La actitud del Gobierno provincial de recurrir a la Justicia para utilizarla como un arma para frenar el interminable paro de la Salud, puede terminar con un tiro saliendo por la culata.
Con un recurso viejo y fracasado, que ya utilizó la gestión de Julio Cobos hace dos años y que no satisfizo su intención de ponerle un dique a la forma de reclamar encarnada por la no prestación de un servicio tan importante, se pretende ahora un cosechar un espaldarazo judicial.
En ese convencimiento, una serie de funcionarios que van desde el Fiscal de Estado al director de la Dinaadyf, pasando el Asesor de Gobierno, firmaron sendos planteos dirigidos a la Justicia Civil y a la de Familia.
Un día después de la presentación realizada por mesa de entradas, al filo de la hora de recepción de novedades, el fuero Civil se declaró incompetente y derivó la causa planteada por el Poder Ejecutivo a la Justicia Laboral.
La atención se centra entonces en lo que disponga la jueza de Familia que está de turno y que debe tomarse el tiempo que crea conveniente para resolver el asunto.
De allí provendría la novedad. Es el fuero de Familia el encargado de velar por el cumplimiento de la ley 26.061 “de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Pero allí mismo, en la circunstancia anterior, se reconoció que está en plena vigencia el derecho de huelga y evitaron entrar en conflicto con ello, dándole la espalda al pedido de los hombres de Cobos (que en los casos de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, eran los mismos que ahora).
Hoy, a diferencia de lo sucedido hace un par de años, está en vigencia la mencionada ley de Niñez y eso podría marcar la diferencia.
Pero la discusión es ahora: ¿quién debe garantizar el derecho de niños y adolescentes a recibir prestaciones de salud, el Gobierno o los trabajadores? O por la negativa: ¿quién tiene la culpa de que la huelga se extienda, los huelguistas o el gobierno que no atiende sus reclamos?
Si se resuelve que el Ejecutivo es quien debe sostener la atención sanitaria, la Justicia de Familia emplazará al Gobierno -vale decir, al denunciante- para que atienda el reclamo salarial de los trabajadores y, de esa manera, impida la continuidad del paro.
Si ocurre de la otra manera, la Justicia volvería a chocar con el constitucionalmente consagrado derecho de huelga y, de esta forma, también frustrará las intenciones del Gobierno de utilizar a la Justicia como un arma en contra de la insistencia gremial que tiene a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como mascarón de proa.
El arma adecuada para combatir este tipo de situaciones es la gestión y eso es un resorte del Poder Ejecutivo.
Por lo analizado, no solamente falta dinero para cubrir los reclamos y pagar la cuota de paz social que se necesita para que el estado funcione. Lo que falta es puntería para manejar los conflictos.
Falta de puntería en el conflicto de Salud
Con un recurso viejo y fracasado, que ya utilizó la gestión de Julio Cobos hace dos años y que no satisfizo su intención de ponerle un dique a la forma de reclamar encarnada por la no prestación de un servicio tan importante, se pretende ahora cosechar un espaldarazo judicial.