaciones económicas se habían dado una exitosa política de colonización del Estado, que no funcionaba como una estructura pública al servicio de las mayorías, sino como un mero aparato facilitador de los negocios privados. Como consecuencia de ella, estos acuerdos no aparecían tal como son, es decir, la causa por la cual naufragan los esfuerzos por fortalecer la democracia y la participación popular, que termina alejándose de la política dando por entendido que aquel maridaje no tiene remedio.
Los ciudadanos no debemos ver esto como un maridaje natural entre los grandes negocios y la política que un día arreglan y otro se pelean, sino como las prácticas a desterrar del escenario político, para poder construir un país para las grandes mayorías.
Lo dijimos antes -cuando el tratamiento de la Ley de Medios- y lo repetimos ahora: no pueden permitirse los monopolios ni en la comunicación social, ni en ningún área de interés público si queremos un desarrollo equilibrado. Es el Estado el responsable de avanzar en esa dirección en conjunto con las fuerzas sociales.
No estamos diciendo nada nuevo. No podemos ignorar que el crecimiento de los negocios mediáticos, inmobiliarios, en el manejo de los servicios públicos básicos como el agua y la electricidad, o la explotación petrolera, provienen de años de acuerdos oscuros, a los que se pretendió siempre dar visos de legalidad.
Pero si bien no hay en la Provincia dirigencia con representación institucional que pueda tirar la primera piedra, hoy, ocurrió algo nuevo: se acabó al menos este acuerdo con Vila –Manzano.
¿Las razones?
Serán las que se dijeron u otras.
Se rompió el maridaje públicamente. Si es mentira y no se acabó, todas las fuerzas políticas y sociales, debemos exigirlo.
Somos parte de un avance en Latinoamérica del que no podemos desertar, y que supone profundizar la democracia con todos los cambios que hagan falta.
En Mendoza, no más arreglos espurios con los intereses monopólicos, cualesquiera sean los partidos políticos que estén en juego; esto no es sólo una cuestión que se resuelve en la Justicia; se resuelve de cara a la sociedad y apelando a sus fuerzas, con medidas que en forma clara avancen en el desarrollo de nuestro pueblo, único interés legítimo al que nos debemos.