El día 25 de noviembre el Senado de la Nación aprobó por práctica unanimidad (con un único y nostálgico voto en contra impulsado por la crueldad bondadosa de los cultores de las privaciones de libertad “buenas” sin debido proceso y otros trámites engorrosos), un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que, medido en términos comparativos con el resto de los países de la región, constituye un modelo de equilibrio político y rigurosidad jurídica.
Un proyecto que prevé, en serio, la privación de libertad, con absolutamente todas las garantías del debido proceso, como último recurso y por el menor tiempo posible, sólo para delitos graves taxativamente estipulados. Exactamente como manda la Constitución Nacional (art.75. inc 22). Esta conjunción de calidad técnica y unanimidad politica no ha sido frecuente en América Latina, donde al clamor de una alarma social demagógica y descontrolada, alimentada no pocas veces por los medios de comunicación, los consensos se han obtenido en desmedro absoluto de toda racionalidad.
No es poco ni mucho menos “menor” este tipo de acuerdo político, sobre todo si se tiene en cuenta un nivel de confrontación general reinante que obviamente no ha cesado al momento de escribir estas líneas. Fue el trabajo constante y silencioso de senadores de variada proveniencia tales como Gerardo Morales, Marita Perceval, Sonia Escudero, Rubén Marín, Miguel Ángel Pichetto, José Martínez y Rosa María Díaz, entre otros, lo que hizo posible este poco frecuente resultado. En la cámara de diputados, ya se sabe, el debate y eventual aprobación será, si nace, un parto con mil fórceps.
En su edición del domingo 13 de diciembre, Pagina 12 publica una desabrida entrevista que le permite al hallazgo pedagógico de Macri, recorrer como en un museo de cera todos los lugares comunes de las “everyday theories”. No contento con el jugo extraido de tan mediatico limón filosófico (como diría Marechal) , el entrevistador probablemente con el ánimo de confirmar el carácter de oráculo del entrevistado y su equiparación con la Academia de Ciencias de la URSS, que mantenía opiniones sobre temas tan diversos como el parto sin dolor, la matemáticas moderna o la pisada de los camellos en Afganistán, inquiere al “pedagogo” su opinión sobre la respuesta jurídica adecuada frente a las violaciones a la ley penal cometidas por menores de edad. Rápido de reflejos el oráculo , saca de la galera a la revolución rusa para decir que hay que bajar la edad de la imputabilidad.
La ecuación cierra así perfectamente y se cumple el sentido de la entrevista (tal vez el único de tan bizarra tarea). Si el troglodita está a favor de bajar la edad de la imputabilidad y el progresismo perezoso equipara a una ley muy seria de responsabilidad penal juvenil con la baja de edad de la imputabilidad (que no significa otra cosa que tratar a los adolescentes como adultos, exactamente lo contrario a lo que hace el proyecto aprobado por el senado), entonces podemos dormir tranquilos luego de perpetrar la enésima tergiversación sobre un proyecto como el que ya ha obtenido media sanción. Obviamente que la conciencia “progresista”, junto a otros ingredientes que exhalan un fuerte tufillo corporativo, continua callando sobre la vigencia actual de un régimen penal de la minoridad (decreto 22.278 de 1980) herencia maldita de la dictadura militar, que permite la privación de libertad de centenares de adolescentes pobres menores de 16 años, sin debido proceso y muchas veces en condiciones materiales que los cultores de esa práctica para asegurar su “protección” frente a los peligros que los acechan en la calle deberían alguna vez verificar.
Pero así andamos, entregando la seguridad a la derecha (para poder llorar nuestra impotencia) y ocupándonos de temas siempre más cruciales y estratégicos.
Pero no todo huele a podrido en Dinamarca, no somos pocos los que desde posiciones progresistas pensamos en la legitimidad de sensatos reclamos por una mejor seguridad ciudadadana, donde una ley de responsabilidad penal juvenil no tendrá la tarea de resolver el problema de la criminalidad (para eso están las políticas sociales de diverso tipo),pero si la de administrar en forma transparente democrática y racional, una respuesta que erradique no sólo la criminalización de la pobreza, sino además la impunidad de los comportamientos violentos cometidos por adolescentes pertenecientes a los sectores medios y altos.
Ninguna solución mágica hay por fuera de asegurar el delicado equilibrio entre la seguridad colectiva y el respeto riguroso a los derechos individuales. Sin la primera hay anarquía y sin la segunda dictadura. ¿Es alguna de esas opciones lo que nos merecemos?
