Al cabo de casi 5 años de soportar acusaciones infudadas, descrédito entre mis pares y una incomprensible campaña de cuasi persecución, llega el momento de compartir algunas reflexiones con mis pares, los docentes de Mendoza.
Soy miembro titular de la Junta Calificadora de Enseñanza Inicial designada en el año 2000 por un plenario de Sute para representar a los maestros.
A finales de 2004 algunos miembros de esta Junta también del sector sindical y gremial, por razones que nunca podré entender, me acusaron de haber adulterado el puntaje de una carpeta para concursar a cargos directivos, con esto se intentó poner en duda una trayectoria en la actividad educativa de más de 30 años.
El resultado final fue el sobreseimiento de todos los cargos por parte de la Junta de Disciplina notificado por la Dirección General de Escuelas y la desestimación de los cargos por la Junta de Disciplina de propio Sute y de la Fiscalía de Estado.
Como integrante responsable de este cuerpo colegiado, mi actitud fue priorizar el servicio que cumplimos y evitar todo tipo de conflictos que afectaran nuestra objetividad en la función, lo que de ninguna manera significó condescendencia con los autores de la maniobra ni aceptación de los cargos.
Fue muy difícil para mí seguir trabajando durante todos estos años con esas personas que no vacilaron en desprestigiarme en todos los ámbitos, presionarme e incluso quisieron iniciar una causa penal, la cual fue archivada por falta de méritos. El despropósito llegó al punto que hicieron participar de la acusación a un miembro, en ese momento nuevo en esta Junta, que no me conocía ni estaba al tanto del caso.
No todo terminó allí, también se insinuó que podría estar vinculada a supuestas amenazas telefónicas contra la familia de una de las personas denunciantes, induciendo a la sospecha. Tan burdas y obtusas maniobras no pudieron ser probadas porque el teléfono celular se perdió misteriosamente. Todo eso fue asentado en las actas de sesión de la Junta lo cual me expuso injustamente a situaciones muy dolorosas.
Las personas a las que me refiero tienen nombre y apellido, ahora desempeñan otros cargos o permanecen en los mismos, sé que son concientes del daño moral que me provocaron y de los perjuicios causados en mi salud física, por lo que debí realizar gastos en médicos y abogados.
Al cabo de una verdadera odisea y tras la culminación de esta etapa, siento paz y tranquilidad porque mi nombre sigue estando limpio como siempre pero me reservo el derecho de acudir a los estamentos correspondientes para rebatir cualquier intento de volver a perjudicarme.