Nuestro país a través de la Ley 24.901 ha establecido un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
A su vez la adhesión a La Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo aquello que promueva su desarrollo pleno y su inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo.
Lamentablemente no se ha logrado que las prestaciones reconocidas en dicha Ley lleguen a todas las personas con discapacidad que las requieran. Sin duda que a través de las Obras Sociales Nacionales, el Pami y el Profe son muchos los beneficiados, aunque aun hay bastante que mejorar en este ámbito. Pero es realmente preocupante la situación de aquellos que no cuentan con una cobertura especial y dependen exclusivamente de los organismos del Estado. La falta de servicios, de personal y de recursos es una gran deuda para con este sector de la población.
Las instituciones que han cumplido con una serie de exigencias establecidas por el estado para brindar servicios, a causa del desfinanciamiento progresivo que se aplica desde el Ministerio de Salud están enfrentando una situación de riesgo. Los incrementos de aranceles que se han estipulado no respetan los costos que dichas exigencias implican y no tienen en cuenta el real aumento de la vida.
La condescendencia con una seudo política de distribución que propone equiparar para abajo, está desfinanciando un sistema que funciona dando respuesta a sus beneficiarios y que para cierto tipo de atención es la única respuesta existente.
Por lo expuesto solicitamos a la Sra. ministra de Salud:
1) Comunique cuál es su política para que la rehabilitación y habilitación llegue a todos las personas con discapacidad según lo establecido por la Ley 24.901.
2) Revea su política de arancelamiento respecto a las instituciones que brindan las prestaciones según normativas establecidas por el Sistema Único de Prestaciones de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad.
3) Cuente con las organizaciones de y para personas con discapacidad, que hace años vienen luchando para que se den las oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos, para que todos los habitantes con discapacidad de nuestro país reciban la atención que se merecen por derecho propio.