Seguridad vial: políticas de prevención

Los accidentes de tránsito, ¿son realmente tales? O por el contrario son problemas de seguridad ciudadana, y debemos estudiar sus causas y efectos y por lo tanto , tratar de prevenirlos , y en su caso sancionarlos adecuadamente como todo otro atentado contra la seguridad pública.

Como sociedad, lamentablemente hemos ido asumiendo paulatinamente estos acontecimientos como algo natural y normal, cuando en realidad no debieran serlo y es necesario que como todos los temas de seguridad figure en la agenda de los mendocinos como política de Estado.

Normalmente se define el accidente de tránsito como un  suceso o acción en el tránsito de vehículos y peatones, en que imprevistamente e involuntariamente, resulta daño para personas o cosas. Lo que le da la propiedad de accidental a un evento con daño, es su carácter de imprevisto e involuntario, es decir, que si por distintas razones no se aplican y agotan los mecanismos de prevención, no estaríamos en presencia de un simple accidente, sino en presencia de un conjunto de acciones negligentes .

Antes que nada, es necesario al solo efecto de tomarlo como referencia hacer una comparación entre nuestra realidad en la materia con la de otros países.

En Alemania, por ejemplo,  se producen  170 muertos en accidentes de tránsito  por año y por cada millón de vehículos. En el caso de España la cifra alcanza a 230 muertos tomando en cuenta los mismos datos.- En la Argentina ese mismo indicador trepa a 1.000, lo que es una quintuplicación de los valores con respecto a países que han definido Políticas de Estado en la materia.

Nuestra Provincia se encuentra segunda en el ranking Nacional ya que contabilizamos como consecuencia de estos accidentes la perdida de una vida por día.

Los datos destacados demuestran claramente la histórica ausencia de una política de estado en materia de seguridad Vial, que tenga por objeto no solo la sanción pecuniaria de las falta administrativas cometidas por los particulares, sino que através de éstas, el Estado asuma una verdadera tarea de prevención fundamentalmente a través de la educación temprana de la sociedad; el desarrollo de campañas publicitarias especialmente dirigidas  a cambios de conductas; una adecuación de calles y rutas dotándola de los nuevos concepto de diseño y  tecnología hoy disponibles; y el control del estado de los vehículos.

Analizaremos a continuación los temas que nos parecen básicos y sin perjuicios de otros que forman parte de esta problemática:

I Quién puede conducir Automotores

 Delegamos en el Estado la potestad de decidir a quien se habilita a conducir y a quien no se le permite. En otros países, por ejemplo en España, las  exigencias que se aplican en los exámenes para la obtención de la licencia de conducir indican que en el primer intento sólo aprueba el 50% de los aspirantes; mientras que en Japón solo lo logran el  10%. Por el contrario,  en Mendoza el 90% por ciento de los aspirantes primarios aprueban los exámenes, que a diferencias con los otros países, no contienen preguntas eliminatorias esenciales, ni exámenes psicofisicos. Peor aun no  se ha instrumentado  la utilización de la licencia de aprendizaje en el período de enseñanza y práctica, aspectos incorporados en la ley Provincial 7680 y que el propio Estado no implementa.

Ocasionalmente,  la sociedad reclama mayor eficiencia estatal en esta tarea, pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué clase eficiencia se reclama?. Generalmente no se trata de mayores exigencias en los exámenes de habilitación, sino por el contrario, se exige rapidez en el trámite. Así, el servicio es “considerado como bueno” si el ciudadano obtiene su licencia en un breve trámite, y de aprobación segura.

Por supuesto que esto no debería ser así. La licencia de conducir no es un derecho ciudadano, sino que por el contrario, es una autorización revocable que entrega la autoridad de aplicación a quienes cumplen con los requisitos exigidos por la ley, debidamente comprobados por personal idóneo y especializado que disponga de  equipamiento e infraestructura para realizarlo, y esto no es así, siendo uno de los temas de mas urgente solución.

