El caso de los CIC: ¿La culpa es de los pobres?

La "pérdida" de 800 mil pesos que la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner, había previsto para la construcción de dos Centros Integradores Comunitarios (CIC) en el ámbito de la Capital mendocina, pone en discusión los alcances de un modelo cargado de buenas intenciones pero que en realidad parece estar destinado a reproducir lo peor de las clásicas metodologías de la política nacional.

En realidad, el discurso kirchnerista, apoyado en la idea de la autogestión y la superación de las condiciones de pobreza por vía de la propia determinación de la gente, parece haber recibido con este caso una lección capaz de cuestionar su concepción. Especialmente cuando la tarea del Estado, en sus diferentes niveles,  se circunscribe –meramente- a ser un financista, un promotor y un impulsor de políticas sociales, sin las necesarias instancias de control.

Asimismo, es importante también decir que esto se produce sin una debida preparación y capacitación de la gente, quien casi por una razón mágica o una intervención divina del Estado debía pasar de la exclusión a la inclusión, cuando se sabe que estos procesos (por demás traumáticos) merecen la suficiente contención y acompañamiento, a fin de generar cambios de conductas y modificación de hábitos que permitan superar la marginación desde la dignidad.

Tras esta experiencia se advierte también ahora una especie de mirada ingenua de la pobreza, sus condicionantes y las estrategias de supervivencia que no siempre son las más adecuadas, ni las más pertinentes. Si bien es correcto no criminalizar la pobreza, tampoco puede asegurarse ligeramente como parecería, que todo pobre por el hecho de serlo, es bueno. La conducta humana, en lo que se refiere a bondad o maldad, parece no esconder motivaciones de clase, por más que ellas puedan determinar mejores o peores ambientes más o menos proclives para el engaño, en este caso, al Estado. 

Así, desde la Nación se pretende dotar de infraestructura para el desarrollo de proyectos sociales pero no se les asigna a las distintas etapas de la ejecución del proyecto un sentido productivo, realista y por ende eficiente; especialmente si se considera que el financiamiento proviene de fondos públicos. Un detalle que merece también extremar siempre los recaudos y las precauciones.

Algunos municipios, por su parte, actúan como agentes directos que conocen la realidad local, pero terminan siendo enclaves de dudosos manejos y reproductores de prácticas clientelares que se dan de patadas con los objetivos fundantes de un proyecto de estas características.

Paradoja mediante, una iniciativa destinada a promover el desarrollo local termina siendo un nicho más de corrupción y enquistamiento de prácticas y metodologías que apuntan a sostener un sistema de punteros y dirigentes que trabajan más en beneficio propio y de su estructura política, que de la gente más necesitada. Esto, siempre y cuando, el proyecto no se transforme en sí mismo, en una tentadora y atractiva caja negra, desviando la intención original a una más que repudiable forma de financiamiento de la actividad política.

Sin embargo, lo que también asombra sobremanera es la falta de intervención de los organismos de control, quienes no advirtieron nunca que este dinero estaba “perdido”, y en la misma línea, se hace llamativo el silencio de los funcionarios encargados de advertir estas irregularidades. En síntesis, nadie advirtió que algo estaba fallando, y eso es muy grave.

Ante este panorama, llama profundamente la atención las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante de Capital, un responsable directo de este proyecto hasta hace poco tiempo, quien parece cargar la responsabilidad de la desaparición de los fondos, de los tropezones de los funcionarios del momento y de la caída del programa, en los propios destinatarios, quienes ya sea por vagos o por ladrones, no entendieron o no facilitaron la necesaria contraprestación que el proyecto pide a fin de promover mejores condiciones de vida para la población en riesgo social.

Es más que llamativo este tipo de razonamiento, pues se supone que un presidente del Concejo Deliberante debería no sólo garantizar que las cosas se hicieran bien y de manera transparente, sino que en su vocación pública debería estar implícita su responsabilidad indelegable hacia aquellos a quienes dice representar y defender.

Deslindar así su responsabilidad, y con ello, la de la clase política en general parece una actitud por lo menos cómoda y facilista, absolutamente alejada de lo que se entiende como el deber ser de un funcionario público con esta clase de responsabilidades.

Por ello creemos que de ninguna manera aquellos que son víctimas pueden transformarse en victimarios. Porque de esa manera, la función pública sería un mero pasatiempo o un deporte social del cual se gozan únicamente los privilegios y jamás sus tremendas obligaciones.