En estos días, tanto el gobernador de la provincia como los legisladores nacionales kirchneristas han repetido un argumento que preocupa, ya sea porque responde a desconocimiento o a la necesidad de mostrar una obsecuencia extrema con el gobierno nacional.
Dicho argumento consiste en que “Mendoza no produce soja y por lo tanto el tema de las retenciones no nos afecta”. A esto, el ministro de la Producción, Guillermo Migliozzi, le agregó otro que es “hay un grupo de productores que quieren cambiarnos la dieta”. En realidad demasiadas frases vacías en un solo día y con el solo objeto de quedar bien con el gobierno nacional.
En realidad las retenciones nos afectan y lo hacen de manera muy severa y esta afectación está directamente vinculada a la redistribución del ingreso, argumento de la Presidenta que todos compraron (o al menos aceptaron mansamente) sin analizar la profundidad del tema.
Las retenciones son, en realidad, un recurso exclusivo de la Nación. La Constitución establece que son la fuente genuina de recursos del Estado nacional, pero en el mismo sentido, el IVA sería una contribución estrictamente provincial. Sin embargo, se argumenta con la Carta Magna para lo que les conviene solamente, ante la pasividad de los funcionarios provinciales.
Estas retenciones son un impuesto, pero con la característica de que no son coparticipables y, por lo tanto, su cuantía disminuye las ganancias computables en los balances de las empresas, que luego son gravadas con el impuesto respectivo, que se coparticipa con las provincias.
La cuantía de las retenciones que hoy se aplican está afectando gravemente los recursos de las provincias porque hay un espectro muy importante de productores que pierden toda la rentabilidad, mientras que los más grandes, por tener escala, son los únicos que las pueden aguantar.
Para los más grandes, estas retenciones terminan siendo, en definitiva, una inversión a futuro. Saben que, de mantenerse, podrán seguir absorbiendo propiedades en el futuro, acelerado el proceso de concentración de la tierra que se ha generado durante la gestión de Néstor Kirchner y que ahora se profundiza porque los chicos deberán abandonar.
La retención no grava renta extraordinaria, sino que grava el precio de venta. Es como un gran impuesto a los ingresos brutos que no tiene en cuenta la rentabilidad y es totalmente distorsivo e injusto. Porque los exportadores les descuenta a los productores el monto de la retención manteniendo sus márgenes. Es decir, no pagan los grandes sino los productores primarios, cuyas rentabilidades dependen de la escala, de la zona y de las particularidades de cada empresa.
Una aplicación más justa sería bajar al mínimo posible la retención y permitir la expresión de las ganancias de cada empresa, para que cada uno pague el impuesto respectivo según sus balances. De esta manera, si bien el gobierno nacional cobraría menos por retenciones, cobraría mucho más por impuesto a las Ganancias.
Pero si se paga impuesto a las ganancias, sería coparticipable y las provincias recibirían más recursos y aquí entra en juego el destino de las retenciones: la redistribución de la riqueza.
Mal que les pese, la acción de redistribución la hacen las provincias y los municipios, que son los que menos recursos reciben y, además, administran con bastante deficiencia. La nación, por razones operativas no puede hacer ninguna redistribución.
Son las provincias y los municipios los encargados de brindar los servicios básicos que la componen, como educación, salud, seguridad y justicia, además de servicios básicos como redes de agua potable, cloacas y otras que hace a la calidad de vida de la población.
Por esa razón extraña que el gobernador diga que las retenciones no nos afectan. O desconoce estos argumentos o están tan empecinados por agradar al gobierno nacional que cree que pasar la gorra pordiosera solucionará los conflictos que tiene en la provincia.
Tampoco es sensato el argumento de Migliozzi. El no puede desconocer que los agentes económicos funcionan en base a incentivos. Si la mayoría de los productores se volcó a la soja fue porque los incentivos del gobierno nacional fueron dirigidos en esa dirección.
El ministro también sabe que las leyes económicas marcan que cuanto más alto es el precio de un producto mayor es el incentivo a producir, pero si se ponen precios máximos esos estímulos desaparecen, la producción cae y los precios terminan aumentando, vulnerando cualquier control de precios.
La alternativa del impuesto a las ganancias es válida para satisfacer varias necesidades. Con el impuesto, el gravamen lo pagarán directamente los grandes grupos y no lo podrán trasladar a los más chicos. Además, sería bueno –y extensible a la provincia- que se desgraven el 100% de ganancias las inversiones productivas de empresas pequeñas y medianas todo el país y no solo del sector agrícola. Esto sí lo pueden peticionar los legisladores y las autoridades. Es mucho mejor que pedir subsidios.
Realmente la actitud de Jaque produce desesperanza. Porque tampoco hará nada por las retenciones al petróleo, que le costarán a Mendoza 800 millones de pesos este año. Si no ha sido capaz de revertir la decisión arbitraria de Respsol que fija el precio de combustible más caro del país para Mendoza, teniendo una refinería a 14 kilómetros del centro de la ciudad, poco se puede esperar.
Lamentablemente, el gobernador y los funcionarios oficiales están más dedicados a agradar al gobierno nacional que a defender los intereses de la provincia, que no son de ellos sino de todos los mendocinos.