Desde mi puesto como docente en el IUSP (Instituto Universitario de Seguridad Pública de Mendoza en la materia Inteligencia Criminal), hace algunos años que vengo bregando infructuosamente por una concientización social y política de los errores de la Reforma Policial de 1998. Pero antes que nada es necesario aclarar que tratar de volver al pasado sería renunciar a los aspectos positivos de la Reforma y que nada se haya aprendido y aprehendido sobre los errores cometidos.
En primer lugar, cuando se encaró la Reforma mediante las leyes 6721-6722, no se tuvo en cuenta la "idiosincrasia" social, cultural y política de la República Argentina, que dicho de otro modo se resume en el hecho de haber querido implantar un sistema de tipo "anglosajón" en una población que no está preparada para seguir lineamientos de ese tipo.
¿Qué quiero significar con esto? Cualquier país del mundo que se precie como tal, no puede copiar alegremente fórmulas extranjerizantes porque en otros lugares dan resultado. Se tiene que tener en cuenta el modelo de país, la sociedad, el sistema político y por encima de todo ello, la forma en que esa sociedad encara el respeto de la Ley.
Existen en el mundo dos modelos policiales, conocidos como el anglosajón y el francés.
La República Argentina, históricamente se adaptó al sistema francés, es decir al denominado modelo "Gendarme" de mando unificado y centralizado, dependiente del poder político, pero con la responsabilidad plena en la dirección centralizada. Esto es debido al sistema de colonización de la Argentina gestado desde el Estado en el avance sobre el indio mediante la articulación Ejército-colonización-sociedad.
Esto se aprecia en todas las policías del país, excepto en las que encararon reformas profundas como las de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Mendoza, ambas con fracasos evidentes que con idas y venidas, terminan desgastando y desestabilizando cualquier gobierno o dirigente que intente algo, sea por el bien social o por su propia imagen política, muchas veces alejada de ese bien social esperado.
De haberse querido algo diferente a nivel nacional, también se hubieran modificado la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina, pero éstas siguen funcionado tan bien como siempre lo han hecho, con sus estructuras intactas y su sistema regulatorio dirigido como siempre lo ha sido, por el poder político.
La presión social, los organismos de DD.HH. (que conocen bastante poco de Leyes internacionales y presionan políticamente de acuerdo hacia donde sopla el viento) y una historia de golpes institucionales con violencia institucional direccionada desde ideologías foráneas que han impedido una continuidad democrática plena, con el agravante de una dirigencia política pletórica de "punteros políticos" con pan y circo, más espejitos de colores, y menos de Constitución Nacional, Código de Procedimientos, Código Penal, y una división judicial que no se termina de definir entre el “positivismo” y el “ius-naturalismo”, nos llevan a que los presos del sistema sean los ciudadanos, viviendo detrás de rejas para evitar los asaltos a sus propiedades, un aumento indiscriminado en la violencia sin sentido y que las cárceles estén llenas de lo que conocemos como “ladrones de gallinas” y de vez en cuando, “algún que otro delincuente especializado”.
Ni que hablar de aquellos a los que se denominan los ladrones “de guante blanco”. Estos últimos, idealizados en el imaginario popular como héroes de las cintas hollywoodenses como sucedió en cierta oportunidad con un personaje real del Banco Nación que por llevarse varios millones de dólares, ocupó las tapas de los medios de comunicación durante meses, fue preso durante unos años, pero de la plata, ni rastros, y al salir en libertad, siguió siendo un “héroe popular”. Personalmente, creo que eso nos marca muy mal como sociedad.
Pero volviendo específicamente al problema policial en la Provincia de Mendoza, se trató mediante la denominada “Reforma”, crear por “decreto” un sistema similar al norteamericano (anglosajón) en una sociedad de origen latino y que ni por aproximación, podría responder al sistema sajón.
El sistema norteamericano responde a un sistema político federal, donde “cada Estado” tiene leyes de forma y leyes de fondo diferentes, y una marcada “independencia” de cada Estado (por eso en unos Estados rige la Pena de Muerte y en otros no). En nuestro país, mal llamado “federal”, dividido en “Provincias” con leyes de fondo unificadas (Código Penal, Código Civil, etc.) y leyes de forma diferentes (Código Procesal Penal), la independencia y autonomía provincial es totalmente relativa.
Esto llevó a que existan en las Leyes 6721-6722 seis (6) policías diferentes, cada una con un Jefe específico y con funciones diferenciadas, desperdiciando recursos valiosos ya que si existiera un solo jefe y 6 superintendencias o direcciones, en la práctica ninguna de las policías tendría excusas para colaborar con la otra como sucede en este momento, por el simple hecho de esas funciones diferenciadas. Para entenderlo mejor y en buen romance, ante un hecho delictivo específico, debería y tendría la obligación de intervenir “cualquier policía” y no usar la excusa de que porque no es su jurisdicción, no le corresponde intervenir.
Otros de los graves problemas que presenta la 6722 es una cláusula transitoria que vencía en el año 2005, donde los antiguos suboficiales debían pasar del cuadro de suboficiales al nuevo cuadro de Auxiliares (supuestamente oficiales), ya que desaparecería la “sub-oficialidad”, como remanente de una estructura “militarizada” (en realidad semi-militarizada ya que las policías son cuerpos civiles) de la policía, según los ideólogos de dicha Reforma.
