Seguridad y taxis: no equivocar el diagnóstico

La crisis de la seguridad que desde hace tiempo arrastra Mendoza ha encontrado un nuevo actor para canalizar su descontento: los taxistas. Si bien sus demandas no son nuevas, y hasta podría decirse que son cíclicas, esta vez sus protestas han alcanzado una planificada acción que hace sentir, verdaderamente, el rigor de su pedido.

Días atrás, se ubicaron en puntos urbanos estratégicos que hicieron que por un puñado de horas la ciudad estuviera literalmente sitiada. El martes, volvió a suceder algo similar cuando otra vez, la falta del servicio se hizo notar y los piquetes de autos negros y amarillos causaron caos y malhumor en la ciudad.

Nadie duda del reclamo legítimo de los taxistas, una demanda que la inmensa mayoría de los mendocinos comparten, y que hasta incluso ha encontrado eco popular, pues el de la seguridad es un problema general, no sólo de los trabajadores del volante.

Tener que convivir con los asaltos, con los golpes y las amenazas no es para nada una situación agradable, y torna este trabajo en algo más que una tarea insalubre. Sin dudas, el de taxista es un oficio de altísimo riesgo en nuestro país, y en particular en Mendoza.

Y también aquí está claro que no se puede subir un policía a cada taxi, o que impulsar como grandes ideas pequeñas buenas intenciones (como la de pedir el documento nacional de identidad a cada pasajero) puede transformar que una demanda legítima, por un problema real, obtenga como respuesta pública mero voluntarismo.

Sin embargo, lo que en cambio aquí parecería estar en discusión es cuál es el lugar que el Estado debe ocupar ante el problema. Desde esta misma columna hemos insistido que el del Estado es un rol central en lo que a seguridad se refiere. Pero de ninguna manera, pues es materialmente imposible, debemos caer en la tentación de proponer un Estado-policía que vigile (o al menos intente vigilar) todas y cada una de las acciones de sus ciudadanos.

La idea oficial de pedir el DNI a los pasajeros, más allá de que no podrá prevenir ningún delito, hasta roza lo constitucional, cuando habla de la libertad de transitar y trasladarse por el territorio nacional. Tal vez por eso, fue rápidamente desechada. Sin embargo, llegó a proponerse. Y eso, en sí mismo, llama la atención.

Tal vez la clave para entender el conflicto y sus posibles salidas, sea que en esta oportunidad el Estado no puede ofrecer respuestas tan puntuales como las que hoy está reclamando el sector. Ningún ministro, ni ningún gobernador (por eficiente que sea), tiene forma de garantizar, incluso incorporando blíndex, sistemas satelitales, o mejores comunicaciones, que no se van a producir más robos u ataques a taxistas.

En ese sentido, y casi como un caso testigo del nivel de degradación al que como sociedad hemos llegado, sea importante saber que las soluciones podrán venir de la necesaria construcción de una sociedad que tienda a erradicar las conductas delictivas, o las condiciones que llevan a que estas se desarrollen, más que a la implementación de más y mejores sistemas represivos y coercitivos que pueden ser paliativos momentáneos, pero nunca respuestas integrales a un problema tan grave, profundo y serio.

Si se pretende encapsular el problema de los taxistas como si se tratara de una mera demanda sectorial, se estaría cometiendo un grave error de apreciación. Lo que los taxistas hoy padecen son síntomas de un mal mayor que debe ser entendido y atendido en el contexto de una problemática social.

No acertar el diagnóstico, y por ende, las formas de remediarlo, puede llevar a cometer más equivocaciones. Algo que nadie quiere, pues y como el sentido común indica, en lo que a la seguridad respecta, parece no haber más tiempo para errores.