Lo primero que tendría que estar haciendo el Gobierno de Mendoza, es implementar la Ley de educación Sexual en las escuelas para prevenir los abusos; fortaleciendo a niños, niñas y adolescentes en sus derechos, ya que la mayoría de estos hechos aberrantes suceden en el ámbito de la familia, y se naturaliza.
En segundo lugar debería tomar posturas claras y repudiables hacia aquellos funcionarios públicos, como es el caso del diputado Gil, que se sostienen en este paradigma de naturalizar los abusos responsabilizando a las niñas –“que insinúan”- de semejante flagelo social.
Tercero y fundamental: adherir a la Ley Nacional 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sancionada en abril de este año para que se reglamente en el ámbito provincial. (Que desde el colectivo de mujeres Juana Azurduy presentamos una propuesta a principio de año).
Y por último, retractarse respecto a considerar a la castración como solución para evitar delitos sexuales, ya que es un anuncio retrogrado, demagógico y que corre el eje del problema, ya que no es químico o biológico, sino politico social.