Lula, el equilibrio justo

Bolivia puede convertirse en un agujero negro que trague a toda la región. Ideólogos de uno y otro extremo apuestan a que la agudización de contradicciones llegue hasta tal punto, que el país se hunda en una confrontación total que obligue al resto de los gobiernos y sociedades del área a tomar partido. Así como la guerra civil española obligó al resto de Europa (y de buena parte del mundo) a alinearse con los republicanos o con la reacción nacionalista.

En torno a la fase actual de la eterna crisis boliviana, las dos posiciones maximalistas, obviamente situadas en vértices opuestos, son las de los presidentes de Venezuela y Perú. Si Alán García no concurrió a la cumbre de Unasur en Chile, fue porque considera a la Organización de Estados Americanos (OEA) como el espacio adecuado para debatir la situación y acordar políticas regionales al respecto.

Por lo tanto, para el presidente peruano Estados Unidos debe participar en la búsqueda de una salida a la crisis boliviana, ya que la potencia del norte es parte de la OEA pero no de Unasur. Y Alán García se mantuvo en esta posición, al punto de no viajar a Chile, a pesar de que la OEA hace tiempo que exhibe su ineficacia para resolver problemas regionales, en gran medida por la manipulación que Washington practica con ella.

En la vereda exactamente opuesta, Hugo Chávez considera que toda la región debe cerrar filas en torno a la posición de Evo Morales, instrumentando incluso una intervención militar en Bolivia, de ser necesario para aplastar a los líderes y gobiernos de los departamentos autonomistas.

En la antesala de la cumbre, el exuberante líder caribeño habló varias veces de la posibilidad de una intervención militar venezolana, acusando al ejército boliviano de “quedarse con los brazos cruzados” ante la ofensiva “golpista” apañada por “el imperialismo”. Tales pronunciamientos generaron la dura réplica de parte del alto mando militar boliviano, exigiendo al gobierno de Evo Morales impedir injerencias externas en los asuntos internos del país.

Asomarse a lo ocurrido en la reunión de presidentes y al documento final que suscribieron, muestra que las dos posiciones de máxima fueron relegadas por otra posición, la de Brasil, que logró del pronunciamiento final un equilibrio justo.

El presidente Lula da Silva, con el apoyo total de la chilena Michelle Bachelet y del colombiano Alvaro Uribe, comenzó a instrumentar su posición desde antes de la cumbre, negándose a participar personalmente del encuentro si antes no había un compromiso boliviano de avalar su iniciativa.

A tal punto hubo una presión previa, que en la antesala de la cumbre ya habían comenzado a negociar las dos partes enfrentadas, con el vicepresidente García Linera por el gobierno y el prefecto de Tarija, Mario Cossio, representando a la oposición autonomista. Y cuando Lula aterrizó en Chile, ya se había acordado el marco del diálogo y la agenda de negociación.

En la reunión presidencial de Unasur prácticamente no hubo debate. Según observadores europeos, el presidente de Brasil había también condicionado su presencia a que la cumbre no se transforme en una catarsis anti-norteamericana, y que no haya un pronunciamiento contra el gobierno de los Estados Unidos.

Implícitamente el gobierno brasileño dejó entrever que considera, igual que sus pares de Chile, Uruguay y Colombia, que tales catarsis y pronunciamientos, en este caso, sólo servirían como cortina de humo  a los gobiernos comprometidos en el caso de tráfico de dinero que tiene por protagonista a Guido Alejandro Antonini Wilson, y que por estos días ventila revelaciones sísmicas.

Respecto a la cuestión boliviana, la mirada de Brasil parece percibir con claridad realidades evidentes:

1) A diferencia de Chávez y el matrimonio Kirchner, Evo Morales no coloca la causa al servicio de su liderazgo, ni la  utiliza para construir poder personal, sino que actúa genuinamente convencido de que esa es su obligación ética y política, así como el mejor camino para su pueblo.

2) En el liderazgo opositor predomina un espíritu reaccionario y violento, con fuertes contenidos racistas y desprecio por la institucionalidad democrática.

