Manuel Mariano Melgarejo Valencia es el nombre completo de muchos de los males que aún aquejan a Bolivia. Aquel déspota decimonónico que llegó al poder asesinando al presidente Belzú (un dictador con fuerte apoyo popular), fue un tirano grotesco que llevó la arbitrariedad hasta la dimensión del absurdo.
Nombró asesor presidencial a su caballo blanco llamado Holofernes y convirtió en ministro de Finanzas a Vargas Albano, el embajador chileno que le regaló el bello animal. Otra versión de la historia dice que al regalo se lo hizo un funcionario brasileño y que devolvió el gesto entregando territorios al gigantesco vecino.
Como fuere, lo que está claro es que aquel dictador fue quien entregó a Chile las áreas salitreras y guaneras de Mejillones, iniciando la pérdida del litoral marítimo boliviano, y firmó el Tratado de 1867, por el que Bolivia regaló al Brasil cien mil kilómetros cuadrados de los riquísimos territorios de la cuenca del río Madeira.
De ese modo, la estrafalaria dictadura de Mariano Melgarejo entre 1864 y 1871 provocó dos tragedias territoriales destinadas a marcar la historia. Pero hubo otra acción trágica de aquel personaje ridículo, que le declaró la guerra a la Inglaterra victoriana por admiración a Prusia, sin tener la menor idea de donde quedaba Berlín.
Esa otra acción arbitraria de trágica proyección futura, fue la abolición de la propiedad comunitaria de las tierras indígenas.
Por cierto, le reportó el apoyo de la aristocracia criolla y la elite minera, porque a esas tierras se las quedó un puñado de familias con prosapia. Y también le agradecieron al lunático dictador cuando diezmó a los indígenas que se sublevaron para recuperar la propiedad comunitaria de sus tierras. Aunque no movieron un dedo cuando, en 1871, Melgarejo fue derrocado y desterrado en Lima, donde su cuñado y a la vez yerno le voló la tapa de los sesos con dos certeros disparos.
La prolongación en el tiempo de aquella injusticia fundacional en la relación entre criollos y comunidades indígenas, está presente en la madeja de odios viscerales que hoy mantienen a Bolivia sobre la cornisa de la guerra civil.
En todo caso, la cuadratura del círculo está en la necesidad de resolver injusticias ancestrales sin instrumentaciones que, en la actualidad, resultan anacrónicas y contraproducentes.
No está claro que revertir la histórica segregación sufrida por los pueblos originarios, implique necesariamente recrear instituciones ancestrales de duda utilidad en estos tiempos. El gobierno de la mayoría negra que puso fin al apartheid en Sudáfrica, no recreó las leyes y las instituciones de las tribus bantúes (xhoxas y zulúes).
He aquí un claro ejemplo de la complejidad del caso boliviano. La necesidad de resolver la redistribución de las tierras sin desbaratar la eficiencia productiva y la dinámica empresarial alcanzada en Santa Cruz de la Sierra.
La demonización del otro que siempre imponen las visiones binarias y las confrontaciones híper-polarizadas, obstruyen una salvación pacífica de la unidad territorial boliviana.
La clase dirigente de origen europeo y con apoyo de las comunidades amazónicas, que motoriza la economía en los ricos departamentos del llano, debe superar los prejuicios étnicos y el extremismo ideológico que reduce su mirada sobre Evo Morales a la consideración de que se trata de un líder entre retardatario y marxista, que de poder avanzar terminará desterrando a la propiedad privada y a la comunidad blanca.
A su vez, el gobierno de Evo Morales deberá ampliar su mirada, hoy restringida a la consideración de que en la Bolivia de los llanos predomina una oligarquía racista y genéticamente explotadora, heredera ideológica del fascismo de los ustachas croatas de Ante Pavelic.
El gobierno central está inflamado de ideologismo clasista y vocación de choque e imposición, pero es la consecuencia de una historia de desaciertos y segregación, originada en el apoyo de la aristocracia criolla a la desopilante tiranía decimonónica de Melgarejo. Y la minoría blanca de la medialuna se inspira en convicciones recalcitrantes que defiende con violencia, pero también ha creado una dinámica económica de prosperidad (inexistente en el Altiplano), y no sólo basada en los yacimientos gasíferos, sino también en una forma eficaz de organización empresarial.
A esta altura del conflicto que resquebraja el mapa boliviano, está claro que ni la dirigencia de las regiones ricas puede imponer su modelo sobre el Altiplano (como lo hizo durante gran parte del siglo 20, sin éxito en materia de desarrollo), ni el gobierno central está en condiciones de imponer el suyo sobre las provincias autonomistas.
No obstante, hasta aquí las dos partes enfrentadas han apostado a un triunfo total, por lo cual los gestos negociadores no han sido más que pantomimas engañosas. Cuando lo que se busca es la imposición total de la visión propia, no se negocia, se hacen treguas para recomponer fuerzas y reformular estrategias.
Otra particularidad del conflicto boliviano es una contradicción geográfica: las regiones autonomistas, o sea la medialuna y Chuquisaca (donde la dirigente indígena Savina Cuellar arrasó en las elecciones con una plataforma anti-Evo), es más del cincuenta por ciento del territorio y de la economía nacional, pero bastante menos de la mitad en materia de población.
En semejante escenario, si los países de la región de verdad quieren rescatar a Bolivia, y no sólo hacer esas habituales catarsis anti-imperialistas de utilidad política más interna que regional, debieran tener en cuenta algunas realidades incontrastables.
Por caso que, en una confrontación donde todos se sienten fuertes, la realidad es que todos son débiles.
De este modo, la oposición regional debe entender que en la región no hay espacio para la aventura secesionista (nadie los reconocerá como fue reconocida Timor Oriental y Kosovo, por ejemplo); mientras que el gobierno central deberá asumir que el sistema unitario, tal como ha regido en Bolivia, ya no existe. No hay retorno al unitarismo, sino la necesidad de negociar un sistema de unidad que contenga laxamente a la diversidad cultural, económica y política que no desaparecerá salvo con una guerra civil en la que una de las partes logre imponer a sangre y fuego su hegemonía sobre las demás.