Este cambio obligaba a los suboficiales que no tuvieran terminado el secundario, retomar sus estudios para convertirse en “oficiales” y crear un cuadro único de oficiales. Pero esto no pasó, ya que muchos, quizás una gran mayoría no estaban en condiciones de retomar los estudios, y desde el Estado nada se hizo y no se los pasó a ese nuevo cuadro. Conclusión: existen en la actualidad gran cantidad de suboficiales que estando uniformados y portando un arma, “no tienen estatus jurídico” ya que no están contemplados en la Ley 6722 como policías, pero “sí” siguen siendo policías, lo cual los lleva a encarar juicios contra el Estado provincial que pagamos todos los ciudadanos. Un hecho gravísimo desde el punto de vista jurídico, que los abogados me van a saber entender si lo analizan desde el accionar policial y el respaldo institucional.
También dentro de la Ley 6722 se creo esta suerte de “oficialidad” que surge de la capacitación de un Instituto mediante un curso de 8 meses (antes eran 6 meses). Para poder acceder a la primera jerarquía, el Auxiliar, debe estudiar 2 años y recibirse de Técnico en Seguridad, título con respaldo de la Universidad Nacional de Cuyo y que lo habilita a ser Oficial Ayudante. De hecho, la Universidad no reconoce ni respalda el curso de Auxiliares, limitándose solamente a respaldar académicamente la Tecnicatura y la Licenciatura en Seguridad. Esto significa que la institución que prepara a los policías, una Fundación híbrida (respaldo académico universitario y fondos del Ministerio de Seguridad pero de carácter privado) sea considerada una de las mejores del país, por el nivel hacia los universitarios, pero sin respaldo en los Auxiliares.
Pero está claro que muchos de aquellos Auxiliares “no quieren seguir capacitándose” porque prefieren y optan por plasmar servicios extraordinarios que son mucho más redituables económicamente, con lo cual su futuro está signado a que se retiren o se jubilen como Auxiliares, sin recapacitación durante su carrera, quedando la incentivación policial solamente en lo económico. Además, cuanto menos jerarquía, menos responsabilidad.
Esto conlleva a que desde la desconfianza uno se pregunte: ¿si la incentivación es solamente económica y no pasa por la archiconocida y siempre mal entendida “vocación de servicio”, no son proclives a ser corrompidos, en especial por los delincuentes?
La pregunta es entonces, ¿por qué no crear un escalafón de Auxiliares, donde cada cierta cantidad de años, quienes no quieran tener la jerarquía de Oficial Ayudante, mediante un curso de “capacitación” puedan acceder a una jerarquía intermedia de Auxiliares, incrementando las capacidades y la responsabilidad, pudiendo retirarse al fin de su carrera con un sueldo similar por ejemplo al del Oficial Principal?
Otros de los graves problemas que ha acarreado la Ley 6722 es la creación de un órgano de control interno que se limita a revisar sanciones y formular sumarios como es la Inspección General de Seguridad. Esto ha traído más inconvenientes que soluciones, ya que hasta ha obligado a reflotar una oficina de Asuntos Internos.
Ninguna Policía del país que se precie de seria, carece de una División de Asuntos Internos que dependa directamente del ministro de Seguridad y que se encargue de investigar a quienes puedan estar sospechados de cometer delitos. El tema es ¿Asuntos Internos realmente está cumpliendo con su función esencial o como es común escuchar quejas del personal sólo se limitan a investigar si cubren los servicios extraordinarios o no?
Otros de los problemas que hacen al acontecer policial está dado en el hecho de que muchos delitos se cometen por delincuentes disfrazados con uniforme policial. La pregunta es ¿cómo acceden a estos uniformes? Podría decirse que una de las mayores deficiencias en la identificación policial está dada en que muchos, pero muchos policías no poseen una identificación que los acredite como tales, y los que la poseen, se acreditan mediante una especie de carnet color marrón similar a lo que podría ser un carnet de club de barrio.
Ningún policía de la Provincia está provisto de la chapa identificatoria de pecho que usan todos los policías del país. Y sinceramente, en la era de la tecnología, con los adelantos de que posee la Provincia para extender un registro de conducir en forma digitalizada, ¿cómo es posible que los policías mendocinos no posean una identificación digitalizada, teniendo todos los medios a su alcance? ¿No es grave esto por todo lo que arrastra detrás? ¿Cómo se identifican los policías de investigaciones cuando deben realizar procedimientos?
Como se puede apreciar son muchas las deficiencias que hacen al acontecer policial y los arrastres de las famosas Leyes 6721 - 6722.
Quizás, la voluntad política de algunos de nuestros funcionarios de turno, sean del Ejecutivo o del Legislativo que se interesen en serio por la seguridad de todos los mendocinos, presten un poco de atención a estos elementos de diagnóstico y sus soluciones para que la Institución policial comience a retomar los visos de seriedad necesaria que podamos volver a tener una “seguridad para todos” y no solamente para quienes puedan pagarla, ya que las rejas no garantizan ni la vida ni los bienes. Por el contrario, las rejas solamente cambian la ecuación y los presos son los honestos ciudadanos que deberían ser defendidos por el Estado de Derecho para no retornar progresivamente como lo estamos haciendo hacia el Estado de Naturaleza.
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