II Qué vehículos pueden circular por la vía pública

Un gran número de “accidentes” son la consecuencia directa  del  mas que deplorable estado de conservación de los vehículos que transitan a diario por nuestras calles y que pese a esta circunstancia circulan bajo la mirado cómplice, o en el mejor de los casos tolerante de las autoridades encargadas del control. El mantenimiento, la conservación y el estado en que se encuentran los vehículos debe verificarse constantemente no solo en rutas y calles sino a través de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y su incumplimiento debería traer aparejada la responsabilidad del Estado, mas allá de que en la actualidad esta responsabilidad no es reclamada por la victima ni por lo tanto sancionadas por los Jueces. No se trata, como a veces se lo intenta presentar, de una forma de discriminación económica, o de la necesidad de adaptarse a situaciones de pobreza. Se trata, en definitiva, de vidas humanas que se pierden inexplicablemente debido a que por nuestras rutas y calles circulan vehículos sin luces, sin frenos, sin identificación, sin seguro, y absolutamente contaminantes para el medio ambiente.
Lamentablemente, en este sentido tampoco se aplica la ley.

III Estado en que se encuentran las rutas

A efecto de nuestra seguridad, hemos delegado también en el Estado las operaciones de conservación y mantenimiento de rutas y  calles; como así también  las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referidas a señalización, la  ordenación de accesos y uso de las zonas del dominio público (explotación vial en las rutas), inclusive la exigibilidad del cumplimiento de contratos de inversión en las rutas concesionadas; y  la forma de proyectar las obras viales.

Es moneda corriente ver rutas y calles intransitables no señalizadas y plagadas de publicidad.

Aquí, la sociedad también tiene cuota parte de responsabilidad en el cuidado y conservación de estas obras. Cartelera destruida, asfalto quemado por piquetes; atajos indebidos; roturas productos de obras privadas o del vandalismo, son solo algunas de los daños que intervienen en estos “accidentes”, que son a su vez aspectos vistos con total pasividad  y en algunos casos son justificados por el resto de la sociedad.

IV Responsabilidad del Estado

A los efectos de que el Estado pueda cumplir con sus funciones, también le hemos otorgado la posibilidad de la sanción (el uso legítimo de la fuerza). Quizás todos somos responsables, (aunque en diferentes grados) de la actual problemática de la inseguridad víal Pero al igual que con el resto de los problemas de inseguridad, es el Estado quien tiene la mayor carga de responsabilidad.

Agentes públicos ( provinciales o municipales) sin la debida especialización ni formación adecuadas  para detectar las infracciones de riesgo; la falta de mecanismo de control adecuados del accionar de estos agentes , que con demasiada frecuencia son denunciados por actos de corrupción ; la falta de equipamiento y de estrategias para detectar las infracciones ; la falta de señalización vertical y horizontal; la falta de basculas adecuadas para controlar el peso máximo de los vehículos; rutas de diseño incorrecto o las que les falta elementos de seguridad imprescindibles como las banquinas, son solo algunos de los ejemplos de los deberes que el Estado tiene a su cargo y no cumple o cumple deficientemente .

V Educación y campañas Seguridad Vial

En materia de Seguridad Vial, como en muchas otras áreas de políticas publicas el Estado ha abandonado la educación como el mas importante instrumento de modificación de conductas que atentan contra la vida y bienes de la sociedad. Nuevamente, en este aspecto la ley de transito, obliga al Gobierno a incorporar los contenidos de seguridad Vial en las currícula educativas desde el nivel inicial, medida  preventiva que, como las anteriores tampoco se cumple.

En lo relativo a las campañas publicitarias, instrumento de gran eficacia para la corrección de valores culturales que garantizarían una importante disminución en los niveles de siniestralidad, esto no se utiliza y cuando se hace, es solo en forma espasmódica.

La situación descripta se agrava aún más cuando se piensa la problemática en términos de una Mendoza de hace 30 años. Pocos habitantes, pocos autos, y muy limitada tecnología.   Es necesario que el conocimiento de la ciencia y la técnica desplacen las improvisaciones que se aplican actualmente.

Aun consientes de la gravedad de la situación económica que nos aqueja, pero pensando con optimismo, que paulatinamente vamos a superar la misma, hacemos esta reflexiones con la certeza de que la mayor parte de los llamados” accidentes de transito “ son previsibles y por lo tanto evitables.

Para trasformar esta realidad se requiere no solo medios económicos sino voluntad política para lograrlo, los  conocimientos e idoneidad  en la materia; la capacitación y entrenamiento en las áreas de incumbencia; las políticas culturales y educativas adecuadas; y las campañas publicitarias sostenidas en el tiempo  y la inversión sostenida en la construcción de carreteras  adecuadas a los tiempo que corren permitirán en forma paulatina solucionar  esta grave problemática.-