Tres hechos vinculados con la inseguridad han golpeado fuertemente la atención de los mendocinos durante los últimos días. El primero, relacionado con una joven violada y asesinada en Guaymallén, en donde el presunto autor material fue desvinculado momentáneamente de la causa por fallas en el proceso, aún cuando se tendrían amplias certezas sobre su culpabilidad. A continuación, la violenta agresión hacia un conocido periodista local y su familia con la finalidad de obtener las llaves de su casa y poder perpetrar un asalto con lesiones. Finalmente, el hecho mas canalla; el asesinato de un conocido comerciante de Junín, muerto a golpes sin siquiera la posibilidad de la menor defensa.
De los datos que van surgiendo de la investigación sobre este último episodio, sobresale que al menos tres de los cuatro delincuentes que habrían actuado, tienen antecedentes graves como lo son el robo agravado y la violación reiterada agravada, delitos por los cuales ya habrían purgado parcial o totalmente condenas en la penitenciaría, que cumplidas, permitieron el regreso de estos sujetos a la vida civil.
Ante esta inaudita realidad, los ciudadanos se harán varias preguntas, apuntando la mayoría a la que resume toda su impotencia. ¿ que hacían individuos con frondosos prontuarios en libertad?. Para responderla habría que remitirse a estudios que dan cuenta de los niveles de reincidencia delictiva. Según fuentes especializadas este parámetro sigue siendo muy alto. Así, por ejemplo, un relevamiento realizado por la Asociación Civil Unidos por la Justicia, muestra que para el año 2007 la tasa de reincidencia según datos del Servicio Penitenciario Federal fue del 29,34% en los condenados y que en la Provincia de Buenos Aires ese índice se acercaba al 30%. De Mendoza no tenemos datos concretos, pero no cuesta nada apostar a que sea similar.
Analicemos ahora cuales son el gastos presupuestarios que destinan los estados Nacionales y Provinciales para sostener el sistema penitenciario, pues de ello surgirá una cifra que puede mostrarnos el grado de eficiencia en el tratamiento y recuperación de los detenidos. Del análisis comparativo entre los sistemas penitenciarios federal y de la Provincia de Buenos Aires surge que el costo por detenido para el año 2009 será de alrededor de 6.329 y de 3.400 pesos mensuales respectivamente, lo que hace una cifra global de 75.948 y 40.800 pesos anuales para ambos casos. En el mismo sentido, las cárceles Tucumanas tendrán para igual periodo un gasto de mantenimiento por recluso de aproximadamente de 1.700 pesos al mes (20.400 pesos de costo anual).
La Provincia de Mendoza ha presupuestado para su sistema penitenciario la suma de 114,56 millones de pesos para el presente ejercicio, para ser distribuidos entre las penitenciarías de Gran Mendoza, San Rafael, San Felipe, y Almafuerte. Pensando que la población carcelaria asciende a 2680 internos,
B. Sur Mer 948
San Felipe 632
Almafuerte 649
San Rafael 350
Bobollón 76
Dinaadyf 23
2.680
Implica que el costo anual por cada uno de ellos da una cifra cercana a una 43.000 pesos anuales o 3.580 mensuales, lo que nos ubica en la media entre el sistema Federal y el Tucumano y cerca del Bonaerense. Dicho en otras palabras el costo penitenciario mendocino es de casi 60 pesos por habitante.
Comparar costos internacionales también es válido pues nos permite contar con la perspectiva, experiencia e índices de eficiencia de otros sistemas penitenciarios. Así pues, utilizando la misma metodología se ha establecido en 8.201 y 1.926 pesos argentinos para los sistemas carcelarios de Estados Unidos y Chile respectivamente.
No es intención del autor de esta nota polemizar acerca de la calidad de los sistemas carcelarios aquí señalados, pues se es conciente de las asimetrías y de las realidades socio económico de las jurisdicciones descriptas. Sin embargo se puede señalar o concluir que a pesar del mejoramiento del servicio penitenciario local (por ejemplo la construcción de la cárcel de Almafuerte que permitió descomprimir parcialmente la sobre población de la cárcel del Boulogne Sur Mer) no se ha logrado aun disminuir la ineficiencia en el tratamiento y la recuperación de los detenidos, pues como hemos afirmado los niveles de reincidencia sigue siendo altos y las quejas por la violaciones a los derechos humanos persisten.
Según han expresado especialistas en la materia la solución a esta problemática debería provenir de la lógica de generar un sistema que, respetando los estándares de protección de los derechas humanos pueda contribuir en forma eficaz a mejorar el tratamiento y la reinserción exitosa de los detenidos. Este es el único camino por el que se puede contribuir a una sociedad más segura y más justa. Esto viene a corroborar aquello de que es momento de repensar dentro de un esquema integral, una reforma de la Justicia y de la Seguridad.
En esta hipótesis de trabajo hay que postergar toda ambición política o corporativa que permita proyectar a la Provincia de Mendoza como un ejemplo demostrable de voluntad para la resolución de los problemas. En este caso particular el de la seguridad pública.