Hay otros elementos que parecen calibrar la mirada brasileña: la  buena intención social del gobierno boliviano no justifica considerar que la mayoría tiene el derecho absoluto a imponerse totalmente sobre las minorías. Y en este punto, la convicción oficialista es que, a diferencia de los regímenes revolucionarios de antaño, las minorías tienen derecho a disentir y a expresar ese disenso, pero no deben tener influencia alguna sobre el curso de los acontecimientos.

Con esa convicción mayoritarista actuó Evo Morales al intentar la aprobación del nuevo texto constitucional por mayoría simple, para que no haya ni una coma puesta por los opositores.

El liderazgo autonomista de Santa Cruz de la Sierra, igual que los ultraconservadores que gobiernan Pando, Beni y Tarija, actúan con la misma vocación mayoritarista. Por eso sienten que el altísimo consenso del que gozan en sus respectivos departamentos, les da el derecho a adoptar posiciones violentas, golpistas y secesionistas.

La diferencia entre mayoritarismo y democracia, cuestión infravalorada por las culturas autoritarias de derecha e izquierda, es un tema central en este caso. Y precisamente por tenerla en cuenta es que la posición del presidente brasileño y el documento que produjo contienen un equilibrio justo.

El documento de la cumbre de Chile es totalmente acertado al proclamar un respaldo total al presidente Morales. También es acertado al pronunciarse sin fisuras contra cualquier actitud golpista y secesionista, dejando en claro que la región no aceptará ningún gobierno de facto y tampoco Estados independientes nuevos (no habrá  reconocimiento como el que obtuvieron Kosovo y Timor Oriental).

Hasta aquí, el pronunciamiento de Unasur puede ser presentado (y de hecho lo hicieron las usinas chavistas) como un triunfo total del  gobierno central sobre las provincias rebeldes. Corresponde que así sea, en la medida en que el gobierno central representa la institucionalidad vigente, mientras que los opositores transgredieron violentamente los límites institucionales.

Sin embargo, el razonable y justo respaldo a Evo Morales no incluyó la aceptación total de su planteo. Con el apoyo, y también la inspiración, de Hugo Chávez y Rafael Correa, el presidente boliviano aspira a derrotar totalmente a los gobiernos regionales, y no a negociar con ellos una solución consensuada de la crisis.

En otras palabras, La Paz, Caracas y Quito no quereían que el pronunciamiento de Unasur imponga diálogo y mediación en ese proceso de negociación.

Pues bien, la posición que se impuso en Unasur establece una salida consensuada entre las partes enfrentadas, estableciendo una mediación regional en el proceso de diálogo al que se obliga a las partes.

Es la segunda vez que Brasil impone su posición en una crisis severa. La primera fue en la cumbre del Grupo Río en República Dominicana, donde obligó a Colombia a comprometerse a no realizar futuros ataques contra las FARC fuera de su territorio, al tiempo que puso fin al proceso de aislamiento regional que Chávez impulsaba contra el gobierno colombiano, y comprometió a todos los países a no colaborar con las FARC brindándole santuarios.

En esta ocasión Lula logró, con el apoyo de Bachelet, Tabaré Vázquez y Uribe principalmente, dejar fuera de los asuntos regionales a los Estados Unidos, al mismo tiempo que conjuró la iniciativa intervencionista alentada desde Venezuela con el respaldo ecuatoriano.

Por cierto, la cuestión gasífera es clave para explicar el empeño brasileño en solucionar la crisis Boliviana, evitando la guerra civil que propugnan las dos posiciones maximalistas. Pero amén de eso, Lula ha vuelto a mostrar su estatura a nivel regional.

Las mejores intenciones e iniciativas siempre pueden hacerse trizas en Bolivia, por el nivel de enfrentamiento entre las partes. Incluso en ese caso, de la visión que se impuso en Chile queda como elemento enriquecedor y equilibrante la distinción entre mayoritarismo y democracia.